SANTO DOMINGO OESTE.- Para dar respuesta al “fracaso” de las políticas públicas del Gobierno en materia de salud la Convergencia por un Mejor País proclamó acompañar a los sectores que luchan por la asignación de un mayor por ciento para el sector en el presupuesto 2015.
Más de cuatro millones de dominicanos pobres que solo tienen acceso a los hospitales públicos padecen el deterioro de la calidad de los servicios, por un presupuesto de baja asignación, incumplimiento de la programación de ejecución y falta de transparencia en su administración, denunció Hecmilio Galván, secretario General del Movimiento La Multitud y Coordinador la coalición de partidos políticos y movimientos sociales.
“Es justamente para cambiar esa realidad y devolverle la esperanza al pueblo que surge la Convergencia por un Mejor País. Vamos a estar en las calles articulando y asumiendo las propuestas de la sociedad para la dignificación y desprivatización del sector Salud, y una vez seamos Gobierno en el 2016, pondremos el presupuesto nacional al servicio del pueblo, no como ahora que solo sirve a la corrupción de un grupito” aseveró Galván, coordinador de La Convergencia.
“Que del pírrico 1.2 por ciento del presupuesto que se ejecuta este año en el sector salud, el gobierno sólo contemple elevarlo a 1.3, no es más que una burla a la gente que solo puede ir a un hospital público a buscar soluciones a sus padecimientos, toda vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa la necesidad de invertir un mínimo de 6 por ciento en el sector para lograr servicios aceptables”, consideró Galván.
En el acto en realizado en la cooperativa de Herrera, bajo la organización de Ernesto Zabala, coordinador de la Convergencia en el municipio, habló también Oriades Pérez Reyes, del Frente Amplio (FA), quien denunció supuestas irregularidades administrativas en el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana, bajo la gestión de Dr. Luis Danilo Pichardo Matos.
Dijo que ante la negativa de la administración en suministrar información para aclarar los manejos del centro, el Frente Amplio elevará una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04.
“Cobros de cesáreas por 22,570.30 pesos a mujeres pobres; realización de cirugías plástica y bariátrica con los equipos y recursos del hospital, pero el dinero cobrado por estas intervenciones médicas no van a las cuentas del mismo, como el pago de nominilla para pagar favores políticos tendrán que ser aclarados al contribuyente”, indicó Pérez Reyes.
Una auditoría de la Cámara de Cuentas del 2010 habría detectado, en el sistema administrativo del hospital, violaciones a la Ley 340-06 Sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, como a la Ley 87-01 que crea el sistema dominicano de Seguridad Social, entre otras.
Del ámbito municipal, Aníbal Pérez Asmar, del Partido Humanista, reclamó que a doce años de gestión de la alcaldía del municipio, por la familia Peña (padre e hijo), siguen pendientes obras de infraestructuras fundamentales y que sean mejorados los servicios en beneficio de los vecinos.
“Seguimos esperando la construcción de un parque de diversiones para que los niños; que terminen la funeraria, reordenamiento de los espacios públicos y regulación del tránsito; libros para la mal ubicada biblioteca, que funciona al lado de una zona donde se respira humo de cigarrillos y alcohol, y un mercado municipal, proclamó Pérez Asmar.
Sobre el proyecto de saneamiento de la cañada de Guajimía, que gestionó el presidente Hipólito Mejía en un acuerdo con el gobierno canadiense, y que ejecutó el presidente Leonel Fernández, Manolo Pagán, del Foro Renovador en el municipio, reveló la negativa de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en transparentar informaciones sobre la ejecución presupuestaria.
“Hay que aclarar el manejo de los recursos de una obra concebida socialmente responsable y termine disgregando a las familias porque les pusieron a vivir en apartamentos de una sola habitación y buscar solución a los que discriminaron al repartir viviendas entre personas ajenas al proyecto”, precisó Pagán.
