SANTO DOMINGO, RD.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, rechazó de manera categórica la nueva redacción del artículo 310 del proyecto de Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados, al calificarla como una disposición «abiertamente inconstitucional, ilegal e inaceptable», por entender que representa una grave amenaza al ejercicio de la abogacía, al derecho de defensa y a las garantías fundamentales que sustentan el Estado social y democrático de derecho.
Potentini sostuvo que la nueva tipificación del denominado delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional introduce conceptos jurídicos abiertos, ambiguos e indeterminados que indefectiblemente criminalizan actuaciones propias del ejercicio profesional de los abogados, generando un efecto intimidatorio incompatible con los principios constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la independencia de la defensa técnica.
A continuación, citamos textualmente el recién aprobado artículo que sin dudas plantea un escenario de miedo y terror en los foros judiciales, por demás incompatibles con la naturaleza propia de los litigios y las responsabilidades derivadas del ejercicio profesional del derecho; veamos: «Artículo 310.- Ultraje en el ámbito jurisdiccional. Constituye ultraje en el ámbito jurisdiccional el hecho de pronunciar expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes, enviar escritos, mensajes, imágenes u objetos, o realizar gestos o actos de igual naturaleza, dirigidos contra un juez, secretario judicial, representante del Ministerio Público, alguacil, intérprete o perito judicial, con ocasión o en razón del ejercicio de las funciones propias de su intervención en el proceso judicial, cuando tales actuaciones sean idóneas para menoscabar gravemente la dignidad de la función de impartir justicia o perturbar el normal desenvolvimiento del proceso. El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.»
El dirigente gremial recordó que el antiguo debate sobre el artículo 310 se concentró en la protección reforzada que pretendía otorgarse a funcionarios públicos frente a expresiones consideradas ofensivas.
Sin embargo, advirtió que la versión recientemente aprobada amplía y desborda cualquier alcance inimaginable, en esta oportunidad referido al ámbito jurisdiccional, incorporando como posibles conductas punibles expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos, gestos e incluso actuaciones realizadas fuera de la sala de audiencias.
Potentini afirmó que la norma vulnera los principios de legalidad penal, taxatividad, seguridad jurídica, libertad de expresión y derecho de defensa, al crear un tipo penal abierto susceptible de interpretaciones arbitrarias. A su juicio, la redacción genera una protección especial para jueces, fiscales, alguaciles, secretarios y peritos, mientras coloca a los abogados en una posición de vulnerabilidad durante el ejercicio de su ministerio profesional.
Asimismo, sostuvo que la disposición podría inhibir o criminalizar el ejercicio de mecanismos procesales legítimos como recusaciones, incidentes, objeciones e impugnaciones, por el temor de que dichas actuaciones sean interpretadas como ofensivas, amenazas o incluso gestos actos conducentes al denominado ultraje contra funcionarios judiciales.
De igual forma el presidente del CARD fue categórico al asegurar que este artículo 310 viola los artículos 39, 40.15, 49, 69 y 74 de la Constitución; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en las sentencias TC/0075/16, TC/0092/19 y TC/0348/19, así como por la Corte Interamericana en el caso Kimel vs. Argentina.
El gremio calificó el texto como un “Frankenstein legislativo”, asegurando que el proyecto originalmente tomaba como referencia modelos comparados, pero fue desnaturalizado durante su discusión congresual. Criticó además que las observaciones presentadas por el Colegio de Abogados y otros sectores especializados no fueran tomadas en consideración.
Como respuesta institucional, anunció que el Colegio de Abogados ha sido declarado en sesión permanente y que estará convocando en lo inmediato a la Junta Directiva Nacional, a los presidentes seccionales, al Consejo de Expresidentes y al liderazgo jurídico nacional para coordinar una estrategia unificada de defensa del ejercicio profesional.
