Un cartel de falsos testigos desacredita justicia colombiana

Justicia 1BOGOTA, Colombia — La vida del senador Luis Fernando Velasco empezó a hundirse en 2008 cuando un abogado lo acusó de conspirar con las FARC con el fin de conseguir votantes a la fuerza.

Su nombre apareció en casi todos los periódicos. Fue obligado a dejar temporalmente el Senado y fue a prisión. En los cuatro meses que pasó en la cárcel su padre sufrió un infarto.

Luego los fiscales determinaron que era todo un montaje. Sus acusadores confesaron que estaban pagados por enemigos políticos de Velasco y testificaron a cambio de reducir su condena. El abogado detrás de la conspiración, Gustavo Adolfo Muñoz Roa, fue finalmente detenido en 2013.

El calvario de Velasco ilustra un creciente problema que socava la confianza en el sistema de justicia penal de Colombia y que las autoridades han dado en llamar el ‘cartel de los falsos testigos’. A cambio de dinero en efectivo, mentirosos profesionales desfilan ante los tribunales colombianos para rendir falsos testimonios incluso en decenas de casos a la vez.

El último escándalo judicial ocurrió esta semana cuando la Corte Suprema de Justicia absolvió a una presentadora de televisión que pasó tres años encarcelada después de que su ex marido utilizara a un guerrillero para acusarla falsamente de organizar actos terroristas.

“Los falsos testigos son el cáncer de nuestro sistema judicial”, dijo Angélica Ramírez a la AP, quien durante el tiempo que pasó en prisión fue golpeada y perdió a su padre. “Mi vida quedó destrozada”.

Mientras que en otros países las confesiones de los presos son considerados poco fiables, en Colombia el sistema judicial concede un gran valor a su testimonio debido a la gran impunidad reinante en el país. El problema se volvió tan común que la fiscalía creó en 2012 un grupo especial para investigar a los más de 3.000 condenados que se cree que fueron encarcelados con base en falsos testimonios, algunos incluso por mentirosos que han engañado a los jueces en decenas de procesos judiciales. Desde que se creó este grupo especial se han resuelto unos cien casos.

Estas fallas judiciales y algunos escándalos de corrupción protagonizados por altos magistrados han desacreditado a la justicia en Colombia, que ahora se prepara para juzgar una avalancha de casos derivados de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC después de dos años de conversaciones en Cuba. La justicia buscará aclarar los cientos de asesinatos, secuestros y crímenes de guerra entre el ejército, los paramilitares y las FARC.

Si las partes pierden la confianza en la justicia se podría poner en riesgo el proceso de paz.

“Si la paz sale adelante muchos delincuentes comunes intentarán presentarse como guerrilleros para lograr beneficios durante la desmovilización”, explica Luis Gustavo Moreno, autor del libro ‘El falso testimonio’. “¿Y cómo lo harán? Acusando a políticos de ser sus jefes”.

De hecho, los expertos atribuyen el boom de los falsos testigos a la perversión de una ley anterior derivada de un acuerdo de desmovilización anterior, llamada la ‘Ley de Justicia y Paz’, que fue diseñada para garantizar la entrega y desarme de unos 30.000 paramilitares.

Bajo la ley, aprobada en 2005, los paramilitares enfrentaron un máximo de ocho años en la cárcel por sus crímenes en el campo de batalla. Sin embargo, su sentencia podía verse ampliamente reducida si delataban a sus superiores, políticos o militares, lo que provocó que se multiplicaran los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir años de prisión.

El testimonio de paramilitares desmovilizados llevó a los fiscales a formular cargos contra más de cien congresistas por presuntamente ayudar a los políticos de extrema derecha, en un escándalo que se conoció localmente como la ‘parapolítica’. Al final, sólo un tercio de ellos fueron condenados.

Sin embargo, el problema trasciende a la clase política. Los falsos testigos declaran en casos que van desde disputas domésticas a asesinatos y cobran por ello entre 2.000 y 20.000 dólares, dependiendo de la capacidad del cliente, según Amanda Cetina, miembro de la unidad especial del Fiscal General.

El lugar natural para la contratación de los mentirosos profesionales son las cárceles y normalmente los testigos se acercan a la Fiscalía para decirle “yo tengo nombres que revelar o información importante que aportar”, explica Moreno, el autor del libro.

Se aprenden las mentiras “como si fuera un libro de recetas de cocina y hasta estudian actuación”, dijo.

Uno de los casos más vergonzosos para la justicia fue el del ex diputado Sigifredo López. El político fue secuestrado en 2002 junto a otros 11 legisladores regionales cuando los rebeldes de izquierda atacaron la legislatura regional en Cali y se lo llevaron a él y a sus colegas.

Después de siete años en la selva, López recuperó la libertad en 2009, pero fue capturado de nuevo tres años más tarde, esta vez por fiscales, quienes lo acusaron de complicidad en el secuestro y asesinato de sus colegas. “Me retrataron como el peor delincuente de Colombia”, recuerda López.

Los fiscales finalmente retiraron los cargos después de que el FBI concluyera que no era la voz de López la que aparecía en un video dando órdenes a los rebeldes sobre cómo asaltar la sede del poder legislativo regional. Cuatro testigos falsos fueron finalmente condenados por el caso.

Dolido tras los meses de cárcel y humillación, López trató de poner de nuevo su carrera política en marcha pero no logró ganar la elección al Senado. “La mancha en mi reputación es imposible de quitar”, dice. “Se escribieron 3.7 millones de titulares sobre mí alrededor del mundo cuando fui arrestado, pero sólo 300 cuando fui absuelto”.

Ahora dirige la ‘Fundación Defensa de Inocentes’, que se dedica a ayudar a víctimas de estos casos. Su organización ha localizado a personas que han mentido intencionalmente hasta en 17 juicios y presiona por conseguir condenas más altas.

Actualmente, el delito de falso testimonio se castiga con entre seis y 12 años de prisión pero las victimas piden que los mentirosos paguen una condena similar en años a la que lograrían si la victima hubiera sido condenado por sus embustes.

Velasco tuvo más suerte que López, quien logró encauzar su vida política y fue reelecto en 2010.

Pero aunque fue exculpado reconoce que lo hundieron personalmente al ser acusado, “casi de ser uno de líderes de las FARC”, por enemigos políticos, afines ideológicamente al entonces presidente derechista Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, se considera afortunado en comparación con los colombianos pobres que no tienen los recursos para montar una defensa. “No todo el mundo tiene la oportunidad de defenderse como tuve yo”, dice.

Por JACOBO G. GARCÍA | Associated Press

A este reportaje contribuyeron los corresponsales de The Associated Press en Bogotá, Libardo Cardona y César García.

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