Sábado, 19 Agosto 2017

fracisco ortega polanco sentencia odebrecht
SANTO DOMINGO.- Por considerarlo de interés nacional, reproducimos de forma íntegra el fallo del juez Francisco Ortega Polanco que contiene detalladamente las ponderaciones y justificaciones de las medidas de coerción impuestas a los imputados los alegados sobornos pagados por la empresa Odebrecht en la República Dominicana.

La resolución No. 0047/2017 del juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia fue divulgada este viernes en el portal del Poder Judicial, de donde fue extraída por vigilanteinformativo.com para conocimientos de nuestros lectores.

A continuación el contenido in extenso:

RESOLUCIÓN No. 0047/2017.

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una Resolución de fecha 7 de junio de 2017, que dice:

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

El Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, constituido en la Suprema Corte de Justicia ubicada en la avenida Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, República Dominicana, Sexto piso, presidido por el Magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco; designado mediante Auto No. 31-2017 de fecha 26 de mayo de 2017, por el Dr. Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; asistido de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, como secretaria ad hoc, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 7 de junio de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración; Con motivo de la solicitud de imposición de Medida de Coerción hecha por el Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez, en contra de los ciudadanos Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía y Planificación; Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia San  Cristóbal; Julio César  Valentín  Jiminián, Senador  de  la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros; Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor José Díaz Rúa; César Domingo Sánchez Torres; Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García; Ruddy González; Bernardo Antonio Castellanos de Moya; Máximo Leónidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; a quienes la Procuraduría General de la República investiga con relación a un proceso por presunta violación a las disposiciones legales contenidas en los artículos 146 de la Constitución de la República; 123, 124, 125, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 2 y 3 de la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y, 2 y 7 de la Ley No. 82- 79, sobre Declaración Jurada de Patrimonio;

Visto: el Auto No. 31-2017 de fecha 26 de mayo de 2017, del Dr. Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia;

Vista: la instancia de solicitud formulada en fecha 30 de mayo de 2017 por el Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez de solicitud de fijación audiencia para conocer del pedimento de medidas de coerción en contra de los imputados Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía y Planificación; Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de  la República  por la Provincia de Santiago; Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Óleo Ramírez, y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; así como también de solicitud de declaratoria de complejidad del proceso;

Vista: la Constitución de la República, y los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, modificado por la Ley No. 10-15, del 10 de febrero de 2015;

Atendido: que el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción y declaratoria de complejidad se inició formalmente el día martes, 30 de mayo del 2017, siendo las 8:00 p.m., y ante un incidente presentado por los imputados y sus defensores en el sentido de que concurrieron a la vista sobre solicitud de medida de coerción, sin que se les hubiese notificado el escrito contentivo de los presupuestos justificativos de dicha solicitud, este Juzgado de la Instrucción Especial falló en el siguiente sentido: Considerando, que por tratarse de pedimentos comunes y de carácter procesal, resulta procedente ponderarlos de manera conjunta; Considerando, que en cuanto a la falta de notificación del auto de fijación de audiencia por la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, conforme lo dispone el artículo 142 del Código Procesal Penal, es pertinente establecer que el propósito de esta diligencia es que las partes puedan asistir y estar representadas en los términos legalmente establecidos en la audiencia, por lo que, una vez se ha comprobado la presencia de los encartados, excepto el señor Bernardo Castellanos, y la presentación de calidades y participación en el contradictorio, en el marco de la naturaleza y características de esta fase procesal, de sus abogados defensores técnicos; es evidente que dicho pedimento carece de objeto, tanto por el carácter progresivo  del procedimiento,  como por el  hecho  de que los supuestos materiales que habrían dado lugar a la alegada indefensión quedaron subsanados, no evidenciándose ningún agravio, y más aún cuando las actuaciones se contraen a un proceso en que la mayoría de los encartados están privados de su libertad; Considerando, que si bien es cierto que el encartado Bernardo Castellanos no está presente en el proscenio y que se ha evidenciado que no fue regularmente citado, y que el juez, como garante de la Constitución y por aplicación del Principio de Oficiosidad, procuró la asignación de defensores Públicos, los cuales concluyeron en la vista solicitando la suspensión del proceso, porque no podían asumir per se dicha defensa, no es menos cierto que tratándose de una vista para conocer de  una solicitud de medida de coerción, con relación a catorce personas, de los cuales diez están privadas de libertad, comportaría una arbitrariedad atar a la suerte procesal de dichos imputados a la situación jurídica de una persona que se encuentra en libertad y que nada impide que su proceso sea desglosado, ya que esta medida es una cuestión de hecho sometido a la soberana apreciación de los jueces con base en el principio de razonabilidad y en el Código Procesal Penal, que obliga al juez a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución; Considerando, en cuanto al alegato de que los imputados y sus defensores concurrieron a la vista sobre solicitud de medida de coerción, sin que se les haya notificado el escrito contentivo de los presupuestos que justifican  dicha  solicitud,  es  pertinente  aclarar  que  las  reglas  procedimentales dispuestas en la normativa vigente se adecuan, en el caso de la solicitud de medida de coerción, a la sencillez, celeridad y especificidad de dicha diligencia, en la que el Ministerio Público  debe presentar  a  los imputados  privados de su  libertad sin demora y dentro de los plazos legalmente establecidos, para que el juez, en una sola audiencia, escuche a las partes únicamente sobre la ocurrencia del hecho tipificado como infracción, la probable participación en el hecho y la presunción razonable de que el imputado se presentará a los actos del proceso; que no se trata, para los fines de las pruebas ni de las formalidades procedimentales, ni de una audiencia preliminar ni de juicio a fondo; pero que, ciertamente, como han alegado los defensores, y corroboró el Ministerio Público es un derecho de los imputados el conocer, en el marco de la citada diligencia cuáles son los presupuestos que amparan la solicitud y un deber de la Secretaría del Tribunal notificar, las resoluciones y actos que requieren una intervención de las partes; pero que esta obligación se circunscribe también en el Principio de Razonabilidad, y tratándose la solicitud de imposición de medida de coerción de un legajo de 336 páginas, recibido en el día de ayer y que es necesario reproducir catorce veces, lo que es igual a 4707 hojas, resulta materialmente imposible completar dicha tarea en el intervalo entre el depósito de la solicitud y la hora de fijación de la audiencia, la cual se hizo en atención a preservar el plazo constitucional de las cuarenta y ocho horas establecidas a favor de los imputados privados de libertad, y en ese sentido procede recesar esta única vista para la decisión sobre la medida de coerción, a los fines de completar la citada diligencia; Considerando, que en cuanto a las solicitudes de que el juez ordene la puesta en libertad de los imputados, es pertinente puntualizar que la Constitución dispone en su artículo 40.5, que toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad, regla que no ha sido violada en la especie, ya que dicho plazo está aún vigente y los imputados fueron presentados oportunamente ante la autoridad competente, en el curso de la presente vista que ha sido inevitablemente recesada para dar cumplimiento a una petición fundada de los propios imputados, a través de sus defensa formal, siendo la decisión cursada al respecto adoptada precisamente por la autoridad judicial que conoce de la diligencia en curso de que se trata; Por tales motivos: “Primero: Ordena un receso de la presente vista sobre solicitud de medida de coerción para que la defensa formal de los imputados reciba, por su propia diligencia, como partes activas del proceso y auxiliares del proceso, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, como secretaria ad hoc de este Juzgado de Instrucción Especial, las copias correspondientes a los presupuestos presentados por el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción, las cuales deberán retirar en el curso de la mañana en el despacho correspondiente; Segundo: Rechaza el pedimento de nulidad de las actuaciones correspondientes a la audiencia indicada, por las razones anteriormente expuestas; Tercero: Ordena el desglose del proceso en cuanto al imputado Bernardo Castellanos por las razones anteriormente expuestas para que el Ministerio Público proceda, en cuanto a éste, conforme con la Constitución y las leyes; Cuarto: Ordena la continuación de la presente audiencia en el día de hoy, a las cinco de la tarde, valiendo citación para todas y cada una de las partes presentes y regularmente representadas”;

Atendido: que reiniciada la audiencia en fecha 31 de mayo del 2017, siendo las 5:00 p.m., y ante un incidente planteado por la defensa técnica del imputado Juan Temístocles Montás Domínguez, en el sentido de que ni la defensa técnica ni los imputados tenían los presupuestos probatorios depositados por el Ministerio Público, que pudieren justificar la solicitud de la medida de coerción a fin de ejercer su debida defensa; este Juzgado de la Instrucción Especial falló en el siguiente sentido: Considerando, que la barra de la defensa del imputado Juan Temístocles Montás Domínguez, ha solicitado: la comunicación de las pruebas que fundamentan la solicitud de medida de coerción planteada por el Ministerio Público; que si bien es cierto que la resolución núm. 1731-2005, de fecha 15 de septiembre del 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en su artículo 10 dispone que resulta suficiente a los fines de determinar la probabilidad para dictar medidas de coerción con que las partes informen al juez respecto del contenido y valor de las pruebas obtenidas hasta el momento, y que el Código Procesal Penal dispone que el juicio es oral y la práctica de las pruebas y en general toda intervención de quienes participen en él se realiza de modo oral, y que para los fines de la audiencia para medidas de coerción las partes pueden proponer, pruebas para sustentar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de una medida de coerción, no es menos cierto que constituye un derecho constitucional de los imputados ser informados del hecho que se les atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica; un resumen de los contenidos de pruebas existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables (artículo 95 CPP). Por lo cual procede de conformidad con la norma procesal, ordenar un receso en la presente audiencia a los fines de que la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, como secretaria ad hoc del Juzgado de la Instrucción Especial, proceda a entregar a todos y a cada uno de los imputados, como titulares de su defensa material y por la vía de sus abogados defensores, los presupuestos probatorios referentes a la  presente medida  de  coerción que  haya  depositado el Ministerio Público en dicha Secretaría; Considerando, que habiendo sido presentados los encartados bajo arresto ante este Juzgado de la Instrucción Especial, en el plazo constitucional de las cuarenta y ocho horas, y habiéndose recesado la audiencia en  atención a  solicitudes  fundadas de  las partes,  procede  en derecho recesar dicha audiencia para cumplir razonablemente con los trámites necesarios a los fines de salvaguardar las garantías procesales y constitucionales de las partes, por ende es conforme con la Constitución, en su artículo 40, adoptar las medidas enunciadas; por tales motivos:

“Primero: Ordena el receso de la presente audiencia, a los fines de que los imputados por sí mismos o a través de los abogados que les asisten retiren de la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia como secretaria ad hoc de este Juzgado Especial, todos y cada uno de los presupuestos probatorios depositados por el Ministerio Público con relación a la presente solicitud de medida de coerción; 

Segundo: Se fija para la continuación de la presente audiencia el día en que contaremos a martes 6 de junio del 2017, a las diez (10:00 a. m.), horas de la mañana, valiendo citación para todos los presentes y representados”;

