Acción contra la corrupción

Así no… se predica con ejemplos

Por Rafael Polanco/PASANDO REVISTA*

Sin haber tomado posesión del cargo de Presidente de la República, para el que fue elegido el pasado 5 de julio, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, sigue dando señales de que el gobierno del cambio que prometió durante su campaña parece será una realidad.

La mayoría de los ciudadanos esperan que así sea. La manera y el tiempo en el que anuncia quiénes serán los miembros de su gabinete, permite que la gente conozca anticipadamente a los que estarán al frente de la cosa pública.

Otro elemento a resaltar es el haber expresado su decisión de consultar al liderazgo nacional para buscar soluciones a las crisis sanitaria, económica y financiera que afectan a los dominicanos. Sin dudas que eso habla bien de sus intenciones, aunque hay quienes dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Desde el inicio de la pandemia y de las primeras medidas anunciadas por el gobierno que agoniza, he insistido en la necesidad de que el presidente Danilo Medina Sánchez debió convocar al liderazgo nacional para escuchar opiniones y orientaciones que pudieran haber evitado los más de mil muertos y los casi 70 mil contagiados por el coronavirus.

Advertí de lo errónea que resultaba la designación de funcionarios públicos que nada saben de medicina al frente de las comisiones que trabajarían para enfrentar la pandemia y citaba el caso de Uruguay, donde se nombró un equipo de especialistas para el manejo de la enfermedad y otro de expertos, para asesorar al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.

Pero no, cual Chapulín Colorado, el presidente Medina Sánchez insistió en manejar la crisis a su manera y con la sola participación de sus funcionarios.

Pienso que el presidente electo debe concentrar su accionar, previo a su toma de posesión, a reforzar los planes ya elaborados con su equipo de trabajo y no dejarse distraer con las históricas denuncias de acciones dolosas en las instituciones públicas durante la transición.

Por lo general, son denuncias que se quedan en el aire, pues no incluyen los nombres de los supuestos responsables y, si los citan, siempre son los peones, no los turpenes, pues se habla de complicidad que deriva en impunidad, situación que ha provocado que los dominicanos hayan perdido la confianza en las instituciones y los funcionarios que las dirigen.

El anuncio del licenciado Abinader Corona de que hará un gobierno ético y honesto, da lugar a aumentar los niveles de esperanza de la población, cansada de la corrupción que arropa a los gobiernos en cada ejercicio gubernamental.

Todavía truenan en los oídos de los ciudadanos aquellas expresiones del doctor Joaquín Balaguer cuando afirmó que la corrupción se detenía en la puesta de su despacho, admitiendo que los robos campeaban en su gobierno, pero nada hizo para impedirlos.

La República Dominicana ha sido situada en los primeros lugares entre los países de América Latina en materia de corrupción administrativa, que se afirma está generalizada entre los funcionarios públicos. Hubo un momento en que se dijo que el 87% de la población estimaba que la mitad o más de la mitad de los políticos están involucrados en los actos de corrupción.

En cada cambio de gobierno, los ciudadanos cifran su esperanza en que el nuevo régimen produzca hará mejor las cosas y, en esta ocasión no es la excepción, la gente aspira a que, en la práctica, lo que pregonó el presidente electo, sea realidad, que habrá transparencia en el accionar suyo y de sus funcionarios.

Observando el panorama actual, pienso que las nuevas autoridades en vez de distraerse cuestionando las medidas que adoptan el presidente Medina Sánchez y sus funcionarios, deben centrar sus esfuerzos en prepararse para tomar medidas extremas, que coadyuven a enfrentar la difícil situación que van a heredar.

Deben estar conscientes de que el presidente Medina Sánchez y sus funcionarios están amparados por la Constitución y las leyes para gobernar hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana, cuando está prevista la toma deposición del nuevo gobernante.

La Constitución y las leyes los amparan para actuar en el marco de sus atribuciones, jamás para cometer diabluras con miras a sacar provecho a su favor o de sus allegados.

Nada les impide a los nuevos funcionarios, a instalarse a partir del 16 de agosto, revisar las acciones de sus antecesores, durante la transición y más atrás, si así lo consideran, pero cuidándose de no mostrar que actúan en base a revanchismo, resentimientos y persecución.

Eso no significa, de ninguna manera, que ignoren las malas acciones que se pudieran haber cometido. Hay que documentar los casos que se han denunciado de compras irregulares, de asignaciones de obras grado a grado, en fin, de todo lo que esté reñido con la Constitución y las leyes y traducir a la justicia a los responsables, sin importar su jerarquía o investidura.

A propósito del tema, ha creado gran expectativa el anuncio de que el nuevo mandatario designará una persona independiente para ocupar la Procuraduría General de la República.

La población sigue a la espera de que se dé a conocer el nombre de esa persona, de la que se afirma, tendrá facultad para actuar libremente, conforme a sus atribuciones. Así se espera que suceda en la práctica, pues Juan pueblo dice que, del dicho al hecho, hay mucho trecho.

Se recuerda que el Movimiento Marcha Verde y Participación Ciudadana a raíz de los casos de corrupción en las oficinas de Ingeniero Supervisores de Obra del Estado (OISOE) y Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), denunciaron la posible existencia de estructuras mafiosas y de corrupción en numerosas instituciones del Gobierno.

Como esos casos, el de los sobornos de la empresa Odebrecht, hay otros denunciados y que están pendientes de que sean ventilados en la justicia y que se apliquen condenas ejemplarizadoras.

Se habló de la necesidad de abrir una investigación penal de los técnicos y altos funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que expliquen con detalles las situaciones que han sido objeto de cuestionamiento.

Hay algunos casos que están en los tribunales, pendientes de fallos, por lo que se espera que los mismos concluyan con las condenas de quienes resulten culpables de haber sustraído los bienes del Estado, vale decir, del pueblo.

Los ciudadanos aspiran a un gobierno ético, honesto, transparente y transparente, en el que se actúe con firmeza contra la corrupción, en el que no existan corruptos favoritos. El que robe, que pague por su acción.

*Periodista y politólogo

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