SANTO DOMINGO, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Gobierno de Luis Abinader poner fin a las “ejecuciones extrajudiciales”, disfrazadas de «intercambios de disparos».
En su tradicional conferencia de prensa de los lunes, el partido morado expresó su profunda preocupación ante el continuo incremento de muertes a manos de la Policía Nacional, catalogadas de manera recurrente por las autoridades como «intercambios de disparos».
La entidad política advirtió que esta situación no puede seguir siendo ignorada, al tiempo que remarcó que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de eliminación física de personas.
La posición fue fijada por Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, como vocero; el también vicepresidente, Yván Lorenzo, José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa del PLD.
De acuerdo con datos citados por la organización, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales. Asimismo, refirió que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en los primeros meses del año más de 180 personas perdieron la vida en operativos de las fuerzas del orden.
El PLD subrayó que resulta alarmante la falta de información detallada y estadísticas transparentes por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones iniciadas y los agentes sometidos a la justicia.
Enfatizó que, si bien la policía tiene derecho a defenderse ante amenazas reales, la rendición de un ciudadano exige su inmediata detención y sometimiento a la justicia, jamás su ejecución.
En su declaración, el partido morado recordó que el artículo 7 de la Constitución define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, mientras que el artículo 37 consagró la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte.
«En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», resalta.
Asimismo, remarca que el respeto a las garantías constitucionales aplica para todos los ciudadanos sin importar su historial penal o las acusaciones en su contra, señalando que la sociedad no solo debe vivir sin miedo a los delincuentes, sino también sin temor a quienes portan armas en nombre del Estado.
El PLD hizo hincapié en el artículo 255 de la carta magna, el cual establece que la Policía Nacional está bajo la autoridad directa del mandatario. En ese sentido, señala que el presidente Luis Abinader, como máxima autoridad civil, tiene la responsabilidad política de velar por que la seguridad ciudadana se aplique bajo el marco de la ley.
Si bien la entidad aclaró que no afirma la existencia de una orden presidencial explícita para cometer ejecuciones, advirtió que la falta de supervisión, la tolerancia y el silencio ante estas muertes pueden convertirse en una forma de autorización de hecho y generar impunidad.
El partido sostuvo que la efectividad de la policía no debe medirse por la cantidad de presuntos delincuentes eliminados, sino por su capacidad para prevenir delitos, investigar, detener a los responsables y colaborar con la justicia, señalando que ejecuciones extrajudiciales destruyen pruebas, debilitan las instituciones y socavan la confianza pública.
Ante el panorama expuesto, el PLD formuló siete propuestas puntuales al Gobierno y a las autoridades competentes: instrucción presidencial pública, investigaciones independientes, transparencia estadística, rendición de cuentas en el Congreso, supervisión externa y tecnología, reforma policial centrada en derechos, e investigación de la responsabilidad de mando.