Oído: al Juez de la Instrucción Especial, reanudar el conocimiento de la presente audiencia, siendo las 10:00 a.m. del día martes, 6 de junio del 2017 y ordenar al ministerial confirmar la presencia de todas las partes y sus respectivos defensores;

Oído: Al ministerial informar al tribunal que no están presentes el Ministerio Público y uno de los imputados;

Oído: Al Juez de la Instrucción Especial ordenar un receso de 10 minutos, para asegurar la presencia de todas las partes;

Oído: al Juez de la Instrucción Especial reanudar la audiencia a las 10:15, horas de la mañana, con todas las partes y sus defensores, y manifestarles a las partes que procedía que el Ministerio Público continuase con el desarrollo de sus solicitudes, lo cual había iniciado previo al receso ordenado en fecha 31 de mayo de 2017, sin que ninguna de las partes hiciera reparos ni presentara ningún medio, por lo cual, el juez ordenó al Ministerio Público culminar con su exposición;

Oído: a los representantes del Ministerio Público, tras motivar sus petitorios concluir de la manera siguiente: “Primero: Autorizar, para la presente investigación, la aplicación de las normas especiales previstas en el título IV, artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal, relativos al procedimiento para asuntos complejos; 

Segundo: Imponer a los encartados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Juan Temístocles Montas, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo De Oleo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián, Alfredo Pacheco Osoria, Ruddy González, y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, la medida de coerción consistente en prisión preventiva por dieciocho (18) meses según está contenida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal dominicano, dado que el Ministerio Público ha evaluado que es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia de los mismos en el proceso”;

Oído: a algunos de los abogados defensores de los imputados plantear al tribunal conclusiones excepcionales e incidentales que fueron posteriormente replicadas por el Ministerio Público, y reposan en el acta de audiencia levantada al efecto, y que serán contestadas más adelante;

Oídos:    a    los    imputados    ejercer,    ante    el    plenario,    su    derecho constitucional a ser oídos en torno a la presente medida de coerción; los cuales argumentaron, en síntesis como sigue a continuación:

  1.  Julio  César  Valentín  Jiminián:  he  querido  hacer  frente  a  usted algunas observaciones, la primera de ellas tiene que ver con un aspecto de tipo procedimental de nuestros roles como legisladores, tenemos un voto individual e indelegable y lo aclaro porque he visto en algún medio a partir de supuestas notas que se han remitidos al Ministerio Público, establecer que Valentín admite que aprobó diez préstamos. Voté, porque la aprobación está relacionada con la naturaleza de ambas cámaras; el segundo aspecto es que dentro de las potestades de como presidente, es inevitable colocar en la orden del día cualquier tema que haya tenido iniciativa.

2.- Ángel Rondón Rijo: yo me imagino que usted va a pensar ése es el súper hombre que hablan de él; en el año 1985, 83 posiblemente tuve la oportunidad de ganarme los primeros 300 mil dólares cuando logré que la CDE le comprara una planta; que hay un funcionario de CDE justamente aquí presente. En el 85 adquiero la presidencia de un banco dominicano hispano, un grupo de jóvenes formamos un banco, el 88 empiezo a trabajar con una empresa tan buena como Odebrecht. No sé si recuerdan, Higüey- Aguacate; sigo representando empresas extranjeras. A partir de los años 93 represento otras firmas extranjeras, en el 98 logramos construir el acueducto Valdesia en ese entonces (…) en ese entonces era difícil el gobierno extraer préstamos junto a los legisladores de otro partido, logro un financiamiento de 125 millones; un sábado me llama el embajador de Brasil, me dice: Rondón quiero hablar contigo ven mañana a las once de la mañana. Ahí me encuentro con dos brasileños. Ahí me dice te quiero presentar a estos ejecutivos de Odebrecht que están interesados en encontrar un ejecutivo, efectivamente ese mismo día nos fuimos al Hotel V Centenario e hicimos un contratico a mano. El 16/03/2001 actualizamos un contrato más formal pero con ninguno, Ernesto Aurdcii, Alfredo Laudir, José Carlos, de Andrade Gutiérrez, es decir que yo firmé con las dos compañías en competencia de Brasil, porque se presentó un conflicto con el acueducto de la línea noroeste, se licitó en 2009 y venció el contrato de construcción y hubo que volverlo a licitar, yo participé, participó Odebrecht, en ese entonces había un crédito en Brasil, ese crédito se lo daban a la compañía exportadora que era Andrade Gutiérrez; ahí se presenta el conflicto. Llegamos a unas negociaciones amplias, querían 55 cada una, yo propuse en la Embajada: vamos 50 y 50, ahí se logró un consorcio y Odebrecht era el líder. Algo importante, la gente creyó que fue Lula; pero fue el presidente Cardoso quien trajo al país a Odebrecht (…).

3.- Juan Temístocles Montás: No esperaba que se me enlodara como se me ha enlodado; he tratado toda mi vida de cuidar mi imagen, si yo me hubiera dedicado al ejercicio de profesión fuera billonario, pero decidí dedicarme al ejercicio de la política. Las grandes transformaciones que ha tenido el país no se pueden escribir sin mencionar mi nombre; si hay uno que está comprometido con que esto llegue a su final, soy yo, espero que se me limpie de este lodazal en que me embarrado el Ministerio Público.

4.- Víctor José Díaz Rúa: quiero decirle primero al amigo del Ministerio Público, que no conozco, que verdaderamente yo no estaba quebrado ni hice ninguna fiesta. Tienen un error en el tema de mi declaración jurada, yo fui el funcionario que hice la declaración jurada más alta en el 2006 motus propio, la modifique, porque entendí que debía arreglarla; fui jefe de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana y fui jefe de finanzas de todas las campañas; quiero aclarar, hicimos la segunda etapa de todas las líneas en los pueblos del noroeste, fuimos una misión a Brasil, por tanto no hay necesidad de Ángel Rondón Rijo sobornarme, porque nosotros estábamos trabajando una delegación del gobierno, utilizamos once de dólares. El señor Radhamés Segura aportó ese dinero para que se hiciera la carretera de la presa; fue la presidencia de la República que declaró de emergencia eso; hizo una adenda, no se derrumbaron ningunos muros, ahí no hubo ningún tipo de soborno, el Corredor Duarte, nosotros hicimos un estudio de la Kennedy completamos todos los elevados y en la 27 lo llevamos hasta la Privada, hicimos un estudio y concluimos que ese corredor se paga en ahorro de combustibles, ahí está ese túnel de la UASD; sobre la carretera del coral no voy a decir nada, porque ya se dijo, en el acueducto de Hermanas Mirabal eso se hizo en el 2008 y en el 2008 yo estaba en obras públicas (…).

5.- Porfirio Andrés Bautista García: quiero aprovechar estos breves minutos para hablar algo sobre mi vida particular, en el año 1970-71 iniciamos en el Sanjón de Salcedo, con cinco mil gallinas, a trabajar, que fue lo que nuestro padre nos enseñó; en el  año 73, formamos la compañía avícola; nuestro padre nos regala un solar y ahí hicimos nuestra casa. En el 86 construimos tres naves; en el 96 adquiero dos naves; en l987 construimos en la Isleta, 4 naves para producción de pollo, junto a un grupo de productores de cerdo; en el año 90-91, construimos dos naves de pollo en La Palmita. En el 2009, adquirimos la granja La Loma. Hubo una intención de decir que yo obtuve diez inmuebles, cuando es uno solo, trabajé más de diez años con Pedro A. Rivera (…) quiero significar que se ha tratado de ligar una cosa con otra, diciendo que lo que hoy poseemos después de 46 años de trabajo es fruto de soborno y todo lo acumulan para el periodo que yo estuve como Presidente del Senado; aquí hay una certificación de los bancos de los préstamos que yo asumí en el año 2003, Tres Millones, Cinco Millones; yo quiero decirle honorable magistrado que nuestra vida ha sido de trabajo, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres (…) fui elegido cuatro veces Senador y cuatro veces Presidente del Senado y actué con responsabilidad, transparencia. He servido a mi país, a mi provincia, con honestidad y transparencia y hoy me ha tocado presidir al principal partido de oposición, como ciudadano estoy comprometido con la justicia, yo creo en usted, yo creo que la justicia será impartida usted, tengo la confianza en que a mi nombre le será quitado el lodo que se ha vertido sobre él.

6.- Conrado Enrique Pittaluga Arzeno: en la instancia para la medida de coerción, nuestro nombre empieza en la página 160, pero en las páginas 85 y 86, se menciona nuestro nombre, yo diría que por ahí empezó el Ministerio Público tratando de desacreditar el contrato de prestación de servicios profesionales que fue suscrito en el año 2008 el Ministerio Público empieza afirmando que el ingeniero Víctor José Díaz Rúa llegó en agosto, el 20/08/2007, que tan pronto el llego ahí identifico para Odrebrecht la obra de la Autopista del Coral y que le había ido tan bien con el esquema de soborno que él le había ubicado esa obra a Odebrecht, pero que la ambición de él era tan grande, que él usó a su amigo y abogado personal para un esquema, a su amigo abogado y testaferro; mi abogado, uno de mis abogados señaló que en el año 2006 ya Odebrecht y Moya ya habían firmado dos memorandos de entendimiento meses antes del ingeniero Díaz Rúa ser Secretario, Moya y Odebrecht hicieron la renovación de ese contrato; si al ingeniero Díaz le había ido tan bien con el esquema de soborno, ¿para qué cambia de abogado? Lo segundo es que en la página 86 el Ministerio Público dice, hay dos párrafos, me parece que hay una carta, refiere una carta de Odebrecht solicitándole al señor Rondón que le  van a hacer el pago de su 2% de representación, porque en el año 2008 se firmó el contrato de autopista Del Coral firmada por los Moya y Odebrecht, donde él indicaba donde él iba a hacer el depósito, me pregunto ¿para autopista Del Coral había dos métodos, porque el método espectacular, porque se basa en dos instancias de medida de coerción? ¿es que los sobornos se hacían a través de ese pago de la empresa de Ángel Rondón Rijo? ¿en ese pago se utilizaron dos métodos de soborno? Era una puntualización, no recuerdo la página, hay una afirmación que yo rechazo donde el Ministerio Público dice que cuando hubo el referimiento hacia mi persona por parte del ingeniero Díaz le dijo a Odebrecht que yo iba a hacer su representante, eso está en la declaración de Marcos, aparte de eso: “En la recomendación del exministro no habíamos contratado a Conrado Enrique Pittaluga Arzeno”, es decir que Marcos dice que la participación nuestra es fundamental para participación de ese proyecto, nosotros salimos a la prensa en diciembre de 2016 hemos esperado, no hemos hecho anuncio público, para proteger una clientela y queríamos hacer la menos bulla posible; el Ministerio Público presenta una rueda con un sinnúmero de compañía, no hemos querido mencionar nombres, saltan a la vista muchas entidades y ellos lo único, sin haberlo, sin estar en la acusación, ellos ponen la rueda gráfica, ahí hay fundaciones, compañías (…), yo soy accionista de dos y firmo cheque en tres; una de ellas, la que refirió Santiago Rodríguez, que pertenece a la compañía Álvarez Tavarez, firmo conjuntamente con un primo hermano de ella.   Después firmo en dos compañías, que son mis compañías, Pittaluga Legales y otra de una compañera de infancia todo eso, no soy accionista ni de ninguna de ellas, todo eso está en certificaciones de la cámara de comercio.

