SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República reveló la tarde de este jueves la existencia de un proceso de investigación internacional en el que participa la República Dominicana, en relación al presunto soborno en la compra de ocho aviones Súper Tucano por el Estado dominicano a una firma de Brasil.
“Existe un proceso de investigación internacional en el que participa la República Dominicana, habiendo mediado al respecto, diversos requerimientos de asistencia recíproca, todo de conformidad con el Artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, así como con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, expresa el comunicado de la Procuraduría General de República.
La reacción de la Procuraduría General de la República en relación a la información recogida en diferentes medios de comunicaciones nacionales e internacionales sobre la investigación del presunto soborno y fraude en la adquisición de los aviones Súper Tucano.
Agrega que “en interés del éxito de la investigación internacional, existe el compromiso formal y expreso de confidencialidad en el presente caso; razón por la cual, por lo menos en este momento, debemos contraernos a la más estricta reserva sobre los detalles del caso”.
De acuerdo al periódico The Wall Street Journal, el coronel retirado, Carlos Piccini Núñez, se desempeñaba como director de proyectos especiales de las fuerzas armadas de la República Dominicana en 2008, en la época de las negociaciones del contrato. El contrato preveía la República Dominicana con ocho Embraer Súper Tucanos, aviones de apoyo ataque turbohélice que han sido favoritos de las fuerzas aéreas de los países en desarrollo por su bajo mantenimiento y la asequibilidad.
De acuerdo al diario estadounidense las investigaciones refieren que parte de los 3.5 millones fueron destinados a un senador dominicano, todavía no identificado.
El pago se habría hecho a través de una empresa fantasma en Uruguay, según los investigadores.
Las investigaciones también implican la venta de 20 aviones de pasajeros a una línea aérea estatal argentina, de alrededor de 900 millones de dólares a precios de catálogos de Embraer.
La compra de los ocho aviones involucró la suma de 92 millones de dólares.
