Por Manuel Hernández Villeta/A Pleno Sol

La disposición de los Estados Unidos de detener los embargues de azúcar sin refinar del Central Romana, bajo acusación de albergar el trabajo forzado, mueve a reflexión y a un cambio de rumbo.

La penalización a una empresa de capital extranjero establecida durante decenas de años en la República Dominicana es un hecho preocupante, y que puede perjudicar a sectores económicos, y a la inversión extranjera.

Hay una campaña a nivel global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo paralelo de las Naciones Unidas, para acabar en el mundo con el trabajo forzado y el trabajo infantil.

La Organización Internacional del Trabajo considera que más de 28 millones de obreros sufren condiciones extremas de explotación y trabajo forzado, sobre todo en empresas dedicadas a la agropecuaria, la minería y la construcción. Sin dudas hay que luchar para que el proletario tenga una mejor vida.

En la etapa de oro de la industria de la caña dominicana, entre las décadas del 50 y principios de los sesenta, los norteamericanos manejaban la cuota preferencial azucarera a su antojo, era un beneficio político, que se podía perder por cualquier desavenencia.

A Trujillo los norteamericanos le mantuvieron la cuota privilegiada de azúcar, hasta el momento en que los cambios que se comenzaban a experimentar en América Latina indicaron que un dictador de la vieja guardia, ya era una pieza removible en esa etapa de la guerra fría.

El caso de hoy es distinto. La situación del Central Romana con los Estados Unidos tiene que ser solucionada por esa empresa, y no por el gobierno dominicano. No se ha lesionado la soberanía del pueblo dominicano, y no pasa de ser un mero trámite de una agencia norteamericana, con una empresa de capital extranjero establecida en el país.

Al Central Romana le corresponde dar el siguiente paso. Dice que no emplea tratos vejatorios a sus empleados. De ser cierto, solo tendría que apelar la medida y demostrar su posición. Si comete estos excesos, sencillamente corregirlos, y buscar que de nuevo se le asigne la cuota.

En este enfrentamiento el gobierno debe ser un simple espectador, esperando que se cumplan las reglas internacionales. No es su pleito, ni su dolor de cabeza. El pueblo dominicano no se puede sentir ni lastimado ni obligado a protesta.

Es una acción normal de los norteamericanos, que, como dijo uno de sus líderes históricos, no tiene ni amigos ni enemigos, sino socios circunstanciales y compañeros de viaje para un tramo del camino. ¡Ay1; se me acabó la tinta.