TC clausura II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género

II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, mesa principalSANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Milton Ray Guevara, ponderó los alcances del II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectivas de Género que se desarrolló en la República Dominicana, entre el 18 y 20 de marzo en curso, con la participación de representantes de 14 países.

Durante la ceremonia de clausura, las delegadas y delegados presentes escogieron a Nicaragua como sede del III Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional.

“Este ha sido un encuentro extraordinario. Cuánto hemos aprendido. Qué competentes son las magistradas y magistrados asistentes. Qué bien formados están y cuánto han aportado al intercambio de experiencias entre los jueces de los países presentes”, declaró el magistrado Ray Guevara. 

PlenariaSostuvo que ese intercambio de experiencias en materia constitucional “va a servir de mucho en el futuro inmediato para la toma de decisiones en un flagelo que atañe a todos, hombres y mujeres de nuestras sociedades”. 

Abogó por acciones tendentes a crear conciencia en la interrelación de las parejas, señalando que “son los hombres los más llamados a asimilar la necesidad de la armonía y las buenas relaciones en las familias, como entes primarios de la sociedad”. 

El presidente del TC habló en esos términos en la ceremonia de clausura del II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectivas de Género, en el que la relatoría del evento estuvo a cargo de la magistrada de la alta corte, Katia Miguelina Jiménez. 

Durante el encuentro se desarrollaron cinco conferencias y tres paneles en los que se debatieron las violencias patriarcal, política y laboral, entre  otros aspectos que afectan las relaciones entre hombres y mujeres. 

La actividad inició con una conferencia magistral a cargo de la jurista paraguaya Line Bareiro, quien trató el tema “Visible y Punible, pero Frecuente e Impune: La Violencia hacia las Mujeres”. 

Asimismo, la magistrada del TC dominicano, Ana Isabel Bonilla trató sobre “Violencia Física y Violencia Sicológica contra la Mujer: El Feminicidio” y luego hubo un panel con la intervención de las magistradas Silvia Trinidad Santos Moncada, de Honduras; Gloria Patricia Porras Escobar, de Guatemala; Doris Luz Rivas Galindo, de El Salvador y la abogada colombiana María Patricia Ariza Velasco.

El segundo día de la jornada, fue expuesto el tema “Violencia Laboral y Violencia Patrimonial”, a cargo de la magistrada panameña, Nelly Cedeño de Paredes, con la moderación del magistrado del TC dominicano, Jottin Cury David. 

Foto OficialOtro tema presentado fue “Violencia Política” por la magistrada Marianella Ledesma Narváez, de Perú, quien fue motivada por el magistrado del TC, Rafael Díaz Filpo y luego se desarrolló un panel en el que se abordaron las dos exposiciones, con la participación de las magistradas Martha Olga García Santamaría, de la Suprema Corte de Justicia; Bárbara César Siero, de Venezuela;, Ana María Maggi, de Uruguay; Ileana Pérez López, de Nicaragua y Lilia Mónica López Benítez, de México. 

Asimismo, la conferencia “Acceso de la Mujer a la Justicia: Retos y Perspectivas” por el magistrado Fernando Cruz, de Costa Rica, presentado por el magistrado del TC dominicano, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, seguido del panel en el que intervinieron las magistradas Wendy Molina Andrade, de Ecuador; Gladis Ester Barreiro de Módica, de Paraguay; Graciela Medina, Argentina y Carmen Zuleta de Merchán, de Venezuela.

II ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Relatoría

Este II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género fue inaugurado con las palabras de bienvenida del Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana quien realzó el rol de la mujer en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, recordando, el papel histórico jugado por ella en la gesta de independencia nacional y durante la revolución de abril de 1965.

Destacó, que a pesar de los altos índices de violencia en su contra, la mujer dominicana  lucha por ocupar un lugar en todos los ámbitos de la nación. Expresó que no obstante la gran cuota de matriculación femenina en la educación superior,  la brecha laboral respecto a los hombres es amplia, así como también la brecha salarial.

Así mismo, el magistrado Ray Guevara resaltó que en el ámbito de la participación política, desde diciembre del año 2000 existe en la República Dominicana una cuota reservada a la mujer en las candidaturas congresuales y municipales, precisando que la mujer representa más del 50% de los inscritos en el padrón electoral.

