Solicitan investigación supuesta estafa en ingenio Barahona

Por: Tony Valerio

SANTO DOMINGO, RD.– Mediante denuncia presentada ante la procuradora, Miriam German Brito, la Articulación Nacional Campesina (ANC), solicitó una investigación a Virgilio Pérez Bernal, presidente del Consorcio Azucarero Central (CAC), y a Juan Francisco Matos Castaños antiguo director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por estafa contra el Estado dominicano y la Región Enriquillo, con el manejo al contrato de arrendamiento del ingenio Barahona.

Los campesinos exigen la terminación inmediata de lo que llaman contrato-estafa y proponen que las tierras y demás activos del ingenio Barahona sean gestionados de manera social por una Cooperativa de producción integrada por los trabajadores a beneficio de las comunidades y el desarrollo de la región más pobre de la Republica Dominicana integrada por las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

Según varios documentos presentados junto a la denuncia depositada en la Procuraduría General de la República, los campesinos señalan un conjunto de irregularidades y situaciones dolosas que hacen insostenible el mantenimiento del referido contrato, según afirman.

Entre las irregularidades señaladas mencionan que CAC duro 11 años sin pagar las cuotas de arrendamiento fijo y variables al CEA, que se le reconocieron inversiones falsas a los arrendatarios privados, se falsificaron los inventarios de los terrenos entregados en 100 mil tareas de tierra nacionales, entre otras acciones dolosas que no han podido ocurrir sin que los titulares del CEA durante varios años no hayan recibido ningún beneficio por ello.

La Articulación Nacional Campesina argumenta en nota de prensa enviada a este medio, firmada por su dirección ejecutiva que el conjunto de irregularidades descubiertas y denunciadas convierten el contrato de arrendamiento del ingenio Barahona en un documento legalmente nulo, por lo cual las organizaciones de trabajadores, campesinos, sociales y comunitarias de la Región Enriquillo desde ya se están preparando para movilizar las comunidades para recuperar los activos del ingenio Barahona.

Exigieron de igual modo consecuencias penales para todos los responsables de estos actos, la suspensión del contrato de arrendamiento y la intervención del ingenio con la designación de una comisión especial provisional por parte del Poder Ejecutivo, hasta tanto se esclarezcan los detalles de estos hechos y se regularice este patrimonio público a favor de la región más pobre del país, que ha sido según concluyen “vilmente estafadas”.

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