7.- Máximo Leónidas de Óleo Ramírez: yo me gradué de ingeniero electromecánico, después que vine de la frontera a estudiar a la capital, en el año 78 comencé a trabajar en la CDEE, en la presa de Valdesia en el año 79, allí dure 5 años, pasé por todo los departamentos, pasé a Santo Domingo, donde fui asistente del gerente, gerente, asistente del director, director, de todo esos cargos únicamente en las centrales hidroeléctricas, soy un hombre hidroeléctricas, salí pensionado en el 99 con el proceso de la reforma. Aún joven, con fuerza, en el 2000 me nombraron administrador de la generadora hidroeléctrica que, en ese tiempo, aún pertenecía a la CDE, duré los cuatro años que me nombraron en esa labor; salimos en agosto 2004 de una empresa que generaba aproximadamente Cien mil millones de pesos, me fui a mi casa, nunca me llamaron para que aclarara un papelito; el ingeniero Segura, que era el administrador después del 2004 no sé cuántas auditorías hicieron, pero nunca me llamaron, soy un hombre de trabajo; tengo 3 patrimonios: mi patrimonio moral que está destruido, del polo norte al polo sur mi cara, mi nombre anda por toda la televisiones, periódico y redes sociales, tengo mi patrimonio social que está destruido, es difícil que yo pueda hacer negocios con una empresa internacional y mi patrimonio familiar me quedan mis dos hijos, mi esposa, mis hermanos y mi madre, espero que este proceso no me destruya lo único que quedan, todas mis cuentas, las de mis compañías que las forme en el año 1994 y en los últimos 3 años he desarrollado proyectos por más de 70 millones y la cuentecita de mi pensión, la única vacación que yo me he tomado es la vacación que he pasado en una celda; ese patrimonio me lo van a destruir porque se van morir de hambre. Quiero decir eso para que el tribunal entienda que yo soy un hombre de trabajo y necesito seguir trabajando.

8.- Ruddy González: escuche un cantautor, aunque agradecido de Dios, dijo que el Señor cometió una falta con él, esa falta es la parte judicial atribuible a que él como persona que tuvo la oportunidad de llegar al mundo, era saber la forma de cómo él podía llegar al mundo. Yo voy a replicar aquí lo que repliqué ante el Ministerio Público con relación a un amigo, ese amigo si me dieran la oportunidad de yo elegir pediría el 80% de su armadura, porque soy amigo de sus hijos, es Julio César Valentín Jiminián, no he conocido otro ser humano como ese hermano, Julio César Valentín Jiminián. Yo agradezco de tener oportunidad, no la mía, yo no voy a hablar de mí, voy a hacer un aporte a la sociedad, basado en la oportunidad que  tuvo el Estado en  un personaje, Maurice Duverger, la Constitución Dominicana del 2002 y la Constitución Dominicana de 2010, el artículo 37, en la atribución del legislador, numerales 13 y 14, que trata de los empréstitos, que trata de los contratos, cuando vamos a la Constitución de 2010, del 26 de enero la separación de los poderes, artículo 7, el artículo 93, en su letra q, establece lo siguiente: se puede legislar sobre toda las materias, la letra j establece la materia que estamos tratando; esta es una oportunidad que me está dando la vida para que un Poder del Estado no se limite en sus funciones; el artículo 93 trata de las atribuciones del congresista, vinculado al artículo 128 numeral 2 que trata de la Parte Ejecutiva con la letra d, el Ejecutivo envía un contrato al Congreso, nosotros tenemos dos opciones: votar sí, o votar no; la bancada mía no es la mayoría y la bancada del PLD tiene 108 legisladores, ¿cómo yo le impongo, con 12 ó 15 votos entonces el Congreso de la República en manos de un partido que no es el mío? Yo recuerdo que alguien dijo del congreso de Inglaterra, de Common Law: lo que pide su presidente, por eso votan. Yo no tengo mayoría, (…). Hay un documento que le llaman reglamento procesal del ejecutivo, tiene primacía y cuando se envía a una comisión tiene 30, es el máximo, por lo que Ruddy González no tiene por qué, (…) cuando llega el tema de Catalina, del cual se dice si yo voté; (…) después de la Constitución, la parte más importante es el presupuesto nacional de la nación, yo tengo muchísimos  amigos  en  el  PLD,  la  parte  de  un  legislador  vinculado  al artículo 77 establece que no se vota por imposición, se vota por representación.

9.- Juan Roberto Rodríguez Hernández: desde que yo cumplí catorce años yo traté de actuar correctamente, fui ejecutivo de Inapa del 2000-2004, nunca en la vida le cogí una comisión a nadie, después que dejé el Inapa fui dos veces Senador de la República, nunca nadie en la vía pudo señalarme, después de esos dos periodos yo me alejé de la política, porque tenía problemas de salud, si estoy vivo hoy es gracias a la colaboración de mi familia, yo pensé que la ruina moral es 20 veces peor que la ruina material, yo estaba totalmente distanciado de la política y en las elecciones pasada fui, por solicitud de amigos, a elección y gané un escaño, pero por problemas de salud lo dejé en diciembre; yo estoy consciente, construir una honra dura toda una vida, una honra la destruyen en cinco minutos, tengo nueve días que han sido los nueve días que más difíciles, porque a alguien se le antojó decir que yo tenía 100 millones en una cuenta; de Odebrecht nunca en la vida cogí un centavo; mi honra como decía mi amigo De Óleo, ahora ¿quién me la va a restituir? Prometo asistir a todas las citas que a mí me hagan.

10.- Ramón Radhamés Segura: voy a hablar brevemente, en dos vertiente; voy a hacer dos precisiones al asunto patrimonial; es cierto que entre el 2004-2008 nuestro patrimonio creció; es falso que se haya hecho de manera fraudulenta o con interés de dañar a alguien; hay tres componentes que justifican tenemos; los mismos activos; fueron declarados a precio de compra; y en el año 2004 fueron declarados a precio de mercado; como funcionario, al frente de la CDE, recibí más de 30 millones de pesos; como presidente de la empresa de energía he hecho trabajo por más de dos mil millones de pesos; estoy depositando unos 40 millones de pesos que nos pagó el Banco Central, (…). En segundo lugar, el caso de la carretera de Casabito, el ingeniero Díaz Rúa se ha referido a eso; había una provisión de más de once millones de dólares para la carretera, que iba a unir la presa de Río Blanco con la presa de Pinalito y en virtud de que hubo una prohibición de Medio Ambiente, porque iba a haber una gran deforestación, aportamos esa aprobación para que nos hicieran una desviación, hasta llegar a la presa de Pinalito; eso está documentado, se puede ver en la comunicación 1204- 087 del 27/08/2007 firmada por el ingeniero Rafael Miliano al Ministerio de Hacienda de fecha 13/12/2007, de manera que está la base de eso, donde se incluye la aprobación del Presidente de ese entonces, el Licenciado Fernández; (…) la CDE es una institución que tiene un reglamento de funcionamiento expresado en el decreto, en ese reglamento están las atribuciones del Consejo de operaciones, en el artículo 8 establece que es el Consejo de Administración; que autoriza al Consejo de Directores a firmar los préstamos que ascienden por encima a cinco millones de pesos, de manera que todos los actos que yo he firmado antes de la CDEE son actos que los he firmado como mandatario de un órgano rector y en este caso el Consejo de Administración. Mi vida ha discurrido en tres vertientes, una política, otra académica y la otra profesional; como técnico liberal, ya he dicho que he sido el presidente de una empresa desde el 1990, que he hecho trabajos he estado, en la docencia, en la universidad, con una serie de cargas académicas; en el ámbito político hoy soy miembro del comité político del PLD, he sido dos veces precandidato presidencial; (…) me asombra que el Ministerio Público haya procedido tan alegremente con este tipo de situaciones tratando de tildar a uno como un delincuente, porque cuando yo estuve en la CDE, en las dos ocasiones, Smith Enron reclamó 60 millones de deudas y nosotros nos negamos, le compramos, con Unión Fenosa con una rebaja de 56 millones de dólares, que en los últimos años ha incidido en una rebaja de 500 millones dólares, nosotros logramos zanjar ese pleito internacional y teniendo ellos que entregarnos el 50% de las acciones que tenían en Edeeste, creo, y mirando el papel que yo desempeñé, (…) debería estar entre los servidores públicos que más hayan defendido el interés nacional.

11.- César Domingo Sánchez Torres: yo estoy completamente satisfecho con mi defensa técnica, pienso que cubrieron la totalidad de lo que se necesita para esta etapa del proceso, solo quiero decirle lo siguiente: como dijo Ortega y Gasset, yo me sentí el lunes 29 a las 6:30 de la mañana, al servicio  de  la  presión,  aunque  cuando  entraron  a  mi  casa  se  portaron correctamente, pero me sentí como una masa de carne; a usted le voy a pedir un favor: que me ayude a recuperar mi nombre, esa masa de carne tiene necesariamente quizás a partir de hoy, quizás en su decisión, a llamarse César Domingo Sánchez Torres, es porque quien le habla todavía no lo es, me quitaron el César Domingo Sánchez Torres, el Domingo, el Sánchez, porque me lo puso mi mamá no me lo puse yo; yo tengo arraigo, enorme llega a la antípodas en términos de valores y de la mejor mujer, esposa, de niños nos conocemos, los mejores hijos, tres; los mejores nietos, cinco; esos son ya mi arraigo, hasta que las justicia no me devuelva el resto de mis arraigos seguiré siendo una masa de carne; aquí la justicia me tienen que devolver mi nombre, porque han cometido un atropello, como decía Santa Teresa me han llegado hasta donde más duele, hoy, según escuché la participación y sus intervenciones, me di cuenta que una posibilidad tengo una oportunidad de que usted me ayude a reivindicar mi nombre, es verdad que yo estaba en una lista, estaba en la lista de ese Decreto, fue Hipólito Mejía, porque no hay manera, no la hay de demostrar que César Domingo Sánchez Torres, utilice un centavo que no sea de su trabajo, no le he hecho y no lo haré, porque eso es verdad. Estaré siempre disponible, porque siempre lo he estado, al mandato al llamamiento suyo, usando usted crea hora y momento que sea requerido.

