Bases del Pacto Eléctrico

Por: Redacción

Por Rafael Peralta Romero/Voces y ecos

La Presidencia de la República ha dado a conocer el borrador del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana (2021-2030)”, el cual habrá de ser firmado por la máxima representación de la sociedad dominicana: estatal, empresarial, política, gremial, religiosa…

El documento tiene 68 páginas. En esfuerzo de síntesis, les presento las bases en que se sustenta el Pacto. Lo primero es que la energía eléctrica es un servicio esencial para lograr el desarrollo económico y social del país y debe ser provisto en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental y con una adecuada gestión de riesgos.

Un suministro de electricidad crecientemente sostenido, de mejor calidad, confiable, eficiente, resiliente y al menor precio posible constituye el propósito social fundamental de los acuerdos, convenios, tratos, valoraciones y políticas derivadas del presente Pacto. Lograrlo, depende en buena medida de asegurar que el mercado eléctrico funcione de manera fluida y competitiva, donde todos los agentes que participan en el mismo cumplan sus roles con eficiencia, transparencia y apego a la ley.

Los acuerdos y compromisos asumidos en este Pacto son de distinta naturaleza. Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas; otros exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados; y otros promueven cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano, personal y colectivo.

Los acuerdos que han resultado del diálogo franco y abierto entre los compromisarios del Pacto, están orientados a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del subsector eléctrico, así como, eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas.

Entendemos que el logro de todo lo anterior contribuirá a mejorar la confianza, el clima de inversiones, la competitividad empresarial y sistémica, el desempeño sostenible de las finanzas públicas y la ejecución de importantes programas gubernamentales llamados a resolver problemas cruciales del desarrollo del subsector y del país.

Afrontar el reto de la transformación y modernización del subsector eléctrico es una prioridad estratégica nacional que demanda un fuerte compromiso político y social, a fin de que las políticas a implementar se asuman como políticas de Estado. Por tanto, este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030.

El principal valor agregado de este Pacto será implementar mecanismos adecuados y transparentes para el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos, así como la definición de cronogramas, metas cuantificables y mecanismos para el seguimiento, la evaluación, la veeduría ciudadana y la retroalimentación constante, con la participación social activa y sistemática.

La transformación del sistema eléctrico merece la inversión en esfuerzos y sensatez.

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