SANTO DOMINGO, RD.– El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) solicitó al Gobierno suspender el cargo del 25 % aplicado a la energía que los usuarios con paneles solares inyectaron a la red eléctrica, medida dispuesta por la Superintendencia de Electricidad (SIE) y vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
José Balaguer, secretario general del PRSC, advirtió que este cobro podría disminuir el ahorro económico de los hogares que han invertido en energía renovable y prolongar el tiempo necesario para recuperar esa inversión.
El dirigente reformista reconoció que las empresas distribuidoras deben recibir una compensación por el uso de sus redes, pero consideró necesario explicar por qué se estableció precisamente un 25 %, cuáles costos pretende cubrir y cómo se tomaron en cuenta los beneficios de la generación solar.
Balaguer sostuvo que el cálculo también debe considerar el ahorro de combustibles importados que representa la energía solar al sustituir parte de la generación térmica, así como la reducción de la salida de divisas por concepto de esas importaciones.
Explicó que la Resolución SIE-007-2026-REG contempla el cargo para los usuarios con tarifa monómica y establece que se calcula sobre la energía inyectada a la red, tomando como referencia el 25 % del cargo tarifario por energía, no sobre toda la producción de los paneles solares.
“Cada kilovatio-hora solar que sustituye la generación térmica reduce la necesidad de importar combustible. Este ahorro para el país también debe reconocerse al calcular lo que se cobra por utilizar la red”, afirmó.
El secretario general del PRSC reiteró que la organización propone suspender temporalmente la aplicación del cargo, transparentar su justificación técnica y económica y evaluar un esquema de incentivos transitorios antes de implementar gradualmente cualquier cobro debidamente sustentado.
El PRSC exigió al Gobierno y a la Superintendencia de Electricidad dejar sin efecto la aplicación del cargo del 25 % mientras se realiza una revisión técnica, económica y regulatoria que justifique su implementación.
Asimismo, reclamó publicar los estudios de costos que sustentan la medida y abrir un proceso de consulta con los usuarios y el sector de energía renovable, al considerar que no debe trasladarse a las familias una carga económica sin demostrar previamente su proporcionalidad y necesidad.