También se refirió a los avances en la Constitución de 2010 contra la desigualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, y  a la labor que,  mediante sus sentencias, ha venido desempeñando el Tribunal Constitucional dominicano para la protección y garantía de los derechos de la mujer

En su discurso de apertura, la Magistrada Leyda Piña subrayó que la elección de la República Dominicana como país sede de este magno evento no es pura casualidad, por cuanto el árbol de la democracia y de la igualdad de género en el país ha sido abonado con la sangre, sudor y lágrimas de abnegadas mujeres que, a lo largo de nuestra historia, han asumido la lucha social y política como una vocación existencial,  llegando incluso a ofrecer la propia vida como noble sacrifico de sus ideales.

En el plano jurídico, hizo referencia a las leyes y reformas constitucionales en pro de la igualdad de género, lo cual permite constatar el desarrollo alcanzado por la sociedad dominicana en esta materia. En el plano supranacional reseñó que el Estado dominicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La jueza Piña hizo especial énfasis en  la Constitución dominicana del 2010, por constituir un hito en materia de igualdad de género y en contraste con los avances legislativos alcanzados por nuestros países,  la mujer en Iberoamérica está siendo afectada por graves problemas que limitan su desarrollo social, político y económico, dado que todavía la mujer debe enfrentar serios retos en su lucha por consolidarse como un ente social con la misma dignidad y reconocimiento que el hombre, siendo una de sus principales amenazas es la violencia en sus diferentes manifestaciones sea  esta  física, psicológi
ca, política, patrimonial o laboral.

Las jornadas de trabajo de este II Encuentro se estructuraron en base a las tipologías de violencias contra la mujer: Violencia física y violencia psicológica contra la mujer. El feminicidio; violencia laboral y violencia patrimonial; violencia política y el acceso de la mujer a la justicia constitucional: retos y perspectivas, de modo que también fueran desglosados desde el punto de vista constitucional y desde la óptica del contenido jurisprudencial de los países participantes.         

La conferencia inaugural del encuentro estuvo a cargo de la Dra. Line Barreiro, reconocida politóloga paraguaya, quien abordó la violencia contra las mujeres desde varios ámbitos. En este sentido, nos ilustró respecto al hecho de que durante siglos, ciertos actos no fueron identificados como formas de discriminación y de violencia, de tal suerte que  para el año 1979, ningún país apoyó la incorporación de un artículo en materia de violencia en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), todo lo cual comenzó a cambiar a través de las Recomendaciones Generales No. 12 y 19  del comité de la CEDAW, al tener la violencia como parte de sus objetivos.

La conferencista advirtió, con relación a la punición de la violencia, que si al principio las mujeres no apoyaron la penalización de sus maridos o parejas, se debió a su falta de autonomía, de formación, así como al rol de los estereotipos arraigados en las mismas mujeres. Resaltó, además, que el primer instrumento jurídico internacional elaborado para combatir la violencia hacia las mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) entrado en vigor en 1995, el cual convirtió a América Latina en pionera y líder en legislación de igualdad de género, al adoptar mecanismos de igualdad en la participación política, punición de la violencia política, entre otras, fruto del gran trabajo de las juristas feministas de la región, así como a la investigación realizada sobre violencia y su difusión.

En otro orden, señaló que aunque se vislumbran iniciativas para aprobar leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres, el gran problema de las mismas está en el incumplimiento. Así, basada en los datos de los observatorios regionales como el de la CEPAL, advirtió sobre la frecuente y amplia situación de violencia que persiste actualmente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, de ahí que recomienda hacer más esfuerzos en la prevención, en la debida diligencia al investigar, en garantizar la efectividad de las medidas de protección a la víctima y combatir la falta de sanción y los estereotipos.

En la segunda conferencia, titulada “Violencia física y violencia psicológica contra la mujer. El feminicidio”,la magistrada del Tribunal Constitucional dominicano, Ana Isabel Bonilla Hernández, señaló que la violencia hacia las mujeres es una violencia estructural, que las estadísticas nos colocan entre los países de la región con mayor índice de víctimas mortales, siendo el ámbito familiar donde se manifiesta el mayor número de casos. Resaltó que el feminicidio se ha convertido en el  problema más grave que ocurre en la sociedad dominicana en la actualidad, ya que muchas veces la violencia pasa desapercibida o algunas mujeres tienen miedo de denunciar a sus parejas.

