“En pro de la psiquiatría moderna para el sistema Público”

“En pro de la psiquiatría moderna para el sistema Público “
Sin muchas esperanzas en los resultados, porque muchos políticos sólo se interesan en cuestiones de salud cuando hay datos que resultan atractivos, les comparto información desde esa perspectiva.

Por Manuel Mota Castillo, MD

En medio del entusiasmo que han traído a la población los “primeros vientos” del nuevo gobierno, nada se ha dicho de mejorar los servicios de salud mental comunitarios y considerando que “escobita nueva barre bien”, ¿Qué tal si alguien se motiva a iniciar una modernización de la atención psiquiátrica que el ministerio de salud ofrece a la población general?

Nuestro país es privilegiado al tener psiquiatras, psicólogos y terapistas bien calificados. Conozco a muchos de ellos, y de otros he oído sobre sus reputaciones, por lo que tengo la impresión de que el servicio psiquiátrico a nivel privado es apropiado.

Sobre las atenciones en los hospitales públicos no tengo información, aunque me han comentado que las comunidades carecen de servicios extendidos y tampoco existe una legislación específica que proteja la privacidad de la información médica y penalice a los que la infrinjan, tal como se reguló en la Ley 172-13 la protección de la información financiera.

A sabiendas de que muchos políticos sólo se interesan en cuestiones de salud cuando hay datos que prueben resultados lucrativos, compartiré información desde esa perspectiva.

En un documento publicado en el 2017 bajo el título “Reseña sobre la Salud Mental”, el Banco Mundial dice: “Los países no están preparados para enfrentar este problema, con frecuencia “invisible” e ignorado. Pese a su carga social enorme, los trastornos mentales continúan estando ocultos debido a los estigmas, los prejuicios y el temor a perder el empleo o la posición social si se revela una aflicción, o simplemente por la falta de servicios de apoyo social o médico o porque estos no se encuentran al alcance de los afectados y sus familias.”

Irónicamente, el organismo monetario comienza hablando de los estigmas y no de la carga económica que representan las enfermedades mentales y más adelante presenta las cifras (que deberían alarmar a los gobernantes) de lo que cada país pierde con la productividad disminuida a causa de los trastornos mentales no tratados, o medianamente tratados.

Como dato curioso, en la mayoría de las naciones se considera la Depresión Mayor como la principal causa de incapacidad laboral mientras que la depresión bipolar se ubica después de las ansiedades. La realidad demuestra que lo opuesto es la verdad. Lo que ocurre es, que muchos casos de Depresión Bipolar son diagnosticados como Depresión Mayor y no responden a tratamiento con medicinas antidepresivas.

En los países con desarrollo económico avanzado el costo de las hospitalizaciones y visitas a las salas de emergencia es escandaloso. Por ello se toman medidas para mantener controlados a los pacientes, no sólo los psiquiátricos, con tratamiento ambulatorio.

Una de esas medidas es la que quiero sugerir a las nuevas autoridades de salud. En los países de habla inglesa se conoce como PACT (Program of Assertive Community Treatment), que mantiene al paciente en su casa y allí le provee los servicios médicos de nivel hospitalario con equipos de personal médico, de enfermería, de trabajo social, expertos en adicciones y en rehabilitación vocacional, a los que se les asigna cierto número de pacientes con enfermedades crónicas o discapacidades físicas o intelectuales, para tratarles en sus propias casas.

La operación requiere de una estructura que envuelve detalles cuya explicación no cabría en este artículo. Sin embargo, si alguien se interesase en implementar esta idea, y requiere datos adicionales, puede escribirme a la dirección electrónica que dejaré al final.

El otro tema que mencioné es la privacidad de los expedientes médicos. En muchos países existen leyes que protegen la información del paciente y regula el trasiego de información médica que denominan “datos que pueden identificar a una persona”.

Para motivar a los legisladores puedo contarles que una ley de este tipo garantiza que un empleado de una clínica, consultorio u hospital no filtrará a una red social la información sobre un procedimiento médico que una persona con aspiraciones políticas preferiría mantener en privado.

Una ley de este tipo establecerá un sistema de penalización con multas elevadas y prisión, por lo que el personal de los centros de salud se sentirá menos inclinado a cometer indiscreciones y se cuidará de ser negligente. Será cuidadoso con el manejo y envío de la información médica confidencial, confirmará bien el correo electrónico y el teléfono del paciente y no dejará mensajes con personas que el paciente no haya autorizado.

Donde existen estas leyes se prohíbe dejar mensajes explicativos en los buzones de voz (se dice: “este mensaje es para doña María. Su doctor -sin decir el nombre-) quiere que le devuelva la llamada”). Siguiendo esa línea de pensamiento, se usan abreviaturas en lugar de nombres al enviar información de un médico a otro y no se editorializa. Sólo se provee información objetiva. No se dice “le advierto que este paciente es un dolor de cabeza”.

Se me ocurre que un nombre que este tipo de ley podría ser Reglamentos y Ordenanzas para Proteger la Privacidad del Paciente (ROPPA), o algo parecido. Las siglas suenan como ropa, que lleva el mensaje subliminal de “cubrir” la información.

Como en el caso de las unidades del tipo “PACT”, hay muchos detalles que cabría mencionar, pero no hay espacio para ello.

En el próximo artículo hablaré sobre la necesidad de enfrentar el problema del alcoholismo y otras adicciones desde la perspectiva del daño económico y sufrimiento personal que causan.

Dr. Manuel Mota Castillo, Psiquiatra
Manuelmota@hotmail.com

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