Por José A.Leonardo P.
Hasta el año 1946 la Policía era municipal. Ese año el gobierno de Trujillo creó la Policía Nacional, tal como la conocemos hoy. Su conversión a nacional tuvo como finalidad la creación de un órgano que le sirviera al régimen como un cuerpo de espionaje, represivo, que pusiera de manifiesto en las calles la fuerza dictatorial de la tiranía.
La oficialidad fue entrenada para la barbarie y un general era valorado por su capacidad para maltratar a la ciudadanía y por su frialdad ante el crimen.
En el año 1966 asciende al solio presidencia el doctor Joaquín Balaguer de manera «democrática» pues ya había sido presidente títere de Trujillo y era, sin lugar a dudas, el discípulo más avanzado del dictador. Balaguer atrajo, para formar la oficialidad policial, un grupo sanguinario que ya en la Era había sido entrenado para matar. Así gobernó el país hasta el año 1978, sumiendo los cuarteles policiales en charcos de sangre.
Aquí tenemos que hacer una parada reflexiva: Tanto en la satrapía trujillista como en el balaguerato, la jefatura de la Policía era instruida para el crimen. En ambos periodos 7 presidentes y más de 20 jefes de la Policía, y todavía no ha sido seleccionado uno solo por méritos. Todos han sido premiados por el amiguismo o por determinados favores políticos. No podemos continuar analizando la institución policial sin detenernos en el Ministerio de Interior, que es el cordón umbilical que une, amarra y conecta el Palacio Nacional y el de la Policía, y que sirve de vaso comunicante, por donde fluyen, en doble vía, las órdenes que dictan los intereses.
Con un Ministro de Interior al que no le pesen los ruedos de los pantalones y no asuma responsablemente sus funciones, no puede haber una buena Policía.
El que conoce mínimamente lo que es la cadena de mando sabe que un coronel jamás, jamás, jamás, lo que se llama jamás, tomará una decisión que no esté autorizada por la jefatura de la institución. Las órdenes se imparten diariamente, acompañadas de una coletilla que dice: «Para su estricto cumplimiento».
No creo que con la actual Policía Nacional haya reforma alguna posible. Eso no pasa de ser una retórica barata. Estamos frente a una institución organizada por rangos, de la cual es su Comandante Supremo el Presidente de la República, quien nombra, asciende y destituye.
Si las inconductas de la Policía violentan las ordenes palaciegas, esto habría que calificarlo como un desacato, y las consecuencias de un desacato es la cancelación inmediata.
Ni con la masacre de los pastores de Villa Altagracia, ni con las muertes consecutivas de presos en cuarteles policiales en menos de un mes han rodado cabezas importantes, lo que equivale a una aprobación tácita. Sin embargo, aún creemos en la buena voluntad del presidente Luís Abinader. No así en sus jefes policiales, que trillan el mismo camino de los anteriores.