Recalcó las grandes transformaciones normativas penales que se han producido en el país, destacando la reciente tipificación del feminicidio, así como  los esfuerzos oficiales realizados en la materia por diversas instituciones incluido el Tribunal Constitucional por medio de su jurisprudencia, pero no obstante a todos los esfuerzos, políticas y acciones realizadas para sensibilizar y concientizar sobre la violencia contra la mujer el problema aún persiste y las cifras de feminicidios permanecen en niveles aun preocupantes, por lo que recomienda abordar este fenómeno social bajo un nuevo enfoque que pasa por la construcción de un nuevo modelo cultural que reconozca los derechos de la mujer y la visualice como persona con derecho a un trato igualitario, sin discriminación y con respeto pleno a su integridad física y psicológica.

A seguidas se abrió paso al panel acerca del contenido jurisprudencial sobre la violencia hacia las mujeres, el fue iniciado con la intervención de la magistrada Silvia Santos Moncada, quien expresó que en Honduras el feminicidio no había sido contemplado en el Código Penal hasta el año 2013, lo que por muchos años impidió la prevención, investigación y sanción de estos crímenes. Además, resaltó la creación de la unidad de investigación de muerte violenta de mujeres como dependencia de la Fiscalía General. Ahora bien, la magistrada Santos Moncada advirtió que no basta con la implementación de estas medidas, sino que sean efectivas.

Además, la ponente aportó alarmantes cifras de feminicidios, señalando que tienden a aumentar anualmente. De este modo, se evidencia la necesidad de implementar políticas públicas efectivas a fin de erradicarla.

Tocado el turno a la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, refirió que la Corte de  Constitucionalidad de Guatemala ha conocido diversos casos de violencia física y violencia psicológica contra la mujer. Entre estos casos,  manifestó su discrepancia ante una decisión mayoritaria relativa a un amparo que juzgó la valoración de la prueba en el proceso penal y en el cual se determinó excluir el delito de feminicidio en grado de tentativa del auto de procesamiento, toda vez que la prueba, consistente en una ojiva que recogió un funcionario de la Policía Nacional Civil en el lugar de un crimen, no se obtuvo con las formalidades que la ley determina, pero su disidencia radicó en que la actuación del consenso no se fundamenta en ninguna norma legal que la respalde, dado que la Policía actuó correctamente al haber acudido a un llamado ciudadano por estarse cometiendo un delito en contra de una mujer y, haber recabado la ojiva que encontró en la escena, así como haberla entregado al Ministerio Público. Es por ello que en su voto disidente consideró que debió otorgarse la acción constitucional de amparo solicitada.       

Además, la panelista comentó otro caso donde la corte consideró que quedó comprobado el daño psicológico y permanente hacia una mujer víctima de violencia, a través de un dictamen emitido por un médico psiquiatra, aun cuando no fue realizado por un psicólogo como invocaba el accionante.

En su intervención, la Magistrada Doris Luz Rivas Galindo de El Salvador señaló que su país ha construido una esfera protectora de los derechos de las mujeres que incluye todas las formas de violencia física, sexual, psicológica y de discriminación en razón del sexo, mediante leyes preventivas y represivas que establecen principios rectores y articulan una serie de medidas, responsabilidades, instituciones obligadas y conductas delictivas con las cuales se abordan la cuestión.  

Expresó que el feminicidio es una de las formas más graves de violencia; no obstante, hay quienes procuran su inconstitucionalidad, usualmente esgrimiendo argumentos sobre la violación al principio de igualdad y proporcionalidad. Sin embargo, la Sala Constitucional ha desestimado dicho argumento, indicando que el principio de igualdad obliga al legislador a tratar de manera paritaria aquellas personas que se encuentren en una situación no paritaria.

De su parte, la panelista, magistrada Colombiana María Patricia Ariza-Velasco comentó varias decisiones, entras las cuales figura una en el plano internacional: el caso “Campo Algodonero contra los Estados Unidos de México” de la Corte Interamericana, en la cual se identificaron  problemas tales como la falta de investigación estatal de delitos, señalando que los Estados también son responsables de adoptar medidas diligentes que impiden la violación de los derechos cometidos por particulares. Otra decisión comentada por la disertante, es la Sentencia T-045 de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia, donde en ocasión de una acción de tutela respecto de mujeres víctimas del conflicto armado interno,  se ordenó la protección del derecho a la salud, por habérseles negado los tratamientos psicoterapéuticos necesarios, ante los daños físicos y psicológicos sufridos, por los excesivos e injustificados trámites administrativos y burocráticos.

