SANTO DOMINGO,RD.- La Unión de Abogados Penalistas sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), deberá decidir este martes sobre quienes se quedan o quienes se van de la Suprema Corte de Justicia de los siete jueces que se sometieron a la evaluación de desempeño.
De acuerdo a los togados ya que concluyó la fase de vistas públicas y entrevistas televisadas correspondientes al proceso de evaluación de desempeño de los jueces que completaron su período constitucional y el país está a la espera en saber de que algunos de ellos sean ratificados y otros no volverán a ocupar la posición de juez de la SCJ.
Dijo que el proceso de evaluación de desempeño judicial concluyó con la expectativa del país puesta sobre las deliberaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. El CNM tiene en sus manos el rediseño de las mayorías del máximo órgano del Poder Judicial dominicano y la responsabilidad de designar un nuevo presidente del tribunal tras la salida voluntaria del magistrado Luis Henry Molina.
Precisa la entidad que la rigurosidad, la transparencia pública y la motivación de las decisiones adoptadas por el Consejo resultarán fundamentales para consolidar el Estado de derecho, salvaguardar la independencia judicial e impulsar la predictibilidad doctrinaria que requiere la nación para los años venideros.
Indica la entidad que el escrutinio público, celebrado en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, se concentró en siete magistrados de carrera que optaron de manera voluntaria por la ratificación en sus cargos por un nuevo ciclo de siete años.
Precisa que el proceso de este año adquiere una trascendencia histórica especial para la gobernanza judicial del país. Mientras cuatro, de los siete, magistrados clave decidieron declinar su postulación para un nuevo período —incluido el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina.
El CNM avanza en un cronograma de renovación judicial que abarcará tanto la evaluación de los jueces titulares como la posterior selección de nuevos magistrados para cubrir las vacantes existentes.
La Unión de Abogados precisa que en el marco de esas evaluaciones, se destacaron las exposiciones técnicas y de principios éticos realizadas por cuatro de los jueces bajo escrutinio:
1. Magistrado Justiniano Montero Montero: Integridad, Productividad y el Filtro del Interés Casacional.
El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala de la SCJ, expuso una trayectoria en la carrera judicial que suma 24 años, habiendo iniciado en el escalón inferior como juez de paz en 1998.
Durante su comparecencia, el magistrado reveló que, a pesar de haber tenido bajo su directa responsabilidad durante seis años el manejo de un presupuesto global de RD$24,000 millones como director general de Administración y Carrera Judicial, mantuvo estrictamente su sueldo de juez de corte de apelación, declinando compensaciones administrativas extras.
Esta conducta ética lo obligó, al salir del puesto, a recurrir a un extracrédito financiero para poder pagar la inscripción del colegio de sus hijos. Sostuvo que este hecho demuestra de manera contundente que el manejo de recursos públicos no debe traducirse en provecho pecuniario personal.
Montero demostró altos niveles de productividad al reportar que, en el período de evaluación reciente de abril a julio de 2026, resolvió de manera definitiva 674 expedientes de los 687 bajo su estudio, logrando una tasa de resolución superior al 94%. Asimismo, defendió la implementación de la figura procesal del interés casacional como un filtro moderno indispensable para evitar el colapso del tribunal supremo y concentrar las decisiones en unificar jurisprudencia de alta trascendencia social.
Interrogado sobre la transformación digital de la justicia, advirtió sobre la tensión entre el transhumanismo tecnológico y la parte humana, afirmando que «la tecnología es impersonal» y que bajo ninguna circunstancia debe sustituir el rostro humano ni la sensibilidad ética del juzgador natural.
2. Magistrado Francisco Antonio Jerez Mena: Lucha Contra la Mora Judicial y Modelo de Gestión de Éxito
El magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala (Penal) de la SCJ, compareció con una impecable trayectoria de 35 años de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial dominicano.
Al asumir la presidencia de la Segunda Sala en abril de 2019, Jerez Mena heredó un rezago de más de mil expedientes, con casos que se remontaban hasta el año 1982. Mediante una estricta reorganización interna, controles rigurosos de plazos de deliberación y sistemas automatizados de trazabilidad, su gestión logró la meta histórica de «cero mora» en la materia penal.
