Las mafias y el poder político

Por: Redacción

Por Alberto Quezada

La reciente destitución del ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, por parte del presidente Luis Abinader, no puede verse como una simple u ordinaria cancelación del jefe Estado en el tren gubernamental.

No, ahí subyacen otras cosas y se ocultan algunos elementos y detalles muy distintos a los que las autoridades del gobierno han tomado como argumento justificativo para despedir a ese funcionario.

Hasta el momento, las imputaciones que se le atribuyen a la gestión del ministro saliente, doctor Plutarco Arias, son una supuesta alteración de precios a unas mascarillas para prevenir el covid-19, la cual envuelven cientos de millones de pesos, así como una presunta venta de nombramientos en la entidad sanitaria.

Hasta ahora eso es lo que se conoce en la opinión pública y lo que en algún momento se ha dicho que investigan las direcciones Ética e Integridad Gubernamental y Compras y Contrataciones.

Ahora bien, ¿son esas las reales causas de esa destitución?, ¿hasta ahí es que han llegado las indagatorias del Gobierno en esa cartera rectora del Sistema de Salud?

Bueno, si esos han sido los únicos y exclusivos hallazgos y motivaciones encontrados en la entidad para despedir al doctor Arias, pienso que se han quedado cortos. Porqué, decimos eso. Veamos.

Ahí en el Ministerio de Salud Pública existe desde hace décadas, al igual que en otras instituciones del Estado, una mancuerna entre políticos, suplidores y empresarios, que se reparten los Comités de Compras para obtener las millonarias compras de equipos, insumos y medicamentos de alto costo.

También, los investigadores anticorrupción deben enterarse, por si no lo sabían, o se hacen los locos, de que esa misma mancuerna controla las direcciones administrativas y financieras de las citadas instituciones para hacer sus diabluras y que sus pagos sean los primeros.

Estos circuitos mafiosos son tan poderosos, señores, que hacen de los ministros, en muchos casos verdaderos rehenes de sus maquinaciones y de las leyes y normas institucionales un pedazo de papel.

Es ahí que está el problema, no es en sacrificar reputaciones de funcionarios que en su mayoría son víctimas de esa delincuencia de cuello blanco que se roba el presupuesto nacional y erosiona la institucionalidad democrática.

El autor es periodista y magister en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo. Quezada.alberto218@gmail.com

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