En la segunda parte de la jornada de trabajo, se dio paso a otro gran contenido de los temas a tratar. Inició la magistrada Nelly Cedeño de Paredes de Panamá, quien abordó los aspectos conceptuales de la violencia patrimonial y laboral hacia las mujeres. Planteó la importancia de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, con especial cuidado en el tratamiento otorgado a los usuarios, para su no revictimización.

Definió la violencia patrimonial aludiendo a todas las medidas de control y limitación sobre el patrimonio de las mujeres y la violencia laboral por las manifestaciones de agresión verbal, gestual, física, psicológica y sexual, en el marco de las relaciones de trabajo. Cedeño reiteró la urgente necesidad del abordaje de la violencia contra la mujer desde una perspectiva de género, y citando a Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, llamó la atención de la responsabilidad de todos en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en la necesidad de eliminar la cultura de discriminación, destruir los estereotipos y las actitudes negativas, adoptar y aplicar leyes para prevenir y erradicarla, condenar todos los actos de violencia, establecer la igualdad en nuestros trabajos y hogares, para que podamos legar un país y un mundo libre de violencias. 

La segunda conferencia de la  jornada estuvo a cargo de la Magistrada Marianella Ledesma del Tribunal Constitucional del Perú. La expositora expresó que la violencia política implica la existencia de actos destinados a impedir el pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Explicó que mediante investigaciones se ha comprobado que la mayoría de mujeres que ostentan cargos públicos en Perú han sido víctimas de acoso político, por medio de amenazas, difamación, obstrucción de funciones e insultos, a lo cual se suman la violencia física, sexual y las amenazas contra miembros de sus familias. Destacó que el 63% de las agraviadas identificaron como agresor a una autoridad elegida por voto popular o que pertenecen al sistema de administración de justicia.

Asimismo planteó que al existir una serie de desigualdades en el campo social, económico y civil, resulta muy difícil que el campo político se muestre más amigable a las expectativas de las mujeres. Sostuvo, que el conflicto armado en Perú vino a reforzar la subordinación en contra de la mujer, pues en contextos de recrudecimiento de violencia política, la masculinidad agresiva se vuelve más grave para destituir a las líderes políticas del espacio público, ya que éstas se convierten en un enemigo político y un enemigo cultural-simbólico amenazante de los intereses del poder provenientes de tendencias masculinas. No obstante este escenario, afirmó que las mujeres no se amilanaron, pues respondieron políticamente y se enfrentaron al odio de Sendero Luminoso.

A seguidos se dio paso al panel sobre el contenido jurisprudencial sobre la violencia laboral, patrimonial y política, el cual inició la Magistrada Bárbara Cesar Siero, quien aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene la mayor cantidad de mujeres magistradas, siendo la presidenta una mujer. La panelista destacó que la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece, la inclusión como violencia contra la mujer, la psicológica, patrimonial y laboral. En este tenor, la violencia patrimonial y económica está definida como “toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de la mujer”.

Respecto de la violencia política, la panelista sostuvo que no está contemplada en el derecho venezolano, pero anotó que existe una jurisdicción especial con relación a la violencia contra la mujer que es muy utilizada.

Posteriormente expuso la magistrada dominicana Martha Olga García Santamaría, quien destacó la labor del Tribunal Constitucional en la construcción de la jurisprudencia en materia de derechos de las mujeres, resaltando la sentencia de ese órgano que otorgó derechos de pensión a una mujer que sostuvo una relación de hecho con un miembro de las Fuerzas Armadas fallecido, a quien se le había negado esa prerrogativa por no estar unida por un vínculo matrimonial como disponía la ley orgánica de esa institución. Sin embargo, precisó que para el Poder Judicial ha sido difícil avanzar en su jurisprudencia lo cual atribuyó al temor de los jueces y el Ministerio Público de tomar medidas suficientes en esta materia y romper con ello viejos paradigmas.

Reconoció que si bien se han dictado legislaciones adjetivas que regulan derechos de la mujer y establecen procedimientos para su exigibilidad, advierte que la reforma aún está pendiente de leyes sustantivas. Igualmente, explicó que existe temor en aplicar leyes vigentes que confieren derechos a la mujer en materia de administración de bienes y de los hijos. Por ello, recalcó la necesidad de construir una jurisprudencia sin miedo, a fin de aplicar leyes que otorgan derechos a las mujeres en todos los ámbitos.

