Por Alberto Quezada
Tardé en sentarme a escribir esta columna. No por falta de argumentos ni de indignación, sino porque la noticia me golpeó tan fuerte que necesitaba asimilarla. Respirar. Orde-nar el impacto emocional de lo que presuntamente ocurrió en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Y aun así, la rabia sigue intacta.
Porque lo que se investiga no es un simple desfalco ni una falla administrativa. Es, en esencia, un crimen social pre-suntamente cometido contra los más pobres, contra quienes dependen de ese sistema para tratarse, sobrevivir y soste-ner un mínimo de dignidad.
Cualquier dominicano que haya pasado por el sistema públi-co de salud entiende lo que significa esperar horas por una autorización, suplicar por un medicamento o rogar por un estudio. Mientras esa realidad golpeaba todos los días a mi-les de personas humildes, otros-presuntamente desde adentro, desde las oficinas donde se supone que se protege la vida-tejían mecanismos para desviar recursos esenciales.
Hemos perdido la capacidad de asombro ante la corrupción, pero no la capacidad de sentir. Este caso duele de manera distinta porque toca el punto más frágil de la sociedad: la salud del que no tiene nada. Y aprovecharse presuntamente de ese dolor no es solo un abuso del cargo: es crueldad mo-ral, una que exige ser nombrada sin rodeos.
Lo que presuntamente se llevaron no fueron solo fondos pú-blicos.
Presuntamente se llevaron tratamientos.
Presuntamente se llevaron medicamentos.
Presuntamente se llevaron autorizaciones que nunca llega-ron.
Presuntamente se llevaron tranquilidad, esperanza y tiem-po.
Y aunque pocos quieran admitirlo, también pudieron haber presuntamente arrebatado vidas.
Todos conocemos a alguien que depende de Senasa: un pa-ciente en diálisis, un anciano que necesita sus medicamen-tos diarios, un niño con una condición crónica. Cada retraso, cada “vuelva mañana”, cada trámite perdido, cobra hoy un sentido más oscuro cuando se mira a través de las denun-cias.
República Dominicana no merece normalizar que, presun-tamente, se convierta la pobreza en botín. Ni que quienes viven con lo mínimo sean los primeros en pagar el precio de la corrupción.
Este caso es una herida abierta.
Una afrenta presuntamente cometida contra la dignidad na-cional.
Y aunque me costó asimilarlo, lo afirmo sin titubeos:
Esto no puede quedar impune. Porque lo que presuntamen-te ocurrió en Senasa no fue un simple error.
Fue un crimen contra los pobres.
El autor es periodista y magíster en derecho y relacio-nes internacionales. Reside en Santo Domin-go. quezada.alberto218@gmail.com
