¿Justicia o circo?, desde Balaguer hasta Abinader

Por: Redacción

Por Rafael Polanco/PASANDO REVISTA*

Sin estarlo buscando, encontré un expediente que tenía guardado y que a lo largo del tiempo a muchos se les ha olvidado. Es el juicio ventilado a partir de 1987 que se extendió hasta septiembre de 2001 contra el presidente número 48 de la República Dominicana, doctor José Salvador Omar Jorge Blanco y una buena parte de los jefes militares y policiales de su gobierno, ejercido entre el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986, que incluía además otros tres ciudadanos civiles, dos ex funcionarios y un empresario.

Se trata del proceso número 54-87 en contra, además de Jorge Blanco, de Manuel Antonio Cuervo Gómez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, Juan José Rodríguez Ortiz, ex jefe de la Policía Nacional, Leonel Almonte Vásquez, ex Asesor Presupuestario del Poder Ejecutivo, Juan Tomás Peña Valentín, empresario privado y los ex generales policiales Ganimedes Ramírez Pérez, Eleodoro Berroa Contreras, Ricardo Batista Hernández, general retirado del Ejército Nacional, Milton Marino Mir González, coronel retirado de la Policía, Manuel Gil Medina, primer teniente retirado del Ejército y Tamara Mercedes Vásquez, ex funcionaria pública.

Ahora que están en marcha procesos que involucran a altos oficiales militares y policiales, a empresarios y políticos, incluyendo familiares cercanos del pasado presidente Danilo Medina Sánchez, me pareció válido hacer una comparación entre lo que sucedió en 1987 y las situaciones de ahora.

Aunque robo es robo, sin importar el monto y más cuando se trata de fondos públicos, resulta que, hasta dónde tengo conocimiento, Jorge Blanco es el único ex presidente que ha sido encarcelado en el país, acusado de desfalco que se habría cometido en compras realizadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no por el Palacio Nacional y que no superó los 25 millones en cuatro años.

Ese proceso tuvo su inició en una denuncia-querella presentada por el jurista Marino Vinicio Castillo, Vincho y el Estado se constituyó en parte civil. Pasados algunos años, el entonces presidente Joaquín Balaguer Ricardo, declaró que se trató de una persecución política, quizás eso explica las razones del por qué se afirma que, a los acusados no se les respetaron sus derechos.

Como ahora se habla de que los expedientes abiertos contra ex funcionarios del pasado gobierno de Medina Sánchez no es otra cosa que, procesos mediáticos o circo político contra militares y policías activos de alta graduación, ex funcionarios, empresarios y políticos, acusados de actos corrupción, que reclaman se les respeten sus derechos, actuando en el marco del debido proceso.

Es necesario que a los acusados se les prueben los hechos y que a los que resulten culpables, se incauten los recursos robados al erario, de los impuestos que pagamos los dominicanos.

Hay una diferencia abismal entre el proceso llevado en el Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, dirigido por la magistrada Francia Concepción Martínez, Conchita, que dictó una providencia calificativa en apenas 13 páginas, escritas a doble espacio y los expedientes de ahora, que contienen cientos de páginas explicativas del contenido de las acusaciones y las supuestas pruebas de las que se disponen.

El documento que envió por ante un tribunal criminal al ex mandatario y los demás coacusados, está fechado 4 de agosto de 1987 y firmado, además de la jueza Conchita Concepción Martínez, por su secretaria Eladia Pérez y Sosa.

Poco tiempo después de iniciada la acción judicial contra el ex mandatario, éste se asiló, a finales de abril de 1987 en la embajada de Venezuela en el país, ubicada entonces en el ensanche Nato, muy próxima a su residencia.

Fue procesado en un juicio en contumacia iniciado el 16 de noviembre de 1988 y en un plazo récord de 11 días, condenado a 20 años de prisión y al pago de 100 millones de pesos de multa.

Tras la condena decide regresar al país y enfrentar la justicia, lo hace el 30 de noviembre de ese año, siendo apresado en el aeropuerto y encarcelado, dando inicio a un largo proceso legal que culminó en septiembre de 2001, cuando el entonces presidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez dispuso retirar la querella, en una especie de indulto disfrazado.

Jorge Blanco nació en Santiago, el 5 de julio de 1926 y falleció el 26 de diciembre de 2010. Se inició en la política en la Unión Cívica Nacional (UCN), de la que fue su principal activo en su provincia natal, donde trabajó para llevar a Viriato Fiallo a la presidencia en 1962, pero fueron derrotado por el profesor Juan Bosch y su partido, el PRD.

Se separó de esa organización cuando Fiallo apoyó el golpe de Estado contra Bosch y en la guerra de abril de 1965 fue Procurador General en el Gobierno de Armas del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. A partir de entonces se vinculó al PRD, del que fue senador del Distrito Nacional, en el período 1978-82 y al salir del Senado asumió la presidencia de la República, tras ganar las elecciones de ese año.

Aunque el ex presidente Mejía Domínguez ha sido reiterativo en afirmar que no le gustan los sometimientos contra ex presidentes, la realidad es que siempre se ha dicho que la cárcel se hizo para los hombres, diría que, para los ciudadanos de ambos sexos, pues el que roba o permite el robo de los fondos públicos o de cualquier tipo, debe pagar por sus hechos.

Desde la misma fundación de la República, siempre se ha dicho que los políticos que llegan al poder, toman el erario como un botín y se sirven de él a sus anchas, creo que en algún momento alguien tenía que ponerle freno a la corrupción, que, no hace mucho, se detenía en la puerta del despacho de quien ostentaba la presidencia, ojalá que, al mandatario de turno, Luis Rodolfo Abinader Corona no le llegue tan cerca.

Lo deseable sería que imitemos el ejemplo del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte y aprendamos a rendir cuentas, a seguir su ejemplo, pues para en la campaña del sur, en una expedición hacia Baní, le entregaron mil pesos, gastó apenas 173 y retornó al erario el 12 de abril de 1844, la suma de 827. ¡Qué bello ejemplo! ¡Cuánta falta hacen hombres de esa estirpe!

Aspiramos a que Abinader Corona le siga poniendo freno a la corrupción tan pronto haya asomo de la misma en su gobierno, pues el manejo de los dineros públicos es una tentación que atrae a mucho, al extremo de que el anterior jefe de Estado, Danilo Medina Sánchez, dijo, previo a ascender al poder, que, actuaría con energía cuando el rumor púbico pusiera en alerta la existencia de anomalías.

Sin embargo, parece que el ejercicio del poder le provocó ceguera o sordera, al extremo de que la corrupción estuvo tan cerca que envolvió, según los expedientes en curso, hasta su entorno más íntimo, en lo político, en lo personal y en lo familiar.

Soy como Santo Tomás, ver para creer. Espero que el presidente Abinader Corona cumpla con sus señalamientos constante en sus intervenciones públicas de que no tolerará corrupción en su gobierno y que tampoco habrá impunidad, al decir que los actos de corrupción del pasado serán sancionados de manera ejemplar.

El mandatario dice tener amigos y compañeros en el gobierno, no cómplices. La frase le queda bonita, pero lo más importante es que la muestre con los hechos.

*Periodista y politólogo

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