Al iniciar con un recuento de la evolución en lo relativo a la lucha contra la violencia hacia la mujer en Uruguay, en lo cultural y constitucional, la Magistrada Ana María Maggi, resaltó los avances normativos respecto al tema de discusión en su país, por la ratificación de convenciones internacionales e incorporación de figuras penales a través de diversas leyes, como el delito de violencia doméstica, el abuso sexual de niñas y adolescentes y el tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual. Destacó además, el establecimiento de un proceso específico para la adopción de medidas cautelares en materia de violencia doméstica y de un proceso similar a la acción de amparo para indemnizar a las víctimas de acoso sexual en el trabajo.

En cuanto al tema de la violencia política contra la mujer, la panelista reconoce que en el Uruguay existe una amplia participación de la mujer en el ámbito público y privado, sin embargo resalta que en los puestos de superior jerarquía la presencia de la mujer no es equitativa.

En otro orden, la Magistrada nicaraguense Ileana del Rosario Pérez López,reconoció que existe todo un sistema normativo con perspectiva de género en su país, destacando que se ha impulsado como política de Estado, la defensa de los derechos de las mujeres y el reconocimiento a su papel protagónico a través de toda una transformación legislativa que ha tenido como resultado la promulgación de leyes que protegen sus derechos. Destacó varias sent
encias de la Corte Suprema de Justicia, como la dictada a propósito de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de hombres, en contra de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres,  el cual fue  desestimado, al establecerse que su existencia en modo alguno implica discriminar a los hombres, pues la misma se enmarca dentro de las acciones legislativas positivas autorizadas expresamente en la Constitución Política. Se trata de una ley redactada a partir de las necesidades y experiencia de la mujer con la finalidad de proteger sus derechos, promoviendo la igualdad real.

Por otro lado, la Magistrada López Benítez de México, al exponer en el panel, argumentó que la violencia política inhibe a las mujeres en el desempeño de cargos de elección popular y en la participación activa en los espacios públicos gubernamentales, así también limita el ejercicio de todo tipo de liderazgo, incluyendo los vinculados con la participación política, debido al temor de las candidatas de ser víctimas de acoso, tanto por parte de los miembros de su partido como por la sociedad en general.

En tal sentido, refirió acerca de cómo la justicia constitucional se ha convertido en un instrumento para fomentar la no discriminación de los derechos políticos de la mujer. Así, por ejemplo, destacó el efecto jurídico de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación al caso “Las Juanitas”, mediante el cual se puso fin a la práctica ejercida en los poderes públicos que forzaba a las candidatas a ceder su puesto al suplente varón, luego de obtener un cargo de elección popular. Otro precedente de igual relevancia expuesto por la ponente es la sentencia No. 16/2014, mediante la cual la misma Sala Superior declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de San Bortolo Coyotepec, Oaxaca y ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la mencionada entidad realizar las gestiones para la celebración de comicios extraordinarios en los que se permitiera que las mujeres pudieran aspirar a todos los cargos de elección popular.

El tema del acceso de la mujer a la justicia fue aperturado con la conferencia ofrecida por el magistrado costarricense Fernando Cruz Castro, en la cual nos compartió la experiencia jurisdiccional de la Sala Constitucional sobre el tema.

En relación a un fallo del indicado tribunal ponderó lo planteado en el voto minoritario donde se expresa que las circunstancias en que se desarrolla el servicio doméstico, en modo alguno justifican el régimen de excepción que se prevé en la norma impugnada, en cuanto a las jornadas ordinarias y extraordinarias de trabajo, motivo por el cual en el fondo lo que se produce es una discriminación ilegítimapara un sector de mujeres, que son las que realizan ese tipo de trabajo.

El magistrado refiere que la Sala Constitucional declaró inconstitucional, sobre la base de los avances de los procedimientos científicos, una disposición del Código de Familia que prohibía a la mujer casarse antes de transcurrir trescientos días contados desde la disolución o declaratoria de nulidad de su anterior matrimonio. Este concuerda con el voto de la minoría que adicionó motivos para la anulación, al ponderar que el criterio mayoritario no toma en cuenta la lesión a la dignidad de la mujer, invalidando su condición de persona con la exigencia de unos requisitos en los que su voluntad y responsabilidad como persona, no tienen ningún valor. Asegura que no era necesario esperar el avance en los procedimientos científicos de investigación de paternidad, ya que la prohibición, en sí misma, constituía una palmaria devaluación de la condición de persona y de ciudadana que corresponde a la mujer.

