febrero 25, 2018

Defensa califica de “vaguedad” acusación contra dirigentes Felabel

Defensa califica de “vaguedad” acusación contra dirigentes Felabel

Los dirigentes del Felabel en el tribunal.

SANTO DOMINGO.- El juicio de fondo que se le sigue a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y dirigentes del grupo estudiantil FELABEL, avanzó este jueves en la etapa de cierre en que se encuentra, con la exposición concluyente de un abogado de la parte querellante y de los defensores técnicos de tres de los cinco enjuiciados por la muerte del coronel Julián Suárez Cordero, ocurrida en abril de 2013.

En la audiencia de este martes, la número 19 del juicio que se aproxima a los cuatro meses de haber iniciado, le correspondió concluir el abogado del coronel Justino Rodríguez,  víctima y querellante en el presente proceso, luego lo hicieron los abogados José Germán, José Pérez Vólquez y Francisco Domínguez.

Alexander Pieter, abogado del coronel Justino Rodríguez, quien alegadamente resultó herido por desconocidos, catalogó a los dirigentes estudiantiles de “asociación de malhechores” y se adhirió a la pena 30, 20, 10 y 8 años que pidió el Ministerio Público al tribunal.

En lo civil, Pieter concluyó pidiendo al Tercer Tribunal Colegiado que preside la Magistrada Natividad De los Santos, que condene a los imputados al pago de $7 millones de pesos, $3 millones  a ser pagados por Eddy Bonilla y un millón a cada uno de los cuatro estudiantes de la UASD que están siendo procesados.

De su parte, José Germán, abogado del imputado Eddy Bonilla, comerciante de la zona universitaria, insistió en su tesis de que se vulneró el procedimiento de obtención de las pruebas, al actuar personas ajenas a la establecidas por la normativa procesal, tas señalar que la coronela Teresa Martínez, sin ser oficial acreditada para los fines, entregó municiones y otras pruebas, obtenidas días después y fuera de la escena del crimen.

“Hubo personas extrañas en la recolección de evidencias que ellos dicen haber obtenido; con la intervención de la coronela Teresa Martínez en la obtención de las pruebas; esas ‘evidencias’ son frutos del árbol envenenado”; se violó el debido proceso; se vulneró la cadena de custodia; no se sabe de dónde fueron obtenidas. La consecuencia de eso es la exclusión de las pruebas”, sostuvo el Dr. Germán.

José Germán precisó, que en base al nuevo Código Procesal Penal, a diferencia de antes en que primaba la íntima convicción del juez, hoy para condenar se hace necesario pruebas.

“No se trata de condenar porque hay un muerto y ahí están los dolientes: ¡no!, es necesario presentar pruebas lícitas y hay un procedimiento para obtener esas pruebas”, sostuvo Germán.

El jurista consideró que la Fiscalía y la Policía Nacional deben pedirle disculpa a la familia del coronel Suárez Cordero por haber presentado un expediente débil y falto de pruebas, por haber hecho creer que presentaba a los culpables de la muerte del coronel Suárez Cordero, sin haber realizado las investigaciones necesarias.

José Pérez Vólquez, defensor técnico de Wilson Dalcier Javier, califico la acusación de asociación de malhechores de vaga y mal fundada, y pidió al tribunal que rechace la misma.

“Se trata de un crimen horrible, que toda la sociedad repudió, pero la acusación contra estos jóvenes es una vaguedad.  Videos bajados de youtube, donde aparecen personas con pelucas, las cuales no se ven disparando y que nadie puede identificarlas. Las pruebas no ponen a estos jóvenes en la escena del crimen”, precisó Vólquez.

Cuestionó la acusación, la que calificó de “inverosímil”, a presentar a cinco personas culpables de asesinato, con una sola arma, un solo disparo, un solo muerto, cinco escenas del crimen, sin pruebas suficientes.

Llamó a la atención de los jueces, que en el expediente aparece el coronel Justino Rodríguez como muerto, sin embargo, es testigo y querellante en el presente proceso.

La audiencia concluyó con la intervención de Francisco Domínguez, quien asiste en sus medios de defensa al imputado Víctor Alfonso González, dijo que aún espera una prueba que pueda justificar la condena de 8 años que pidió el Ministerio Público para su defendido.

“Esperamos una prueba o media prueba que pruebe la acusación y que Víctor González deba pasar no 8 años, sino 8 segundos más de su vida en prisión”, expresó enfáticamente Domínguez.

Resaltó que el Acta de levantamiento de la escena del crimen está fechada el mismo día 23 de abril de 2013, a las 10:30 de la mañana, sin que los incidentes en que ocurrieron los hechos hubiesen terminado; que en dice que en esa fecha penetraron al campus de la UASD, sin embargo, el levantamiento del fuero universitario ocurre el 25 de abril, dos días después; mientras que el Certificado Médico Legal del coronel Justino Rodríguez, víctima en el actual proceso, es de fecha 27 de abril, estableciendo que esas y otras violaciones, invalidan las supuestas pruebas y  la acusación presentada contra los imputados.

El jurista descalificó también el video presentado, tras indicar que el testigo declaró que eran tres videos bajados de youtube, que fueron editados y convertido en un solo, cuando debió traerlos completos.

“Además de que el video está descalificado como prueba, por haber sido editado, en el mismo se ven estudiantes corriendo despavoridos; no en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional”, señaló Domínguez.

El togado, en su exposición concluyente, resaltó que el coronel Justino Rodríguez declaró que vio personas disparando con armas cortas y con un fusil y que todo indica que al coronel Suárez Cordero lo mataron con un fusil, cuestionando ante el tribunal, que ningún miembro de la Policía que estuvo en la escena del crimen fue investigado ni arma alguna de las utilizadas por los agentes actuantes fue examinada.

“Todos los oficiales traídos como testigos tenían la etiqueta de mentiroso, a excepción del el coronel Rafael Pineda Núñez, el número 12 de la Lista de Testigos del Auto de Apertura del Juicio, quien se limitó a decir su nombre, pero no le hicieron más preguntas, él se negó al juego de mentir que pretendía el Ministerio Público”, indicó Domínguez.

Aunque en su intervención Domínguez apuntó a poner en evidencia la carencia de pruebas y que los testigos no aportaron nada para probar la acusación contra los dirigentes estudiantiles presos, resaltó que el Consejo de la UASD decidió revocar la resolución que los expulsó de la universidad del Estado y proscribió al FELABEL.

“El Consejo Universitario aprobó revocar la resolución del pasado rector Mateo Aquino Febrillet, y a unanimidad reintegró a la UASD a los imputados y la legalización del grupo estudiantil; algo similar deberá decidir este tribunal”, sostuvo.

El tribunal recesó el juicio hasta las 9:00 de la mañana del martes 1 de julio, cuando se espera que concluya el proceso judicial con las intervenciones finales de Tomás Castro y Adonay Encarnación, ambos abogados de Héctor Eduardo Pichardo y Diógenes Gutiérrez, audiencia en por los jueces darán la oportunidad de hablar a los dirigentes estudiantiles presos, quienes se reservaron el derecho de hacerlo al final.

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