12.- Tommy Alberto Galán Grullón: es importante para mí hacer algunas precisiones, es importante preciar y decir que en nuestra presencia en la comisión hemos tenido la oportunidad de recibir muchos contratos: en diez años, la aprobación de los contratos llegan como el último eslabón, fundamentalmente los aspectos impositivos y de funciones fiscales y establecen para fines de colocar impuestos y eliminar impuestos, esos contratos, cuando se trata de eliminar impuestos, el Estado hace muchos contratos, porque nosotros nos detenemos a observar los aspectos inherentes a las exenciones fiscales, se establecen a esas grandes obras para reducir sus costos, en el caso de esas obras ni siquiera de eliminar, ni siquiera una compra, porque no nos es atribuido; estos años, desde el 2006 hasta los años del 2014, yo aquí tengo un dossier, un contrato con bancos comerciales internacionales en emisión de bonos globales, emisión de bonos internacionales con que se financia y los más interesados son los órganos de ejecución y materialmente el ministerio, y cuando un financiamiento no es aprobado en el momento oportuno, esto lacera, por eso nuestro reglamento plantea que las comisiones de trabajo tienen un plazo, que tienen categorías de ley, de 30 días; que once contratos solamente fueron liberados de trámites para el conocimiento, solamente un solo contrato corresponde a Odebrecht, facultaba a un legislador, como que la legislación iba a primar; se le planteó al Pleno del Senado que se liberaran de trámite; sobre todo hay  que aclarar, la comisión la integran de siete a nueve miembros; nueve miembros de 32; la responsabilidad es individual; el voto es individual e indelegable y nosotros no ejercemos ningún acto de poder para que nadie vote; yo estoy asumiendo esto con gallardía, valentía y responsabilidad. Consciente de los riesgos de mi profesión en la política, decisión de convicción, no de necesidad, que nosotros le dijimos a nuestra barra de la defensa un principio de defensa, que debíamos asumirlo, con relación a mí, estoy seguro que voy lograr la inadmisibilidad, por mi plena y legítima inocencia frente a los cargos que a mí se me quieren imputar; soy un  hijo de padres de San Cristóbal, con formación familiar, con integridad, por eso hoy más que todo he admitido esto con fe y la fe me la da mi inocencia.

13.- Alfredo Pacheco Osoria: quisiera hacer una petición a la parte técnica, yo quiero que pongan mi declaración jurada, primero yo quiero decir que soy Alfredo Pacheco Osoria, que fui electo diputado al Congreso Nacional muy joven, a pesar de venir de sectores muy humildes y que además llegué a ocupar la Presidencia de la Cámara de Diputados, encontrando esta entidad en una situación muy difícil, la Cámara tenía una deuda de casi 100 millones de pesos, cuando me fui dejé más de 150 millones de pesos en fondos de reservas; más 97 millones en la cuenta operativa y cero deudas, ahora me encuentro en una acusación que se nos hace, que fulano había dicho, que perencejo le dijo, más que una acusación eso lo que parece es un enredo de comadres; vemos que se muestran transferencias que se hicieron el 23 de agosto, cuando nos fuimos, en agosto de 2006, entonces se pone como evidencia mi declaración jurada de cinco millones de pesos, que cuando regreso hago una de 30 y que fuera de eso, tengo 44 millones pesos que no he declarado, dichos millones vienen dado en un bien que el banco me expropió por falta de pago de ocho mensualidades que había dejado de pagar y el banco ejecutó todo; en mi declaración de 30 millones de pesos hay dos deudas; el Ministerio Público no sacó la deuda; que yo de 5 subí a 30 millones de pesos, no dice que yo le debía 11 millones al Instituto del Legislador, y finalmente, quiero decir que no hay una acusación sobre el llamado soborno, porque nadie ni en este tribunal ni en este país, puede decir que Alfredo Pacheco cogió diez pesos para cumplir su función. Quiero decir que en la declaración jurada cogió el 2008, en agosto 500 mil, septiembre 2012, 1200 mil; febrero, 750, mil; porque no me prestaron más; en septiembre de 2015, cogí 600 mil y cuando llegué a la presidencia de la Cámara cogí seis millones de pesos, con lo que hoy yo debo a ese instituto doce y pico; entonces indudablemente se me acusa de asociación de malhechores; que conozco a muchos de ellos, porque son figuras públicas; ahí hay gente que yo no me he pasado dos horas debajo del mismo techo; quiero proclamar que yo soy inocente, que no soy ladrón, que por lo tanto voy a estar presente en cada una de las citaciones que se me hagan como he estado presente a simples llamadas del Ministerio Público; pudieron haberme preguntado sobre la casa, me hicieron dos preguntas; yo estoy a la disposición de la justicia, estoy a la mayor disposición de presentarme tantas veces como sea necesario, porque no califico para medida de coerción;

Considerando: que este Juzgado de la Instrucción  Especial ha sido apoderado de una solicitud de medida de coerción interpuesta por el Procurador General de la República Dr. Jean Alain Rodríguez, en contra de los ciudadanos Juan Temístocles Montás Domínguez, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Tommy  Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros; Alfredo  Pacheco  Osoria,  Diputado  al  Congreso  Nacional  por  el  Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor José Díaz Rúa; César Domingo Sánchez Torres; Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García; Ruddy González; Máximo Leónidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por presunta violación a las disposiciones de los Artículos 146 de la Constitución de la República, 123, 124, 125, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 2 y 3 de la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y, 2 y 7 de la Ley No. 82-79, sobre Declaración Jurada de Patrimonio; y de la declaratoria de complejidad del proceso de que se trata;

Considerando: que es obligación ineludible de todo juez, previo a conocer de cualquier asunto, examinar su competencia, y que según las disposiciones del artículo 73 del Código Procesal Penal corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio y dictar las resoluciones pertinentes, por lo que este tribunal es competente para conocer y fallar sobre la solicitud de medida de coerción realizada por el Procurador General de la República, con respecto al presente caso, en razón de que:

  1. El artículo 154, inciso 1º, de la Constitución de la República, reza: “Atribucio Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley; 1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados;  jueces  de la  Suprema  Corte de  Justicia,  del Tribunal Constitucional; ministros y viceministro; procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las corte de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria”; 
  2. Los imputados Juan Temístocles Montas Domínguez, Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián y Alfredo Pacheco Osoria ostentan los cargos de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Senadores de la República por las Provincia San Cristóbal y de Santiago de los Caballeros, y Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional, respectivamente; por lo que figuran entre los funcionarios a los que se refiere el precitado artículo 154 de la Constitución; en consecuencia gozan del privilegio de jurisdicción, y en virtud de la regla de la indivisibilidad de la causa y de la prorrogación de la competencia, así como también de la economía del proceso, la inmediación y la concentración del juicio, sus calidades arrastran a dicha jurisdicción a los también imputados Ángel Rondón Rijo; Víctor José Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; conforme ha sido criterio pacífico de la Corte de Casación y, 
  3. El artículo 379 del Código Procesal Penal establece, en cuanto al juez de la instrucción en jurisdicción especial, que: “Las funciones de Juez de la Instrucción son cumplidas por un Juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, según competa, designado especialmente por el Presidente de la Corte correspon En caso de apertura a juicio, el juez designado no puede integrar el tribunal”;

Considerando: que en fecha 26 de mayo de 2017 el Dr. Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante Auto No. 31-2017, designó al Magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, juez de esta Suprema Corte de Justicia como Juez de la Instrucción Especial, a fin de dictar autorizaciones, órdenes y resoluciones pertinentes, en la investigación seguida por el Ministerio Público con relación a obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por la empresa Constructora Norberto Odebrecht, a los señores Juan Temístocles Montás, Ministro  de  Economía  y  Planificación;  Tommy  Alberto  Galán  Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago; Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno;

Considerando: que en ese sentido, el Procurador General de la República solicitó a este Juzgado de la Instrucción la fijación de audiencia para el conocimiento de medidas de coerción y declaratoria de complejidad contra los imputados Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía y Planificación; Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago; Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, para lo cual se fijó la audiencia el día 30 de mayo del 2017 a las 8:00 p.m. y ante un incidente presentado por los imputados y sus defensores en el sentido de que concurrieron a la vista sobre solicitud de medida de coerción, sin que se les hubiera notificado el escrito contentivo de los presupuestos que justifican dicha solicitud, este Juzgado de la Instrucción Especial recesó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción para el día 31 de mayo de 2017, a las cinco (5:00 p.m.), horas de la tarde;

Considerando: que reanudada la audiencia el 31 de mayo del 2017, siendo las 5:00 p.m., y ante un incidente planteado por la defensa técnica del imputado Juan Temístocles Montas Domínguez, en el sentido de que ni la defensa técnica ni los imputados tenían los presupuestos probatorios, que pudieren justificar la solicitud de la medida de coerción a fin de ejercer su debida defensa; este Juzgado de la Instrucción Especial recesó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción para el día martes, 6 de junio de 2017, a las diez (10:00 a. m.), horas de la mañana;

Considerando: que reanudada la audiencia a las 10:00 a.m. del día 6 de junio de 2017, para el conocimiento de medida de coerción algunas de las partes plantearon excepciones e incidentes, en torno a las cuales este Juzgado de la Instrucción consideró que, por su naturaleza jurídica, la audiencia sobre medida de coerción es breve y expedita, cuyo objeto principal es decidir si él o los imputados encartados quedan en libertad para concurrir en ese estado procesal a los diferentes actos del proceso o si por el contrario quedan sujetos a algunas de las medidas de coerción indicadas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, lo cual debe decidirse en una sola audiencia, y se hace indispensable en un proceso en el cual la mayoría de los imputados están privados de sus libertad; que por aplicación de la Ley 834, norma supletoria al efecto, y del artículo 392 del Código Procesal Penal, todo lo cual se vincula a los valores de celeridad y justicia oportuna que consagra la Constitución de la República en su artículo 69.1; siendo además criterio constante y pacífico de la Corte de Casación que es facultad de los jueces acumular los incidentes procesales para fallarlos conjuntamente con la cuestión principal, sobre todo cuando se traten de audiencias que no ameriten demoras irrazonables, siendo ésta una cuestión enmarcada dentro de la soberana apreciación de los jueces; procedía acumular los pedimentos formulados por las barras de las defensas de los imputados, sobre excepciones e incidentes, para ser fallados con prelación a los demás aspectos, pero al término de esta audiencia que, como ha reiterado el tribunal, es expedida y específica;

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES e INCIDENTES:

Considerando: que, la excepción es un medio invocado por la parte para atacar la forma, el procedimiento o sus efectos, sin debatir el fondo de la cuestión; en procura de que el juez declare irregular o extinguido el procedimiento, o lo suspenda, y debe ser presentada simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o medio de inadmisión;

Considerando: que la barra de la defensa del co imputado Porfirio Andrés Bautista García propuso la inconstitucionalidad de los numerales 3 y 4 del artículo 229 del Código Procesal Penal, y de la Resolución No. 58-2010, de la Suprema Corte de Justicia, sustentando su pedimento en la alegada violación a la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 7, numerales 1, 2 y 3, así como a las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Chaparro Álvarez y otros vs Ecuador; y que la barra defensora del imputado Ángel Rondón Rijo, aún cuando motivó con significantes diferentes, convergió en sus conclusiones al mismo petitorio, en cuanto a la excepción, presentada por los defensores de Porfirio Andrés Bautista García, demandando además dentro del mismo contexto, en lo que respecta a la presunción de inocencia, la inconstitucionalidad del artículo 234 del Código Procesal Penal, todo lo cual procede responder de manera conjunta, por economía procesal; y por referirse a situaciones conexas o estrechamente relacionadas, y con relación a las cuestiones planteadas este Juzgado de la Instrucción ha establecido que:

  1. En la especie se ha propuesto específicamente una excepción conforme a lo que establece el Código Procesal Penal, en su Artículo 54, cuando dice: “Motiv El Ministerio Público y las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción por cualquiera de los siguientes motivos: 1) Incompetencia;

2) Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla; 3) Extinción de la acción penal; 4) Cosa juzgada; 5) Litispendencia. Si concurren dos o más excepciones deben plantearse conjuntamente. El juez o tribunal competente, puede asumir, aun de oficio,  la solución de cualquiera de ellas, sin perjuicio de que el Ministerio Público, de oficio o a solicitud de parte, dicte el archivo durante el procedimiento preparatorio”;

  1. Que en cuanto al pedimento de la barra de la defensa del co imputado Porfirio Andrés Bautista García, el Ministerio Público solicitó el rechazo de la solicitud de inconstitucionalidad;
  2. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es signataria la República Dominicana, y forma parte del Bloque Constitucional, dispone en su Artículo 7, numerales 1, 2 y 3 lo siguiente: “ Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”;
  3. Que la ratio decidendi configurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la solución del caso Chaparro Álvarez y otros vs Ecuador, así como otras de índole similar no son vinculantes con respecto al Estado Dominicano por aplicación de la sentencia TC/0256/14 del 4 de noviembre del 2014, del Tribunal Constitucional de República Dominicana que estatuye sobre la nulidad de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH);
  4. Que, en la convergencia de los modelos tradicionales de control de constitucionalidad coexistente en el ordenamiento jurídico dominicano, el control difuso, consignado en los artículos 188 de la Constitución y 51 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, queda bajo la competencia de los tribunales del orden judicial, ante los cuales las partes pueden solicitar, como medios de defensa, la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, imponiéndoseles a éstos el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso;
  5. Que si bien es cierto que la Constitución de la República establece en sus artículos 40 y 69, la libertad como regla general; no es menos cierto que ningún derecho es absoluto, sino que unos derechos fundamentales y otros coexisten en una relación de interdependencia, como ocurre con los derechos y garantías de los co imputados y los de la sociedad y las victimas de las infracciones, tal como lo reconocen la Declaración sobre Principios Básicos de Justicia para las víctimas del delito y abuso del poder, dictada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en fecha 29 de noviembre de 1985, y la Convención de Palermo, contenida en la Resolución de la ONU 55-25, del 15 de noviembre del 2000, de las cuales es signataria la República Dominicana; amén de que la facultad de los jueces de limitar la libertad personal, a través de medidas de coerción está residenciada en la propia Constitución (artículo 40, numerales 8 y 9) y además, el pretender que constituyan contravenciones constitucionales los numerales 3 y 4 del artículo 229 del Código Procesal Penal, carece de fundamento, puesto que se refiere simplemente a dos presupuestos a considerar por el juez al decidir acerca del peligro de fuga, que son: la importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo; y el comportamiento de éste durante el procedimiento o en caso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; presupuestos éstos que no son imperativos ni taxativos; por lo que procede rechazar la excepción planteada;
  6. Que, con relación a la solicitud de inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 234 del Código Procesal Penal, fundamentado en la violación del principio de inocencia, las reglas de las medidas de coerción y el principio de Reserva legal; la aplicación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva no afecta ni destruye la presunción de inocencia cuando su imposición responde al fin último de asegurar la comparecencia del imputado al juicio o la protección efectiva del interés público, lo que requiere que el juez distinga la participación o autoría del encartado en el hecho que se le imputa; fundamentándose, no solamente en los preceptos legales, sino en criterios de razonabilidad y proporcionalidad; por lo cual, procede rechazar la solicitud de inconstitucionalidad;

Considerando: que, con respecto al pedimento  de inconstitucionalidad planteado por el co imputado Porfirio Andrés Bautista García contra la Resolución No. 58-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia, para facilitar la aplicación e interpretación de la versión original del artículo 229 del Código Procesal Penal; es preciso señalar que la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, No. 25-91, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de julio de 1997, reconoce la facultad de este órgano para dictar resoluciones, estableciendo reglamentos y procedimientos para distintas actividades judiciales que no se encuentren regladas, potestad que se inscribe en su función de dirección y orientación, que está cubierta por el principio de Reserva de ley, por cuanto dimana de una habilitación previa (Ley No. 25-91, modificada por la Ley No. 156-97) sin que contravenga el sentido del artículo 229 del Código Procesal Penal, en cuanto al control de legalidad, ni constituya infracción de jaez constitucional como se advierte de la simple lectura de la citada resolución, cuyo contenido se orienta a proveer a los tribunales de orientaciones pertinentes para ponderar las solicitudes de medidas de coerción, según las especificidades de cada caso; por lo cual, pretender una lectura fariseica del texto constituiría anular la función de exégesis conferida por la Constitución a los jueces y reducirlos al contexto del positivismo a ultranza en que constituyen meramente la boca que pronuncia la escritura estricta de la ley; por lo cual procede rechazar la excepción planteada;

Considerando: que, por otra parte, la defensa del co imputado Ramón Radhamés Segura, plantea como cuestión previa, la violación al principio del juez natural, por el hecho de que el acuerdo entre el Ministerio Público y la compañía Consultora Norberto Odebrecht fue homologado  por un juez, según dice, incompetente, y por tanto, plantea a este tribunal la violación del principio establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que reza: “Juez natural. Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de

seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa”, y con relación a la cuestión planteada, este Juzgado debe señalar lo siguiente:

  1. Que si bien es cierto que el artículo 4 del Código Procesal Penal establece que toda persona tiene derecho a una jurisdicción establecida con anterioridad y a ser juzgado conforme a leyes preexistentes; como lo establece la Constitución de la República en su artículo 69, numerales 2 y 7, texto legal que indica que el juez apoderado del asunto debe preexistir a la infracción presuntamente atribuida a la persona imputada; no es menos cierto que la homologación de un acuerdo entre el Ministerio Público y la Constructora Norberto Odebrecht en modo alguno implica que los imputados en este proceso fueron juzgados, condenados o sometidos a una medida de seguridad por un juez incompetente, y que al no haber existido en el momento del acuerdo imputación específica contra ninguna persona con privilegio de jurisdicción, el apoderamiento de un juez de la instrucción ordinaria para la realización de la citada diligencia no es óbice para que, una vez señalados los imputados, se procediera de  conformidad con el procedimiento establecido para la jurisdicción privilegiada;
  2. Que en atención a lo anterior se incurre en violación al principio de juez de natural cuando se le atribuyen competencias judiciales a un órgano que no es el designado por la ley, por no reunir las condiciones necesarias por la ley para garantizar los derechos fundamentales de un caso, impidiendo al encartado ser juzgado por un juez carente de aptitud jurisdiccional para conocer su situación jurídica;
  3. Que si bien es cierto que la jurisdicción privilegiada no existe como tribunal preconstituido, establecido de manera permanente para conocer de los casos penales de esta naturaleza, resulta evidente que la ley procesal penal en su artículo 377 prevé su conformación para cumplir con el mandato contemplado en las disposiciones del artículo 154, inciso primero, de la Constitución de la República, por lo cual resulta evidente que en el caso, la violación  alegada  carece  de  sustento  jurídico,  y  por  tanto  debe  ser desestimada;

Considerando: que los abogados defensores de algunos de los imputados plantearon varias cuestiones incidentales, las cuales fueron contradichas por el Ministerio Público y acumuladas por el juez para ser falladas al final de la audiencia, en razón de la naturaleza jurídica, breve, expedita y específica, de la audiencia sobre medida de coerción y su objeto esencial, sin desnaturalizar dicha fase, evaluando o aplicando reglas y procedimientos propios de estadios procesales más complejos, como son por ejemplo, la audiencia preliminar o la fase de juicio, en los que se requiere mayor rigor y profundidad tanto en la valoración probatoria como en el contenido y alcance de las actuaciones; no así en ésta, en que básicamente se examina la existencia de presupuestos suficientes para vincular razonablemente a un imputado con una infracción, como probable autor o cómplice, las posibilidades de arraigo que indiquen la sujeción del imputado al proceso y la pertinencia de la medida para garantizar la protección efectiva de la sociedad o de la víctima;

Considerando: que los abogados de la defensa técnica de los encartados Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso por el Distrito Nacional, y Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal, respectivamente pidieron al tribunal declarar inadmisible “medida de coerción alguna” que pudiere ser impuesta en su contra, en razón de la inmunidad parlamentaria de que gozan ambos, establecida en la Constitución de la República, en sus artículos 86 y siguientes; y que aún cuando la defensa del encartado Julio César Valentín Jiminián expresó que no se adhería a tales conclusiones, la solución que se dé a dicha cuestión, le atañe también a éste dada su calidad de Senador de la República y por aplicación del efecto extensivo que rige en el procedimiento penal y se contrae al beneficio indirecto resultante de un medio ajeno pero basado en argumentos y motivos comunes; procede establecer lo siguiente:

  1. Que el artículo 86 de la Constitución de la República dispone: “Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un c Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública”;
  2. Que el artículo 87 de la Constitución establece el alcance y los límites de la referida inmunidad, al señalar: “La inmunidad parlamentaria consagrada en el Artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento”; y el artículo 89 indica, sobre la “Duración de las Legislaturas”, que las Cámaras se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año, cada legislatura durará 150 días y que el Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinarias;
  3. Que para proceder al arresto de un legislador es preciso que la Cámara a la cual pertenezca, le retire, previa solicitud de autoridad judicial competente, la protección constitucional indicada, procediendo según su reglamento interno y decidiendo dentro de un plazo de dos (2) meses a partir de la solicitud; pero que la citada inmunidad o protección del legislador no es una prerrogativa personal de éste, sino un fuero conferido por la  Constitución  a  la  cámara  legislativa  a  la  cual  pertenezca,  cuyo propósito es evitar el entorpecimiento u obstrucción de la función legislativa a través de la privación de la libertad de tránsito de uno de sus miembros durante la legislatura, pero que, en modo alguno, es óbice para que el tribunal, en caso de que el legislador sea imputado penalmente pueda imponerle una medida de coerción que no impida su libertad de tránsito y en consecuencia su disponibilidad de integrar la cámara para el ejercicio de sus funciones constitucionales, por lo cual procede rechazar, por improcedente el incidente planteado;

Considerando: que la defensa del imputado César Domingo Sánchez Torres, presentó como cuestión incidental, la solicitud de declaración de la extinción de la acción por prescripción; con relación a lo cual, el tribunal procede a precisar lo siguiente:

  1. Que la extinción por prescripción es el cese de una obligación o acción, o adquisición de un derecho por el paso de un tiempo determinado; o el derecho a ejercer o continuar la acción represiva o civil accesoria; siendo una de las causas de extinción de la acción penal, de conformidad con las disposiciones del artículo 44, numeral 2, del Código Procesal Penal;
  2. Que el Código Procesal Penal, en su artículo 45, establece las causas de prescripción de la acción penal, consistentes en: 1) El vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres; 2) El vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto;
  3. Que la Constitución de la República, norma culmine del sistema jurídico nacional, de aplicación general e inmediata, dispone en su artículo 146, numeral 5, que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción, y el Código Procesal  Penal  dispone  en  su  artículo  49,  que:  “El  genocidio,  los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos y a los del Artículo 56, se consideran como tales, aquellos contenidos en los tratados internacionales, sin importar la calificación jurídica que se les atribuya en las leyes nacionales. Serán también imprescriptibles los delitos que impliquen el atentado o pérdida de la vida humana, los casos de criminalidad organizada y cualquier otra infracción que los acuerdos internacionales suscritos por el país hayan establecido la obligación de perseguir”;
  4. Que parte de las infracciones incluidas en la calificación jurídica, por su naturaleza y características, no se benefician de las reglas para la prescripción originalmente contemplada en el artículo 45 del Código Procesal Penal, que fija un plazo de 10 años para la acción penal contra las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad igual al máximo de la pena; no sólo porque, en principio, parte de las infracciones alegadas evidencian un carácter continuo que se configura por la reiteración atemporal de una misma acción contraria a la ley; la realización de varias actuaciones prolongadas en el tiempo tendientes a la consecución de un objeto o fin sancionado por la ley; o la multiplicidad de actos que se hayan originado de un primer hecho contrario a la ley; sino también porque en el caso concreto, conforme al artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de la que es signataria la República Dominicana, el encubrimiento, cuando se cometa intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, pero pero sin que hubiera participación activa, o sea el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que son producto de cualesquiera de los delitos tipificados, resulta desprovisto del beneficio de la prescripción, por lo cual procede rechazar la solicitud;

Considerando: que la defensa del encartado Ramón Radhamés Segura presentó como cuestión incidental la nulidad del arresto en razón de la alegada violación al artículo 95, numeral 8 del Código Procesal Penal, relativo al derecho del imputado a no ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro; en relación con lo cual el tribunal debe establecer que si bien es cierto que, constituye un derecho del imputado el no ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro, desde el momento en que se solicita la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba; no menos cierto es que, en la especie las exposiciones indicadas por el imputado se refieren a situaciones previas a su presentación ante la autoridad judicial, que en el marco de esta audiencia no se ha demostrado suficientemente que se correspondieran con una falta atribuida a la autoridad que dirigiera las actuaciones, ni la certeza y alcance de éstas; amén de que la actividad de los medios de comunicación, aunque enmarcada dentro de la Constitución y las leyes, se beneficia al amparo del artículo 49 de la Constitución, 22 de la Ley de Transparencia, No. 200-04, de la Convención Americana de Derecho Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales es signataria la República Dominicana, de una especial protección y apoyo de las autoridades públicas y de la ciudadanía, dada su importancia para promover y sostener las libertades públicas, defender el interés público y la democracia; al grado tal que, aún siendo el procedimiento preparatorio y por tanto la audiencia para medidas de coerción no público para los terceros (artículo 290, del Código Procesal Penal) la propia normativa procesal reconoce el derecho de acceso de los medios de comunicación, previa autorización a esta audiencia, cuando el imputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trate de una infracción que afecta el patrimonio público; por lo cual el medio planteado debe ser desestimado;

Considerando: que la defensa técnica del encartado Víctor Díaz Rúa presentó como cuestión incidental la violación del plazo de las 48 horas, establecido en la Constitución (artículo 40) en su perjuicio, pedimento cuya solución se hace también común a los demás encartados, por aplicación del efecto extensivo del proceso, y en torno al cual, el juzgado establece lo siguiente:

  1. Que ciertamente, la Constitución de la República dispone en su artículo 40, numeral 5 que, toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad; y que al tenor del artículo 224 del Código Procesal Penal, la persona detenida debe ser presentada en el termino de 48 horas de lo contrario debe ser puesto en libertad; así como la solicitud respecto de la medida de coerción que haga el Ministerio Público; al igual que el artículo 225 del mismo Código, al señalar que el arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que lo moti Si el ministerio público estima que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al juez en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, quien resuelve en una audiencia. En caso contrario, dispone su libertad inmediata;
  2. Que no obstante lo anteriormente establecido es indiscutible que resulta irreductible la obligación del Ministerio Público de presentar al imputado ante la autoridad judicial competente dentro del plazo constitucional; pero que en abono al principio constitucional de razonabilidad, al razonamiento lógico que debe acompañar la interpretación que debe hacer el juez de la norma y de que, como bien reconocen la doctrina y la jurisprudencia, a nadie se le puede obligar a lo imposible, una vez puesto el imputado a disposición del juez el deber de decidir la cuestión dentro del mismo plazo citado estará sujeto a que razonablemente pueda el juzgador resolver el asunto con la garantía integral de la Constitución, siempre que no se anteponga  a  su disposición de hacerlo un obstáculo insalvable, como resulta, por ejemplo, de peticiones, solicitudes y diligencias promovidas por el propio imputado o sus defensores en beneficio de sus intereses; con la salvedad, de que en la  especie, los mismos imputados requirieron a través de sus defensores la presentación de pruebas referidas por el Ministerio Público, aún cuando, en las medidas de coerción lo que la

ley exige es que las partes enuncien el contenido y valor de las pruebas que hayan obtenido hasta ese momento;

  1. Que además resulta conveniente por su utilidad orientadora, esbozar, a modo de hipótesis, la situación eventual de que presentados por el Ministerio Público ante el juez una cantidad extraordinaria de imputados por un caso complejo una hora o menos tiempo antes del vencimiento de las 48 horas, y los propios imputados, siempre con la hipótesis, presentaran petitorios y situaciones que impidan al juez obrar con rapidez ¿estaría el juez conminado a resolver precipitadamente, en términos de minutos, la cuestión planteada? Cabe preguntarse en el marco de la interpretación integral de la Constitución y de la transversalidad del principio de razonabilidad, si puede la norma imponer pertinentemente al juzgador tal imposibilidad;

Considerando: que la defensa del encartado Juan Temístocles Montás Domínguez presentó como cuestión incidental la exclusión de las piezas correspondientes a la traducción presentada por el Ministerio Público de los documentos incorporados a la glosa procesal del idioma portugués al español, porque no se hizo constar que se trataba de una copia fiel y conforme al original; en relación con lo cual el juzgado ha de puntualizar lo siguiente:

  1. Que el sentido de la norma relativa al asunto es la obligación de que sea traducido al español mediante intérprete judicial, todo documento redactado en idioma extranjero, pudiendo el imputado solicitar siempre la traducción de cualquier documento o registro que se le presente en un idioma diferente al suyo;
  2. Que la defensa del imputado Juan Temístocles Montás Domínguez cuestionó la calidad de la intérprete judicial Laura María Serra Nova, al señalar que ella no está acreditada conforme al artículo 9, de la Resolución 01/2013 del 18/2/13 del Consejo del Poder Judicial, pero luego de la intervención del Ministerio Público en la que presentó una certificación que la acredita como intérprete judicial, la defensa varió o reformuló su petición, pretendiendo la ilegalidad de las traducciones realizadas por ésta por no señalar, en la coletilla, que las traducciones del portugués al español fueron realizadas fiel y conforme a su original, y que en ese aspecto vulneraba, las disposiciones del artículo 99 y siguientes de la Ley No. 821, sobre Organización Judicial, lo cual  es a pena de nulidad; y la traducción es incorrecta si se le compara con la realizada por el intérprete judicial Manuel Pérez Hernández, aportadas por los solicitantes; pero, que si bien es cierto que la legalidad de la prueba puede ser invocada en todo estado de causa, no es menos cierto que en el caso de que se trata, resulta extemporáneo y frustratorio realizar un escrutinio, careo o confrontación de aptitudes entre dos traductores o intérpretes judiciales legalmente acreditados, por la simple descalificación hecha por un imputado, amparada en una traducción diligenciada extrajudicialmente sin autorización ni conocimiento previo del tribunal, por lo que procede desestimar por improcedente y extemporáneo el pedimento;

Considerando: que los defensores de los encartados Ruddy González y Máximo De Óleo presentaron como cuestión incidental la invalidez del testimonio de un imputado extranjero contra otro imputado; sin embargo, en atención a las disposiciones del artículo 172 del Código Procesal Penal, el juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba, de conformidad a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba; en tanto que, el artículo 155 del Código Procesal Penal establece que, “Los jueces y el Ministerio Público deben brindar la máxima cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras siempre que sean formuladas conforme a lo previsto en los tratados internacionales y en este código. En los casos de urgencia, el juez o el Ministerio Público, según corresponda, pueden dirigir, por cualquier medio, requerimientos de cooperación a cualquier autoridad judicial o administrativa, en cuyo caso informa posteriormente a la Secretaría de Estado  de  Relaciones  Exteriores”;  y  en  la  especie  se  trata  de  un  caso  con

características internacionales, cuyo centro de atención es Brasil, y que el propio código permite la cooperación internacional, por lo que nada impide que las declaraciones presentadas ante tribunales de otros estados por un imputado con relación al mismo asunto, sean propuestas como medios probatorios por lo menos en relación al objeto, al alcance y características de una medida de coerción, por lo cual procede desestimar el medio;

CON RELACIÓN AL FONDO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN:

Considerando: que el Código Procesal Penal al plantear las medidas de coerción se refiere a la restricción judicial del ejercicio de los derechos a la libertad y a la propiedad, temporal y excepcional, para sujetar al imputado al proceso penal y proteger a la víctima;

Considerando: que al tenor de lo dispuesto en los artículos 224 y siguientes del Código Procesal Penal, el Ministerio Público puede solicitar al juez de la instrucción la medida de coerción que corresponda para garantizar la presencia del imputado en el proceso; cuando exista un quantum probatorio para vincular razonablemente al imputado con la infracción, como probable autor o cómplice;

Considerando: que el artículo 226 del Código Procesal Penal señala que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción: 1. La presentación de una garantía económica suficiente; 2. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5. La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 6. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia  de otra persona,  sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; 7. La prisión preventiva. En cualquier caso, el juez puede prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa del imputado de someterse al procedimiento sea suficiente para descartar el peligro de fuga;

Considerando: que el artículo 227 del Código Procesal Penal establece que procede aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las circunstancias siguientes: 1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción; 2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento,

  1. La infracción que se  atribuya  esté  reprimida  con  pena  privativa  de

libertad;

Considerando: que con respecto a los elementos de prueba las partes pueden proponerlos para sustentar la imposición de las medidas y el juez valora estos elementos conforme a las reglas generales establecidas en la normativa procesal penal vigente, exclusivamente para fundar la decisión sobre Medida de Coerción; entendiéndose como prueba en esta fase del proceso, los presupuestos para sostener o no que el imputado es un probable autor o cómplice de una infracción, así como las demás circunstancias enunciadas en el texto de referencia, siendo suficiente con que las partes informaren al juez sobre el contenido y el valor de las que hubieren obtenido al momento de hacer la solicitud, pudiendo examinar incluso elementos que en otra etapa procesal no resultaren de importancia o utilidad;