Agregó que la Sala Constitucional de Costa Rica ha tenido una línea interesante sobre el tema del género, identificando las discriminaciones arraigadas que convierten en natural lo que es constitucionalmente inadmisible. Conceptos como la acción afirmativa, la participación democrática, la equidad, permiten a los tribunales constitucionales variar el marco jurídico que ha invisibilizado una desigualdad durante toda la historia de la humanidad. Pero señala que es en el diseño de políticas públicas donde radica la respuesta de mayor relevancia y advierte que el discurso de la dominación tiene profundas raíces culturales, que no erradica el cambio normativo o del poder de los jueces, a pesar de su relevancia.

Aperturado el panel dedicado al contenido jurisprudencial sobre el acceso de la mujer a la justicia, la magistrada Wendy Molina, expresó que la Corte Constitucional del Ecuador constituye un importante espacio de poder para canalizar las transformaciones sociales por medio del derecho.

A modo de ejemplo, la panelista comentó la Sentencia No. 108-14-SEP-CC, a raíz de una acción extraordinaria de protección, a través de la cual la Corte aporta importantes definiciones, al establecer que el acoso sexual constituye un acto de violencia y como tal, una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades de las mujeres y niñas. Asimismo, la Corte consideró irrazonable los fallos que juzgan actos de violencia sexual contra las mujeres y niñas que minimiza la gravedad de la violencia sexual contra las mujeres en el Ecuador. Por lo que, nos comenta la ponente, la Corte resuelve dejar sin efecto el auto impugnado, y exhorta al Consejo de la Judicatura para que incorpore en los programas de capacitación de toda la función judicial, la investigación y juzgamiento de violencia sexual contra la mujer y puntualmente contra menores, bajo un enfoque de género conforme a los estándares señalados en la referida sentencia.

En cuanto a la participación política, la panelista se refirió a dos casos de la Corte Constitucional de su país, en los cuales se indica que las personas que aspiren a ocupar cargos públicos en elecciones plurinacionales, deberán hacerlo a través de un sistema electoral que respete la paridad y alternabilidad, ya que son principios sustanciales del sistema político, con el fin de evitar la discriminación al no respetar las cuotas de género.

La magistrada Gladys Ester Barreiro de Módico, señaló que el ordenamiento jurídico paraguayo carece de disposiciones jurídicas que configuren el feminicidio, lo que dificulta su sanción y fiscalización por parte los operadores del sistema de justicia. Además, la falta de especialización dentro del sistema de justicia en materia de género, tanto dentro del Poder Judicial como en el Ministerio Público, genera a su vez la falta de sensibilidad a la hora de juzgar y sancionar los casos que se les plantean en la práctica diaria.

Apunta que la mayoría de precedentes en materia de género han sido sentados por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Sala Constitucional, un caso sobre una unión de hecho, en la cual uno de los integrantes estaba impedido de contraer matrimonio, sostuvo que la no determinación del aporte económico de la mujer durante la unión constituye una discriminación, aun cuando desempeñaba labores domésticas. En este sentido, la panelista señala que en los 23 años de duración de la unión la mujer pudo haber producido un aporte de hecho al aporte económico del causante, y el no aprovechamiento no renumerado de este aporte de la mujer sin compensación podría derivar en un enriquecimiento sin causa de la unión a favor del fallecido.

El panel sobre el acceso de la mujer a la justicia fue cerrado con la exposición de la magistrada argentina Graciela M
edina, quien destacó que a pesar de la existencia de un marco normativo adecuado, las desigualdades subsisten, mayormente por cuestiones de prevención y reparación. Así se observa en el caso Ángeles Gonzales Carreño contra España, del comité de la CEDAW, que pone de relieve la responsabilidad del Estado respecto a la garantía de la no violencia, en la cual se condenó al Estado a reparar de manera integral y proporcional la conculcación de los derechos de la víctima, por situaciones producidas a raíz de la separación de los padres y el proceso de guarda, que culminaron con la muerte de la menor por parte del padre y su posterior suicidio.

Resaltó los Casos de Salta y Córdoba en los cuales el Estado argentino compromete su responsabilidad por causa de su ineficacia frente a la violencia doméstica al no adoptar las debidas diligencias sobre violencia y protección integral de la mujer. Refirió que en el caso Córdoba, el Estado estaba vinculado a tratados y convenciones internacionales que regulaban la materia al momento de la comisión del delito, haciéndolo directamente operativo sin necesidad de estar reglamentado en la ley.