Entre las medidas anunciadas figuran la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, jornadas nacionales de orientación jurídica, acciones institucionales ante el Senado de la República y movilizaciones pacíficas en defensa del derecho de defensa y del Estado de Derecho.
Finalmente, el CARD exhortó al presidente Luis Abinader a revisar el contenido de la reforma y evitar que una disposición de esta naturaleza afecte el legado institucional de las reformas impulsadas por su administración.
EN ANEXO SERVIMOS ALGUNAS EXPLICACIONES Y ANÁLISIS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD E IMPERTINENCIA DEL ARTÍCULO 310 RECIÉN APROBADO:
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresa su formal preocupación y oposición a la redacción del artículo 310 del Código Penal, relativo al llamado “ultraje en el ámbito jurisdiccional”. Aunque proteger la independencia judicial, la seguridad de quienes intervienen en un proceso y el normal desarrollo de las actuaciones es un objetivo legítimo, esa protección no puede lograrse mediante conceptos vagos ni con penas de prisión capaces de castigar críticas, denuncias o actuaciones propias de la defensa.
Texto objeto de examen:
«Artículo 310.- Ultraje en el ámbito jurisdiccional. Constituye ultraje en el ámbito jurisdiccional el hecho de pronunciar expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes, enviar escritos, mensajes, imágenes u objetos, o realizar gestos o actos de igual naturaleza, dirigidos contra un juez, secretario judicial, representante del Ministerio Público, alguacil, intérprete o perito judicial, con ocasión o en razón del ejercicio de las funciones propias de su intervención en el proceso judicial, cuando tales actuaciones sean idóneas para menoscabar gravemente la dignidad de la función de impartir justicia o perturbar el normal desenvolvimiento del proceso. El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.»
La propuesta actual, permitiría sancionar expresiones “ofensivas”, mensajes, imágenes, gestos o actos semejantes dirigidos contra determinados actores judiciales cuando se consideren aptos para menoscabar la dignidad de la función de impartir justicia o perturbar el proceso. Esa conjunción es decisiva: una persona podría ser perseguida aunque no haya interrumpido, retrasado ni condicionado ninguna actuación judicial, si una autoridad entiende que su expresión afectó la dignidad institucional.
Irregularidades e incompatibilidades advertidas
1. Conceptos demasiado abiertos para crear un delito.
Expresiones como “ofensivas”, “gestos o actos de igual naturaleza” y “menoscabar gravemente la dignidad de la función” no permiten conocer con claridad qué conducta está prohibida. Lo que una persona considera ofensivo puede ser, para otra, una crítica severa, una denuncia, una recusación o una queja legítima. En materia penal, la ley debe ser previa, clara y precisa; no puede dejar al fiscal o al juez la tarea de definir el delito después de ocurrido el hecho.
2. Se confunden la crítica y el verdadero ataque al proceso.
El texto mezcla dos situaciones distintas: por un lado, las amenazas, la coacción, la violencia o la obstrucción real de una actuación; por otro, las palabras que puedan incomodar o afectar el prestigio de una institución. Las primeras conductas pueden justificar una respuesta penal estricta. Las segundas forman parte, muchas veces, del debate público y del control ciudadano sobre jueces, fiscales y demás servidores vinculados con la justicia.
3. No se exige daño efectivo, riesgo inminente ni intención concreta de obstruir.
Bastaría que la conducta sea considerada “idónea” para producir un menoscabo o una perturbación. La propuesta no exige una alteración real y grave del proceso, una amenaza creíble ni la intención específica de impedir, alterar o influir ilegítimamente en una decisión. Esa amplitud abre la puerta a aplicaciones arbitrarias y contradice los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
4. La pena de prisión es desproporcionada para simples expresiones
La sanción prevista de quince días a un año de prisión menor, además de multa puede recaer sobre palabras o gestos que no causen una obstrucción real. Para descortesías, desórdenes menores o lesiones al honor existen respuestas menos restrictivas: medidas de orden en audiencia, régimen disciplinario, rectificación, responsabilidad civil y los delitos ordinarios de amenazas, coacción o violencia cuando correspondan. La cárcel debe reservarse para ataques graves y claramente definidos.
