Manuel Hernández Villeta/A Pleno Sol
La muerte de once niños en el hospital Robert Reid Cabral es un hecho que consterna a toda la sociedad dominicana. No es un caso aislado, pero si es una desgracia que no tiene puntos de referencia en el país.
Es total la indiferencia de la población que puede solucionar problemas, de ahí que muchos ahora se sientan alarmados, cuando la muerte de esos once niños llena los principales titulares de los periódicos, la televisión, la radio y los medios electrónicos.
Eso denota que nadie le da seguimiento a la situación de los hospitales públicos, donde hay médicos que trabajan en horarios agotadores; otros no laboran por estar en diligencias gremiales; hay falta de equipos; los pacientes tienen que comprar sus medicinas y las autoridades trabajan pero en ocasiones no pueden hacer frente a los inconvenientes.
Usted toma todos los hospitales del país, uno por uno, y se encontrará que están con muchas deficiencias, y que el personal se mantiene en pie de lucha para conseguir aumentos salariales, o que le den una mejor alimentación.
En un país desarrollado la muerte de once niños en un hospital del Estado trae consigo la inmediata renuncia del ministro de Salud Pública y de todo su cuadro directivo. En cuanto al hospital, quedan en el acto sin funciones el director, los ejecutivos y todo el que trabaja en el área donde fallecieron los niños.
Que se produzca en el país un movimiento de esa naturaleza sería descabezar la precaria asistencia pública. En vez de acciones, se dispusieron varias investigaciones, que ahora queda esperar por sus resultados.
Vista la correlación de fuerzas del sector salud dominicano, entre funcionarios, gremios de médicos, enfermeras y sectores mediáticos, es de seguro que no habrá sanciones. La investigación puede ser seria y responsable, pero no habrá sanciones, eso me dice mi larga experiencia periodística, donde he tenido que manejar casos menores que éste, pero asimismo de tanto impacto.
Sin embargo, tengo la esperanza de que se apliquen sanciones, pero no impulsadas por los ecos de la opinión pública, sino en base a la equidad. Primero hay que determinar las causas reales de los fallecimientos, ver si fueron problemas técnicos, negligencia personal, falta de medicinas, o cualquier otra razón. Eso sí, una acción justicial sin pruebas y sin investigación, sería la comisión de una injusticia. Justa aplicación de sanciones, pero sin toque de tambores para satisfacer a las graderías.
Tiene que haber una amplia modificación del sistema asistencial público, que tiene protocolos anticuados y a pesar del reequipamiento de los hospitales, carencia de insumos básicos y esenciales. Puede ser que no todo sea de presupuesto, sino de gerencia moderna y efectiva. Esperemos por los resultados de la investigación, mientras el ministro de Salud Pública debe presentar su renuncia del cargo. Cuestión de ética y responsabilidad.