Finalmente, destacó la importancia del Caso Freddo, pues a través de este fallo se reconoce el valor de las ONG’s en el acompañamiento de la lucha por los derechos de las mujeres. Se demuestra que la violencia laboral ocurre antes, durante y después del contrato de trabajo. Además, se incorpora el concepto de cupo en las áreas laborales al ordenar la incorporación del 50% de mujeres en su registro laboral. 

***

Al terminar la jornada, la comisión organizadora del evento adelantó que someterá a consideración de los representantes de los distintos tribunales, cortes y salas constitucionales presentes, un proyecto de acuerdo sobre distintos puntos de interés para el futuro del evento.

En este sentido, se propone, que el evento sea formalmente denominado “Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género”, para incluir a España y Portugal. En segundo lugar, la creación de una Secretaría Permanente a cargo de la Corte Constitucional de Ecuador, y la Secretaría pro tempore, se rotaría entre las salas, cortes o tribunales constitucionales del país que asuma la sede cada año. En tercer lugar, se propone darle continuidad al logo utilizado por la Corte Constitucional de Ecuador, salvo cambios en cuanto a los colores patrios del país sede.

Además, se plantea la creación de una base de datos especializada, y el intercambio de información jurisprudencial de los países representados. También la inclusión de una sección en la página web de las salas, cortes y tribunales constitucionales representados, donde se reproduzcan las informaciones relativas a los encuentros. Finalmente, el proyecto de acuerdo contiene una propuesta de países que pudieran constituirse en sede del III Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género.

***

Al concluirse las jornadas de trabajo de este segundo encuentro es posible afirmar que al margen de las diversas perspectivas enarboladas en cuanto a la violencia contra la mujer, sea política, laboral, patrimonial, física o psicológica, existe una idea que resulta común a todas las intervenciones de los conferencistas y panelistas. En efecto, los conferencias y panelistas coincidieron en sus diversas exposiciones que la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus dimensiones, es un mal estructural.

Ha quedado comprobado que muy a pesar de los avances legislativos proteccionistas de los derechos de la mujer, la desigualdad y la violencia en sus diversas manifestaciones sigue latente en nuestras sociedades. La inserción de la mujer es los espacios de poder continua siendo obstaculizada por el techo de cristal.

Una vez culminado este Encuentro, hemos observado los puntos en común que tenemos los países de Iberoamérica y coincidimos en que si bien se ha instaurado un marco legal, cuyo objetivo principal es erradicar la violencia de género, su implementación, en la práctica, es de precaria ejecución a la vista de la reticencia material de los operadores jurídicos en asimilar una cultura en donde se vea desplazada la figura patriarcal.

En  efecto, estas políticas públicas devienen en inefectivas, ya que no logran permear el núcleo de la problemática. En tal sentido, se hace necesario reforzar los mecanismos preventivos, de modo que, la sensibilización y empoderamiento de los operadores jurídicos constituya un eje transversal en el cual se concentren mayores esfuerzos, a fin de romper con los paradigmas y estereotipos que se encuentran enquistados en la sociedad.

Es de vital importancia concentrar nuestros esfuerzos en identificar la violencia subliminal, aquella que trasciende lo visible y que muchas veces es ejercida desde el Estado, y es allí donde la justicia constitucional juega un rol protagónico, en la búsqueda de soluciones efectivas.

La labor realizada a lo interno de nuestras salas, cortes y tribunales constitucionales es vital para lograr los objetivos anhelados en procura de erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Para lograrlo, los Tribunales deben ser proactivos, esto es, tomar las medidas necesarias en el marco de sus respectivas competencias para salvaguardar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. Asimismo tienen el deber de aplicar una tutela judicial diferenciada, atendiendo las circunstancias personales, sociales, económicas y políticas que puedan constituir barreras para el goce y ejercicio de sus derechos humanos.

La violencia es obstáculo a la igualdad real de las mujeres en una sociedad patriarcal donde la voz de las mujeres es silenciada por esquemas culturales y estereotipados. Ante esto, los tribunales constitucionales no solo juzgan las cuestiones presentadas ante sí, también son agentes de cambio social y que pueden promover un nuevo discurso donde los prejuicios que alimentan la violencia contra la mujer, puedan retroceder para dar paso a un verdadero estado social y democrático de derecho.

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