Por Alberto Quezada
No fue la democratización de la palabra. Fue su degradación. La explosión de las redes sociales nos vendió la mentira de que todos somos comunicadores. Y no.
Una cosa es tener derecho a opinar y otra muy distinta es usurpar, sin preparación, sin ética y sin responsabilidad, una función que exige título, formación y conciencia del daño que una palabra mal lanzada puede causar.
No estamos pidiendo censura. Estamos pidiendo un requisito mínimo. Como se le exige a un médico para operar, a un abogado para defender, a un ingeniero para construir.
¿Por qué para comunicar, para informar, para formar opinión pública, no se exige nada? ¿Por qué cualquiera con un celular y un aro de luz puede erigirse en periodista, en orientador, en juez? Lo que estamos viendo no es libertad de expresión.
Es libertinaje. Es el usufructo alegre, vulgar e irresponsable de instrumentos poderosísimos por parte de personas que no saben lo que es una fuente, lo que es un contraste, lo que es la responsabilidad ulterior.
Gente que confunde gritar con informar y viralizar con tener razón. Y el resultado está ahí: la calumnia como contenido, el chisme como noticia, la mentira como estrategia de monetización.
Una prostitución de los medios digitales donde todo se vende, todo se compra y todo se dice en nombre de una supuesta libertad que ellos mismos pisotean.
Las plataformas no pueden seguir siendo tierra de nadie. Los colegios profesionales no pueden seguir callados. El Estado no puede seguir mirando para otro lado.
Se necesita una regulación clara, moderna, que no limite la opinión del ciudadano común, pero que sí le ponga freno y requisito a quien pretende hacer de la comunicación un oficio, un negocio y un arma.
Hay que decirlo sin miedo: no todo el que habla puede comunicar. Y ya es hora de salirle al paso a esta farsa.
El autor es periodista, analista político y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com