Considerando: que de la exposición hecha por el Ministerio Público de los fundamentos de su solicitud, de las réplicas de las respectivas barras de los defensores, del examen de los documentos y presupuestos sometidos al contradictorio, el Juez de la Instrucción ha ponderado, en síntesis y en razón de la solución que dará al caso, que en un acuerdo suscrito en fecha 21 de diciembre del 2016 por la multinacional Constructora Norberto Odebrecht con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, dicha empresa acordó que revelaría hechos ilícitos cometidos en Brasil y el exterior, y el representante legal de dicha compañía asumió su responsabilidad por la violación de las legislaciones brasileña y suiza, y la ley estadounidense Anticorrupción (Foreign Corrupt Practices Act –FCPA-), resultando de dicho acuerdo el involucramiento de nacionales dominicanos en los ilícitos admitidos por Odebrecht, situación que motivó a que el Estado Dominicano, a través del Ministerio Público, iniciara una investigación en torno al caso, lo que ha dado como resultado la imputación de los ciudadanos cuya coerción ha sido solicitada, sobre la base a las figuras jurídicas que se describen en la parte inicial de esta decisión;

Considerando: que el Ministerio Público en su solicitud de Medidas de Coerción argumentó que el señor Ángel Rondón Rijo, en su condición de lobista de la Constructora Odebrecht, sobornó a funcionarios públicos dominicanos por aproximadamente Noventa y Dos Millones de Dólares (US$92,000,000.00), para que dicha compañía resultara beneficiaria en la asignación de obras públicas y con la rápida obtención de los financiamientos disponibles para la ejecución de las mismas, siendo estas las siguientes: 1) Acueducto de la Línea Noroeste, 2) Hidroeléctrica de Pinalito,

3) Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, 4) Hidroeléctrica de Palomino, 5) Acueducto de Samaná, 6) Acueducto Hermanas Mirabal, 7) Carretera de Casabito, 8) Autopista del Coral, 9) Corredor Duarte, 10) Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, 11) Carretera El Rio-Jarabacoa,

  • Corredor Duarte II, 13) Circunvalación de La Romana, 14) Carretera

Cibao-Sur, 15) Eco vías de Santiago, 16) Bulevar Turístico del Este y 17) Termoeléctrica de Punta Catalina; por lo que el Ministerio Público procedió a investigar a las personas que tuvieron incidencia en la asignación de tales obras, resultando encausados los hoy encartados, a raíz del suministro por la compañía Constructora Odebrecht de una lista donde se detallan los nombres de las personas que presuntamente recibieron dinero directa o indirectamente de la compañía;

Considerando: que de la exposición del Ministerio Público, los presupuestos presentados como fundamento y contradichos por las partes, este tribunal ha estimado atendibles para sustentar esta decisión, en los términos de lo que significa estrictamente la audiencia para medida de coerción los siguientes elementos con relación a cada imputado, tal como se describe a continuación:

  1. Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía y Planificación, quien se desempeñaba como Secretario Técnico de la Presidencia, haber recibido sumas de dinero por parte del imputado Ángel Rondón Rijo para asegurar la tramitación y el financiamiento de los préstamos de forma ágil, siendo señalado por los testigos brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz dentro del grupo de los funcionarios y legisladores sobornados por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht; puesto que mientras se desempeñaba como Ministro de Hacienda, la Constructora Norberto Odebrecht le hizo aportes para su campaña de pre-candidato a la Presidencia de la República Dominicana en los años 2008, 2012 y 2016;
  2. Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la provincia San Cristóbal, a quien el imputado Ángel Rondón Rijo habría contactado mientras fungía como Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de la República para la aprobación en el Senado de los contratos de préstamos; y participando en la aprobación de 11 contratos; además, que el testigo brasileiro Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, en sus declaraciones por ante las autoridades brasileñas, lo señaló como la persona encargada de influir en el Senado para que fuera aprobado sin contratiempos el préstamo; que influía en los demás miembros de la Comisión y que además Ángel Rondón Rijo le hizo donaciones para su campaña como Senador, durante los períodos 2008, 2012 y 2016;
  3. Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la provincia de Santiago de los Caballeros; quien habría recibido sobornos para la aprobación de contratos, como lo fue el contrato de financiamiento del Corredor Duarte I, siendo señalado, en ese sentido, por el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz, en sus declaraciones por ante el Ministerio Público de Brasil; como una de las personas encargadas de viabilizar todos los proyectos que favorecían a la Constructora Odebrecht durante su gestión, primero en su condición de presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente de miembro del Senado de la República por la Provincia de Santiago, recibiendo sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo;
  4. Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional, en relación con las declaraciones del ex ejecutivo de la Constructora Norberto Odebrecht, Ernesto Sá Viera Baiardi, quien manifestó que para la aprobación de los financiamientos y contratos relativos al proyecto del Acueducto de la Línea Noroeste, así como la ejecución de las obras complementarias, en el Poder Legislativo, el imputado Ángel Rondón Rijo contactó y sobornó a los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, imputados Porfirio Andrés Bautista García, Presidente del Senado y Alfredo Pacheco Osoria, Presidente de la Cámara de Diputados, quienes aceptaron sumas de dinero en dólares para la agilización y aprobación de contratos y préstamos, señalando además que sin el pago por parte de Ángel Rondón Rijo a estos legisladores el financiamiento no habría sido aprobado; aspecto que también corroboró el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz por ante el Ministerio Público de Brasil;
  5. Ángel Rondón Rijo, en síntesis, que éste habría sobornado a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a la Constructora Norberto Odebrecht en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, siendo este imputado el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada, señalado en ese sentido por el ex gerente general de la Constructora Norberto Odebrecht, en República Dominicana, el brasileño Marco Antonio Vasconcelos Cruz, así como por los señores Ernesto Sá Viera Baiardi, en torno a la elaboración de los contratos simulados; el brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares, en torno al argumento de que el dinero se depositaba en las cuentas de las compañías constituidas por Ángel Rondón o vinculadas a éste;
  6. Víctor José Díaz Rúa, con relación a la referida participación en la realización de varias de las obras descritas precedentemente, tales como Casabito, Autovía del Coral, Corredor Duarte, Acueducto de Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, habiendo recibido sumas millonarias de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mientras se desempeñaba como Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y luego como Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, y que trabajó directamente con éste para procurar la asignación de obras a favor de Constructora Norberto Odebrecht, por lo que recibió sumas millonarias y obtuvo un  incremento en su patrimonio de manera injustificada; que además fue quien contactó al D Conrado Enrique Pittaluga, para que sirviera de asesor y redactara el contrato con Odebrecht;
  7. César Domingo Sánchez Torres, en calidad de administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), habría firmado el contrato de fecha 30 de octubre de 2002, con la Constructora Norberto Odebrecht, para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito; en violación de la Ley 322 de 1981, al no asociar en ese momento, a la empresa extranjera, con una empresa nacional, para poder participar en el concurso y sorteo de dicha obra; y una vez asegurada la obra, procedió a firmar una adenda al contrato con la finalidad de incorporar a la Constructora Polanco S.A., junto a Odebrecht, en la construcción de la hidroeléctrica; siendo señalado en ese tenor por Marco Antonio Vasconcelos Cruz, en el sentido de que alegadamente fue sobornado por Ángel Rondón

Rijo para viabilizar la aprobación del referido proyecto, aceptando también soborno para que fueran contratadas las adendas I, II y III, al contrato de construcción de la Hidroeléctrica Pinalito; lo que incrementó injustificadamente su patrimonio, registrándose un aumento de un 96% en dos años;

  1. Ramón Radhamés Segura, quien como Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), habría firmado las adendas 4, 5 y 6, al contrato de construcción del proyecto Hidroeléctrico Pinalito, incrementándolo en su gestión en un 140%, quebrantando la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, pese a que el aumento del costo de la obra podría aumentarse únicamente hasta un máximo de 25% del monto del contrato original. Además, justificó, según la imputación, en esas adendas la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de la Carretera El Abanico – Constanza, y posteriormente dio un uso distinto al que fue contratado; lo que equivale a un desvío de los referidos fondos. La ampliación de la referida obra se debió al entramado de corrupción y la aceptación de los sobornos dados por la compañía a través del imputado Ángel Rondón Rijo, según testimonios de Ernesto Sá Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ante el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil; En cuanto a la aprobación y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Palomino, como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), habría firmado con la Constructora Norberto Odebrecht, representada en esa ocasión por Héctor De Abreu Azevedo, el contrato para la ejecución del mismo; verificándose irregularidades desde la firma del mismo, pues se realizó violentando las disposiciones de la Ley No. 322, sobre la participación de empresas extranjeras en las contrataciones de obras por parte del Estado, pues, al momento de ser contratada la empresa Constructora Norberto Odebrecht, no  se  había    asociado  a  ninguna  empresa  nacional.  La  empresa  logró asegurar su participación en la construcción de la hidroeléctrica, en razón de la relación próxima entre este imputado y Ángel Rondón Rijo, lo que le facilitó sobornarle para tales fines, según los testimonios referidos, y durante la gestión del imputado este proyecto registró un aumento de un 164% del monto original contratado, violentado lo dispuesto en la Ley No. 340-06; mientras que en la ejecución del Proyecto Carretera de Casabito, fraguó un concierto de voluntades con el fin de evadir los procesos legales establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, y dispuso un mecanismo ilegal para trasferir fondos de un proyecto a otro, violentado de esa forma la Constitución y el Código Penal Dominicano;
  2. Juan Roberto Rodríguez Hernández, como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), habría gestionado contratos del Acueducto de la Línea Noroeste; así como la realización de adendas para incrementar los beneficios de la compañía, aumentando el costo de dicho proyecto, producto de lo cual su patrimonio tuvo un crecimiento desproporcionado con relación al salario percibido por su función y su patrimonio inicial, lo que obedece, según la imputación, a los actos de corrupción en sus funciones públicas; cometiendo además falsedad declaración patrimonial, ya que, el imputado sólo declaró una parte de sus haberes;
  3. Porfirio Andrés Bautista García, como Senador por la Provincia Espaillat y varias veces Presidente del Senado, habría influido en la aprobación y ejecución del Acueducto de la Línea Noroeste, diligenciando la aprobación por parte del Senado del contrato de ejecución de esta obra, así como el aumento del costo como supuestas complementaciones para la terminación del citado acueduct Además, en la aprobación para el proyecto de ampliación, y para acortar el tiempo de la aprobación de los préstamos solicitados para tales fines; por otra parte, habría influido y gestionado la aprobación de los Proyectos Hidroeléctricos Pinalito y Palomino; así como el Acueducto Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, en su condición de funcionario público, como Senador de la República, al disminuir el  plazo de su aprobación; todo lo cual se basa en las declaraciones del testigo Ernesto Sa Viera Baiardi, el cual sostiene haber contactado directamente al imputado Porfirio Andrés Bautista, entre otros, con quienes sostuvo conversaciones sobre el proyecto, mostrando éstos interés en la aprobación de los préstamos para la ejecución de la obra;
  4. Ruddy González, en su condición de Diputado y Miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, habría influido en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte

financiamiento de dichas obras. Viabilizó todos los proyectos que se conocieron en su gestión, para recibir sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, según lo establece el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz;

