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domingo, agosto 23, 2026
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Los presos tienen que esperar

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El paro fue levantado por los fiscales a las 11:00 de la mañana como estaba previsto. (Foto: Nuevo Diario)SANTO DOMINGO.– Los reclusos de distintas cárceles del país que tenían audiencias programadas para este martes entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana tendrán que esperar que los fiscales levanten el paro de dos horas en demanda de aumento presupuestal para el Ministerio Público y salarial para ellos.

Más de 5,000 fiscales a nivel nacional dejaron de subir a estrado, en protesta por las precarias situaciones laborales en que realizan sus labores.
La protesta se inició a las 9:00 y se extenderá hasta las 11:00 de la mañana.
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los fiscales muestran pancartas con sus demandas, el paro también afectó los roles de audiencias de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo.
Aseguran que ya es tiempo de que se les aplique un aumento salarial, debido a que su trabajo pone en riesgo su vida y que para erradicar la delincuencia se necesita de autoridades que no se basen en discursos, sino también en hechos.
“Esperamos concientizar al Estado del que somos parte a los fines de que los presupuestos que están destinados por ley para el Ministerio Público y que son los mínimo requeridos para realizar nuestra función constitucional sean destinados», sostuvo el fiscal Pedro Amador.
“Un juez de paz devenga un salario de 95 mil pesos y un fiscalizador 50 mil, marcando una diferencia injusta”, expresó Amador en la víspera del paro.
Señaló que la demanda no se limita a la pena salarial sino a las precarias situaciones que trabajan los representantes del Ministerio Público.
De su lado Elvira Rodríguez, fiscal directora del departamento de litigación, dijo que debe haber mejores infraestructuras en las fiscalías; protección para los fiscales; mejores condiciones para realizar bien las investigaciones en los casos de criminalidad en el país.
El movimiento Dignidad para el Ministerio Público exige el cumplimiento de la ley con relación a la partida presupuestaria de un 35 por ciento del 4.10% del PIB que le corresponde al sistema de justicia.
“Serían 9,200 millones de pesos, pero lo que está asignado en los últimos tres años consecutivos es una partida tres mil millones de pesos, o sea que no están reconociendo ni la mitad lo que por ley nos corresponde”, expresó.
El movimiento busca ser escuchado por el Congreso y el presiente Danilo Medina.

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