Durante su mandato ingresaron aproximadamente 14,000 expedientes y se dictaron más de 15,000 decisiones definitivas, totalizando la Segunda Sala cerca de 27,000 resoluciones y sentencias (208, 400, 474). Al corte de julio de 2026, el magistrado demostró que el 83.3% de las materias conocidas en audiencia reciben un fallo en su primer mes de tramitación, y el 93.3% lo hacen antes de los tres meses.
Recordó que el modelo de gestión que implementó con éxito en La Vega en 2010 fue reconocido a nivel mundial con el primer lugar del Premio Innovare Internacional en Brasil [159, 214, 479]. Propuso de cara al futuro un plan estratégico hacia el año 2033 enfocado en cuatro pilares: la erradicación estructural de la mora judicial, la consolidación de un sistema penal inteligente y adaptado, el fortalecimiento de la seguridad jurídica jurisprudencial, y la institucionalización de un modelo de justicia que trascienda a las individualidades.
3. Magistrado Fran Euclides Soto Sánchez: Reformas Estructurales Urgentes y Workloads Equitativos
El magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, miembro de la Segunda Sala Penal de la SCJ, aportó una sólida trayectoria de 14 años en la alta corte penal, sumada a una prestigiosa carrera previa como fiscal de carrera y procurador general adjunto en el combate del crimen organizado y narcotráfico.
Soto Sánchez fundamentó de manera enérgica la necesidad de reformar de manera estructural e integral la actual Ley 821 de Organización Judicial, señalando que dicha normativa data del año 1927 y cumplirá un siglo de antigüedad.
Sostuvo que esta Ley sigue rigiendo el sistema judicial bajo conceptos de territorio y distancia del siglo pasado que han quedado obsoletos frente al dinamismo demográfico y digital contemporáneo.
Explicó que la actual distribución del trabajo judicial en el país genera profundas asimetrías. Argumentó que no resulta equitativo ni eficiente que tribunales de alta densidad demográfica carguen con cientos de expedientes, mientras que otros tribunales, como los de la Línea Noroeste o cortes especializadas como las de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), conozcan un volumen ínfimo de casos al año (como 30 casos anuales en algunas cortes), a pesar de que los jueces perciben salarios equivalentes y estructuras similares.
Afirmó que maneja un promedio de 400 recursos de casación al año en tiempo oportuno y que en sus siete años de gestión no ha recibido ninguna petición de pronto despacho o notificación de retraso en sus expedientes asignados.
4. Magistrado Anselmo Alejandro Bello Ferreras: Modernización, Saneamiento Inmobiliario y Deslinde Administrativo
El magistrado Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la SCJ con especialidad en el área civil e inmobiliaria, centró su elocuente defensa en la pulcritud y la transformación digital radical de la jurisdicción de tierras.
Autodefiniéndose como «un obrero del derecho con unos pocos conocimientos técnicos», Bello Ferreras expuso con orgullo los logros alcanzados en el saneamiento inmobiliario. Al asumir el puesto en 2019, encontró un inventario de 500 expedientes de tierras engavetados por décadas, algunos de los cuales databan de 1984. Su gestión logró fallar cerca de 3,000 casos nuevos para abril de 2026, erradicando por completo el retraso histórico de la sala. Retó públicamente a la fiscalización social afirmando: » En siete años, ¿cuántos escándalos usted ha oído de la jurisdicción inmobiliaria? Ninguno».
El magistrado se declaró como un «abanderado rabioso» de la necesidad de extraer por completo el deslinde técnico de los tribunales de tierras, trasladándolo hacia la vía estrictamente administrativa.
Sostuvo que este cambio a la Ley 108-05 (a la cual calificó como una Ley insuficiente) permitiría acelerar drásticamente los deslindes, facilitando los procesos de titulación de tierras para familias vulnerables y reduciendo la carga de litigiosidad judicial.
Celebró la digitalización judicial mediante la Ley de Uso de Medios Digitales como «una bendición». Reveló que, a pesar de ser «un viejo ya,» ha desterrado completamente el uso de papel físico de su labor, manteniendo su escritorio de la Suprema Corte completamente despejado de expedientes físicos y despachando de manera automatizada mediante firmas digitales.
