SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público está preparado para demostrar en la Corte de Apelación del Distrito Nacional que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben ser enviados a juicio para responder las acusaciones que pesan en su contra por corrupción administrativa.
El Ministerio Público recurrió los autos de no ha lugar dictados por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.
“En el día de hoy, el Ministerio Público vino, como siempre comparece a todas las audiencias, listo para el conocimiento de los recursos de apelación que presentamos en relación a los autos de no ha lugar que fueron dados en la audiencia preliminar”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a periodistas que la abordaron cuando salía de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Detalló que la próxima audiencia se conocerá el día 11 de enero de 2027, “plazo en el que todos debemos estar listos y nosotros estaremos firmes aquí conociendo nuestros recursos y demostrando que todos deben ir a juicio”.
“El tribunal, conforme a los recursos que ha presentado el Ministerio Público, deberá enviar a juicio de fondo a todos aquellos que fueron favorecidos con auto de no ha lugar; estamos listos para presentarlos y para demostrarlos en la corte cuando sea necesario”, destacó.
“Las pruebas son pruebas del proceso y es ilógico establecer que, siendo todos acusados de lo mismo, con los mismos testigos y los mismos elementos documentales, había para algunos y no había para otros. Por tanto, todos irán a juicio”, enfatizó la titular de la Pepca.
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, así como con los fiscales litigantes Melbin Romero, Rosa Ysabel, Arolin Lemos, Jhensy Víctor y Elvira Rodríguez. Además, con el procurador de corte José Manuel Aguiló.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Ysis Muñiz (presidenta), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar, fijó la audiencia para el próximo 11 de enero del año 2027, a las 9:00 de la mañana.
El proceso judicial
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción.
El exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el exdirector de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa, fueron enviados a juicio por decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
En tanto que fueron emitidos auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.
La red es acusada de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal.
Los acusados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.
En este caso el 18 de marzo de 2023 fueron ejecutados 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.



