El alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa (Opi) sostenido por dos agentes de la Policía Nacional.

SANTO DOMINGO ESTE.- El juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Darío Gómez, dictó tres meses de prisión para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, por el alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa (Opi), acusado de contratar dos gatilleros para que asesinaran a su compañero del Partido de la Liberación Dominicana, el regidor Renato Castillo.

Al inicio del conocimiento de la medida de coerción iniciada a las 3:00 de la tarde, tanto el Ministerio Público, la parte civil y el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, informaron su petición de un año de prisión para el alcalde de Bayaguana por considerar el caso “de complejo y delicado”.
Sin embargo, al término de dicho conocimiento, las partes calificaron como “justa la medida de 3 meses de coerción”, en Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís hasta que se disponga apertura a juicio y se tome la decisión definitiva sobre el caso que pesa en su contra.
David Ruiz, uno de los abogados de la víctima, informó que el juez encontró  “real y efectivamente,  tal como lo había expresado el Ministerio Público y representantes del occiso, elementos probatorios suficientes para  sostener la teoría de la vinculación entre la autoría intelectual del alcalde de Bayaguana y autoría material del asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo”.
El alcalde inmediatamente quedó destituido, aclaró el Procurador Fiscal,  y la vicealcaldesa de Bayaguana debe asumir el cargo de alcaldesa.
Dionisio Restituyo, explicó que  una de las solicitudes hecha por  la parte civil querellante, fue sobre la imposición de una medida real de interposición para garantizar los derechos de las víctimas, entre las que se puede inscribir hipoteca judicial  para garantizar 200 millones de pesos, pero dicha petición fue rechazada por el Juez.
El juez  Darío Gómez, también fijó para  el mes de octubre, a las dos de la tarde, la revisión obligada de la medida de coerción en la sala de audiencias de la Procuraduría de la provincia Santo Domingo.
Tomás Castro, abogado defensor del alcalde, dijo que “había una línea bajada desde la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para esa decisión de los tres meses, es una medida prefabricada”.
Negó que “estemos en presencia de una industria de sicariato, porque en este país todos los días matan gente, dijo Castro, el crimen es una especie de alarma social que indica que en la sociedad las cosas no andan bien.
David Ruiz, abogado de los familiares se quejó de que aparecieron ciudadanos pretendiendo estar en la sala de audiencia sin ser parte del proceso.
Solo pueden estar en la sala de Audiencia el Ministerio Público, los querellantes y el imputado, la medida de coerción no tiene carácter público.
El alcalde Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi) está acusado de ser el autor intelectual de la muerte del regidor de esa jurisdicción, Renato de Jesús Castillo Hernández, de 42 años.
La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo presentó acusación bajo la calificación jurídica temporal de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297,298 del Código Penal Dominicano y 2, 39 de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, en perjuicio del hoy occiso, Castillo Hernández.
Según el expediente, Castillo Hernández, fue asesinado la noche del miércoles 25 de junio por dos sicarios contratados por el alcalde de Bayaguana.