5. Se crea un efecto de miedo sobre la defensa y el control social.
Un abogado debe poder alegar falta de imparcialidad, denunciar ocultamiento de pruebas, cuestionar un peritaje, presentar una recusación o formular una queja sin temor a ser procesado por ultraje. El mismo riesgo alcanza a las partes, periodistas, denunciantes y ciudadanos que fiscalizan el funcionamiento de la justicia. La amenaza penal puede producir autocensura y afectar, al mismo tiempo, la libertad de expresión reconocida en el artículo 49 y el derecho de defensa garantizado por el artículo 69 de la Constitución.
6. La protección de los participantes del proceso es incompleta e incoherente.
La propuesta menciona a jueces, secretarios judiciales, fiscales, alguaciles, intérpretes y peritos, pero excluye a los abogados y defensores, pese a que también pueden sufrir amenazas o coacciones por su intervención en un caso. Esa omisión es cuestionable. Sin embargo, la solución no es agregar a los abogados a un delito vago que castigue críticas; es incluirlos, junto con los demás participantes esenciales, en una figura limitada a violencia, amenazas verdaderas, coacción u obstrucción grave.
OTRO BREVE ENFOQUE TAMBIÉN DE ANÁLISIS DOCTRINAL, VE EL NUEVO DELITO DE ULTRAJE JURISDICCIONAL, COMO UN ATAQUE A LOS ABOGADOS.
La nueva redacción del artículo 310, que tipifica el denominado ultraje jurisdiccional, constituye una manifestación de la expansión del Derecho penal que merece un examen desde los principios de legalidad y taxatividad. El precepto sanciona a quien, en el ámbito jurisdiccional, profiera palabras, formule amenazas, remita escritos o imágenes, realice gestos o ejecute cualquier otro acto de similar naturaleza contra jueces, secretarios, peritos, intérpretes judiciales y miembros del Ministerio Público.
La primera objeción radica en la amplitud e indeterminación del tipo. Expresiones como “ámbito jurisdiccional” y “cualquier otro acto de similar naturaleza” carecen de la precisión exigida por el principio de lex certa, ampliando indebidamente el margen de interpretación judicial y debilitando la previsibilidad de la norma penal.
Desde la técnica legislativa, el precepto también resulta cuestionable porque desplaza el eje de la tipicidad hacia el lugar de ejecución. En la teoría general del delito, el modo, lugar y tiempo de ejecución pertenecen a las modalidades que, por regla general, el legislador reserva para configurar circunstancias agravantes o calificantes, con el propósito de incrementar o asegurar la punibilidad de un tipo penal previamente delimitado. No constituyen, ordinariamente, el núcleo de la conducta típica. Convertir el ámbito jurisdiccional en un elemento definidor del delito supone alterar esa técnica y construir un tipo penal sobre un criterio espacial de contornos imprecisos, en lugar de hacerlo sobre una conducta claramente determinada.
A ello se añade que la disposición no exige que la conducta se produzca durante una audiencia o un acto procesal específico. La amplitud de su redacción permitiría comprender hechos ocurridos en pasillos de los tribunales, dependencias administrativas o cualquier otro espacio que pudiera considerarse parte del ámbito jurisdiccional, generando un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la defensa y la libertad de expresión.
También resulta llamativo que el tipo penal dispense una protección reforzada a jueces, fiscales y demás auxiliares de la administración de justicia, mientras excluye al abogado, quien también integra el sistema de administración de justicia y puede ser objeto de agresiones o expresiones ofensivas en el ejercicio de su función.
La tutela de la función jurisdiccional constituye un fin legítimo. Sin embargo, ese propósito no justifica la creación de tipos penales abiertos que comprometan los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad, pilares esenciales de un Estado constitucional de derecho.