  1. Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, habría influido en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito; manteniendo contactos para tales fines con el brasileño Héctor De Abreu Azevedo, director técnico de la Constructora Norberto Odebrecht, involucrado en Brasil en los casos de sobornos, persona que fuera responsable del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra;
  2. Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, habría estado involucrado en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte

imputado Víctor José Díaz Rúa, quien habría firmado el contrato disfraz de consultoría y que hizo posible la trasformación y cesión de la obra Autopista el Coral a la Constructora Norberto Odebrecht a cambio del 1.25% del valor total de la obra, y que por tanto responde a los intereses de la constructora, y habría sido la misma persona que en fechas 26 de febrero y 21 de abril del 2009, levantó, en su calidad de Notario Público, las actas de comprobación del proceso de recepción y apertura de los documentos fase I, así como la apertura de sobres que contenían las ofertas técnicas de la precalificación para la licitación pública de la construcción de esta obra. Conjuntamente con Víctor Díaz Rúa, habría recibido la suma de US$6,629,080.00, la cual fue pagada a través de la compañía Newport Consulting LTD,  una  compañía abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del intermediario del soborno señalado;

Considerando: que al considerar las réplicas producidas en el contradictorio por las distintas barras defensoras, la exhibición de documentos y los presupuestos depositados en apoyo a sus medios y que no se detallan en la sentencia, en razón de la síntesis y de la solución que se dará en el caso; el tribunal entendió que no bastaron para restar crédito, por lo menos como presupuestos para la medida de coerción, que es el ámbito que por ahora atañe a este tribunal a los fundamentos de la solicitud del Ministerio Público; que los encartados fueron precisos y detallados en el depósito y presentación de presupuestos tendentes a demostrar su arraigo social, familiar, patrimonial, etcétera, lo cual ha merecido la atención sosegada del tribunal, pero, es conveniente señalar, que para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción; más aún, cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho; entre otros presupuestos que la jurisprudencia ha tenido en consideración;

Considerando: que de la combinación de la lectura de los artículos 227, 229 y 230 del Código Procesal Penal, y evaluados todos los presupuestos anteriormente señalados, es preciso indicar que los justiciables son susceptibles de imposición de medidas de coerción, en razón de que los presupuestos probatorios sometidos al contradictorio son suficientes para sustentar, con probabilidad razonable, las circunstancias exigidas por la norma vigente y aportadas por la jurisprudencia, para tales fines;

Considerando: que al tenor de las disposiciones del artículo 234 del Código Procesal Penal, en su parte in fine, no puede ordenarse la prisión preventiva a una persona afectada por una enfermedad grave y terminal y entre los presupuestos aportados por el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, figuran diferentes certificaciones médicas, expedidas en diferentes fechas, en las que se puede advertir que el mismo presenta antecedentes médicos de hipertensión arterial de más de 15 años de evolución medicado de difícil control, síndrome metabólico por diabetes mellitus tipo II bajo control estricto con dieta y medicación de hipoglucemiantes orales, así como también antecedentes médicos importantes de hernia discal a nivel de L4-L5 y L5-S1, y disminución del agujero de conjunción C3-C4 y protrusiones discales escalonadas a lo largo de la columna cervical; presenta también trastorno depresivo recurrente, grave (Cie 10 F.32.2) con síntomas atípicos y que se encuentra bajo tratamiento farmacológicos; mientras que el imputado Ramón Radhamés Segura, presentó en sus presupuestos para el conocimiento de la presente medida de coerción, un informe médico expedido en fecha 2 de febrero de 2017, por su médico tratante, Dr. Richard F. Ambinder, del Departamento Jhh Oncology de Johns Hopkins Medicine, Baltimore, Estados Unidos, según el cual las “evaluaciones con endoscopia y colonocospia encontraron un pólipo sigmoideo que fue resecado. Un escaneo CT reveló un tumor en el hígado que abarcaba la totalidad del lóbulo derecho, con adenopatía aortocava positiva. Se le refirió al Dr. Pawlik en cirugía del John Hopkins para diagnóstico”;

Considerando: que el imputado Ruddy González aportó en audiencia, por ante este Juzgado de la Instrucción Especial, como parte de sus presupuestos para obtener su libertad, diversas fotocopias de informes médicos que no fueron traducidos del idioma inglés al castellano, por lo que no pudieron ser ponderados en la audiencia, en virtud del artículo 2 de la Ley No. 5136, del 18 de julio de 1912, el cual expresa: “Toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado o sus dependencias será expuesto por escrito u oralmente, según proceda, en idioma castellano, so pena de no ser tomada en consideración”; y del artículo 29 de la Constitución de la República, que consagra: “El idioma oficial de la República Dominicana es el español”; que en ese mismo orden, el ciudadano Ruddy González aportó una fotocopia de un informe sonográfico expedido el 11 de enero de 2011, por el Dr. Antonio Benítez Camporro, médico radiólogo del Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, C. x A., según el cual presenta: “Pequeño derrame pleural basal bilateral, datos de nefropatía de probable origen glomerular, ligero incremento del índice de resistencia en ambas arterias renales principales. Colelitiasis”; que además de haber sido presentado en fotocopia no está avalado científicamente como presupuesto de una enfermedad grave o terminal;

Considerando: que dentro del legajo de los presupuestos presentados por el imputado César Domingo Sánchez Torres, reposa la fotocopia de un certificado de salud y asistencia médica, expedido por el Dr. Juanico Gonzalo Cedano Ramírez, internista Cardiólogo-electrofisiólogo, el 31 de mayo de 2017, señalando que el paciente presentó “hipertensión arterial sistémica primaria”; el cual además de haber sido aportado en fotocopia, no constituye suficiente fundamento de la existencia de una enfermedad grave o terminal;

Considerando: que por otra parte, el Ministerio Público solicitó que el presente proceso sea declarado complejo, estableciendo entre sus fundamentos que, en el caso se evidencia una multiplicidad de hechos punibles y una pluralidad de imputados e investigados; hechos de irrebatible tramitación compleja, por cuanto, fueron realizados por una estructura criminal organizada de perfil transnacional, que operaba desde Brasil con ramificaciones en numerosos países, incluidos la República Dominicana, al tiempo, que la investigación implica multiplicidad de hechos; y que se trata de hechos de corrupción los cuales son considerados por los tratados internacionales, como delincuencia organizada; por lo que, están presentes las condiciones exigidas por el legislador para la aplicación del procedimiento en cuestión;

Considerando: que el artículo 369 del Código Procesal Penal, dispone que, cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del Ministerio Público apoderado de la investigación, antes de la presentación de cualquier requerimiento conclusivo, el juez puede autorizar, por resolución motivada, la aplicación de las normas especiales previstas en este título;

Considerando: que con relación al imputado Bernardo Castellanos, es preciso señalar que en audiencia del 30 de mayo del 2017, el mismo fue desglosado del proceso, estableciendo que: “si bien es cierto que el encartado Bernardo Castellanos no está presente en el proscenio y que se ha evidenciado que no fue regularmente citado, y que el juez, como garante de la Constitución y por aplicación del Principio de Oficiosidad, procuró la asignación de defensores Públicos, los cuales concluyeron en la vista solicitando la suspensión del proceso, porque no se podían asumir per se dicha defensa, no es menos cierto que tratándose de una vista para conocer de una solicitud de medida de coerción, con relación a catorce personas, de los cuales diez están privadas de libertad, comportaría una arbitrariedad atar a la suerte procesal de dichos imputados a la situación jurídica de una persona que se encuentra en libertad y que nada impide que su proceso sea desglosado, ya que esta medida es una cuestión de hecho sometido a la soberana apreciación de los jueces con base en el principio de razonabilidad y en el Código Procesal Penal, que obliga al juez a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución”;

Considerando: que en atención a las  consideraciones precedentemente expuestas, en cuanto a la solicitud de complejidad procede acoger la misma;

Por tales motivos, y vista la Constitución de la República, la Convención Americana de Derecho Humanos, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código Procesal Penal modificado por la Ley No. 10-15, del 10 de febrero de 2015, la Ley No. 834, que modifica el Código de Procedimiento Civil, Ley No. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156-97, Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, Ley No. 821 de Organización Judicial, Ley No. 5136, la Resolución No. 1731-2005, así como todos los textos legales invocados por las partes, este Juzgado de Instrucción de la Jurisdicción Privilegiada,

RESUELVE:

PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma la solicitud de medida de coerción hecha por el Procurador General de la República Dr. Jean Alain Rodríguez, en contra de los ciudadanos Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía y Planificación, Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros; Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo; Víctor José Díaz Rúa; César Domingo Sánchez Torres; Ramón Radhamés Segura; Juan Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García; Ruddy González; Bernardo Antonio Castellanos de Moya; Máximo Leónidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, a quienes se les sigue la instrucción e investigación por presunta violación a las disposiciones legales contenidas en los artículos 146 de la Constitución de la República, 123, 124, 125, 166,

167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 2 y 3 de la

Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y, 2 y 7 de la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio; por ser conforme a la norma procesal vigente;

SEGUNDO: En cuanto al fondo se imponen contra los imputados las siguientes medias de coerción:

La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 7mo., consistente en prisión preventiva contra:

  • Ángel Rondón Rijo, por espacio de Un (1) año, a ser cumplido en la Cárcel Pública de La Victoria;
  • Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por espacio de Nueve (9) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo;
  • Juan Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista García y Ruddy González, por espacio de Seis (6) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo;
  • César Domingo Sánchez Torres y Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, por espacio de Tres (3) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo;

La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 6to., consistente en arresto domiciliario, contra:

  • Ramón Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez Hernández; por espacio de Nueve (9) meses;

Las establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numerales 1ero. y 2do., consistentes en la presentación de una fianza ascendente a RD$5,000,000.00, como garantía económica; e impedimento de salida del país, contra:

  • Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros, y Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional;

TERCERO: Se declara complejo el presente proceso;

CUARTO: Se le otorga un plazo de ocho (8) meses al Ministerio Público para concluir el procedimiento preparatorio, tal y como lo dispone el Artículo 370 del Código Procesal Penal;

QUINTO: Rechaza todas las excepciones e incidentes presentados por las barras de la defensa por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal;

SEXTO: Ratifica el desglose del imputado Bernardo Castellanos;

SÉPTIMO: Se le advierte a las partes que estén en desacuerdo con esta decisión, que tienen un plazo de veinte (20) días, a partir de la notificación de esta decisión para apelar la misma;

OCTAVO: Se declara el proceso libre de costas.

(Firmado).- Francisco Antonio Ortega Polanco.

La presente Resolución ha sido dada y firmada por el magistrado en funciones de Juez de la Instrucción Especial que figura más arriba, en la audiencia pública del mismo día, mes y año, en él expresado, lo que yo, Secretaria General, certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, en fecha 9 de junio de 2017, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuestos internos.

Cristiana A. Rosario V.

Secretaria General

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