SANTO DOMINGO, RD.- El Procurador de corte, Francisco Contreras Núñez, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), señaló la importancia de que la República Dominicana encamine sus pasos hacia la restauración y remediación ambiental, así como también en la aplicación de mecanismo de seguimiento, que obligue al infractor a cumplir con la restauración del daño causado al medio ambiente.

“En el país debemos agigantar los pasos de la restauración y remediación ambiental, para que no sigamos sumando pasivos, sino que aquel que en un momento dado cometa daños considerables contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de tener consecuencias en el orden económico, también se le imponga restaurar el daño causado y ser supervisados con un mecanismo de seguimiento”, explicó Contreras, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

El titular del órgano persecutor de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales llamó a la sociedad a estar atentos al cuidado de los recursos naturales con los que cuenta el país, para trabajar de manera conjunta en la tarea de evitar el daño al que son sometidos, en las diversas formas de depredación.

“Debemos prestarle atención a nuestras montañas y las lomas, que cada día están siendo depredadas por un cultivo agrícola extralimitado”, dijo Contreras Núñez, quien señaló como un ejemplo de los resultados de ese proceso de depredación, lo ocurrido con la vegetación y las áreas verdes de Haití

Contreras Núñez destacó que, si hay algo importante en que constituye el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente de este año 2024, es que se centra en restaurar la tierra y por ende, como seres humanos y parte de la sociedad “debemos ser generadores de paz en favor del medio ambiente y esa paz se logra cuidándolo y restaurándolo”.

El representante del Ministerio Público indicó que la Proedemaren tiene como prioridad la propuesta, en el marco del plan operativo, de la prevención y la persecución de los delitos ambientales que atenten no solo contra aquellas situaciones que pueden ocasionar la desertificación, sino también aquellas que pueden afectar todo lo que es biodiversidad.