SANTO DOMINGO, RD.- La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recomendó este jueves al director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, pedir licencia laboral tras ser mencionado en el expediente de la Operación Calamar.

“La Dirección de Ética ha emitido públicamente su recomendación y esperamos su contestación. Ahora, por los años, por las canas, yo hubiera recomendado que, conociendo la actitud que desde temprano toma esta casa presidencial, yo hubiera pedido la licencia”, dijo la funcionaria.

Ortiz Bosch hizo las declaraciones durante la rueda de prensa sobre de los resultados de la Cumbre por la Democracia, en la que también negó que los casos de corrupción en contra de exfuncionarios sean motivados por cuestiones políticas.

La titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) también afirmó que el orden de la persecución de casos de corrupción también depende de la gravedad de las acusaciones.

El expediente de solicitud de medida de coerción contra imputados en la Operación Calamar citó el nombre del director de la UTECT.

De acuerdo con el documento Mérido Torres de Jesús Espinal recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992.00 por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.

Sin embargo, el funcionario calificó estas acusaciones como una injuria, afirmando que se trata de una campaña de descrédito en su contra tras manifestar sus aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Este y que por eso no renunciará a su cargo ni solicitará una licencia.

“Debo decirles a ustedes que ni renuncio ni tampoco voy a pedir licencia ni tampoco nadie me ha pedido del gobierno que deje mi cargo”, declaró en la víspera.

Mérido Torres declaró en la víspera que “ni renuncio, ni tampoco voy a pedir licencia y tampoco nadie me ha pedido del Gobierno que deje mi cargo”.

Torres, explicó que tras realizar un cobro en febrero del 2020 al ganar una sentencia en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y luego de la mención de su nombre en las redes sociales y medios de comunicaciones, se realizó una rueda de prensa con sus abogados y en la cual se puso a disposición del Ministerio Público en caso de ser requerido.

“No aparecemos en este expediente como imputado lo que si ciertamente aparece es que yo demandé al Estado dominicano en el 2017 porque una familia propietaria de una parte de los terrenos del Aeropuerto Las Américas me visitó, demandé como abogado al Estado dominicano, obtuve ganancia de causa en el 2019”, expresó.

Agregó: “Se le pagó a mi cliente en el 2020 y por ende yo tenía un poder cuota litis para cobrar un 30 por ciento de lo que he cobrado nada más el 15 por ciento”.

Así mismo, aclaró que los abogados no son parte del proceso, ya que los mismos reciben mandatos y actúan en procura que los clientes logren ganancia de causa.

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