SANTO DOMINGO, RD.- La Dirección General de Migración (DGM) explicó este martes que el arresto de Joan Fernando González Contreras, se produjo en la sede principal de esta institución, en Santo Domingo, mientras realizaba una solicitud de servicio, y no en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, como se ha informado en redes sociales y medios digitales.
La DGM explica, que se presentó en la sede de la institución y al momento de procesar y verificar sus datos de identidad en los sistemas correspondientes, se detectaron alertas asociadas a su estatus legal, por lo que fue referido al Departamento de Inteligencia Migratoria para la entrevista de rigor.
Inteligencia Migratoria confirmó que González Contreras tenía una orden de arresto, dos alertas colocadas en Interpol e impedimento de salida vigente por encontrarse en un proceso judicial activo.
En cumplimiento con los protocolos institucionales establecidos, la DGM procedió de inmediato a notificar a los organismos competentes, entre ellos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a Interpol para los fines legales de lugar.
La Dirección General de Migración reitera que en este caso y en todas sus actuaciones, se realizan estos procedimientos siguiendo el marco legal vigente y exhorta a los interesados en un tema relacionado con la institución, a verificar las informaciones, a través de los canales oficiales.
Hace varios días, en redes sociales y algunos medios de comunicación se informó que González Contreras fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuando supuestamente intentaba salir del país.
Contra el detenido pesaban varios órdenes de arresto por sus vínculos con el Grupo Paceo y señalado en múltiples querellas por presunta estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto West Side Punta Cana.
González Contreras figura públicamente como Vicecónsul Honorario de Bangladesh en República Dominicana, condición que aumenta la atención pública sobre un caso en el que compradores nacionales y extranjeros aseguran haber entregado importantes sumas de dinero por villas que, según denuncian, nunca fueron entregadas.
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