SANTO DOMINGO OESTE.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre que habría abusado sexualmente de su hija de 12 años de edad, el pasado 23 de julio de 2018.
En la instancia con la solicitud de la imposición de medidas de coerción, el Ministerio Público expresó que el imputado fue a buscar a la menor a la vivienda donde ésta reside junto a su madre, en el sector Manoguayabo, procediendo luego a llevársela al municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata, donde habría cometido el abuso sexual.
La información ofrecida por el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa, indica que el nombre del presunto agresor y el de la menor fueron omitidos para proteger la identidad de la víctima.
El expediente indica que el imputado se llevó a la menor bajo la falsa promesa de realizarle unas fotografías en Bayaguna y que luego la trasladó a una vivienda de este municipio, donde presuntamente aprovechó que la víctima estaba durmiendo para cometer el abuso sexual.
Al ofrecer la información, el Ministerio Público señaló que en la evaluación psicológica forense la víctima manifestó que su padre no pudo continuar con dicha acción ilícita porque ella despertó y salió corriendo del referido lugar.
Detalló respecto al caso, que la adolescente en la evaluación psicológica también denunció que su padre habría intentado en otras ocasiones cometer dichas acciones ilícitas, mientras ella se encontraba en su residencia.
La medida cautelar, que deberá cumplir el imputado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, fue impuesta por la presunta violación de los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, así como por la violación de los artículos 12 y 396, literales B y C, del Código para el Sistema y Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03).
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Sandy Santana, mientras que en la investigación por la magistrada Elizabeth Báez.
La institución aseguró que cuenta con evidencias suficientes para demostrar en los tribunales la responsabilidad penal del imputado de este condenable hecho, al tiempo de asegurar que procurará justicia.
