Por. Danilo Feliz Medina
Cada generación tiene sus propios desafíos y responsabilidades históricas. A la nuestra le corresponde defender la Constitución, fortalecer el Estado de derecho y combatir uno de los males que más daño causa a la República Dominicana: la corrupción.
Nuestra Carta Magna no es un simple documento ni una norma que pueda interpretarse según los intereses de quienes ejercen el poder. Es el fundamento de nuestros derechos y deberes, y el resultado de las luchas de generaciones de dominicanos que soñaron con una nación más justa y democrática. Por eso, todo ciudadano, sin importar la posición que ocupe, tiene la obligación de respetarla. Quien ejerce una función pública, además, debe actuar con transparencia, honestidad y compromiso con el bien común.
La corrupción no solo despoja al Estado de sus recursos; también arrebata oportunidades, profundiza la desigualdad y pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de familias. Cada peso malversado es un recurso que deja de invertirse en hospitales, escuelas, acueductos, electricidad, seguridad y alimentación. Sus consecuencias se reflejan en las comunidades que carecen de servicios esenciales y en ciudadanos que ven cómo sus esperanzas se desvanecen ante la falta de respuestas.
Ante esta realidad, debemos preguntarnos: ¿hasta cuándo permitiremos que, cada cuatro u ocho años, surjan nuevos millonarios mientras el pueblo continúa enfrentando problemas que arrastra desde hace décadas? Cambian los gobiernos y se renuevan las promesas, pero persisten las deficiencias en el suministro de agua potable, la inestabilidad eléctrica, la inseguridad, las dificultades educativas y alimentarias, así como los desafíos migratorios que requieren políticas responsables, firmes y respetuosas de los derechos humanos.
No podemos aceptar la corrupción como algo inevitable ni permitir que la impunidad destruya la confianza en nuestras instituciones. Necesitamos una justicia independiente, funcionarios responsables y ciudadanos dispuestos a exigir rendición de cuentas. Los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben administrarse en beneficio de todos, no para enriquecer a unos pocos.
El verdadero patriotismo no consiste únicamente en enarbolar nuestra bandera o cantar el Himno Nacional; se demuestra defendiendo la Constitución, cumpliendo nuestros deberes y exigiendo que quienes nos representan actúen con integridad. La patria no pertenece a un partido ni a un grupo privilegiado: es el legado de todos los dominicanos y la responsabilidad que debemos asumir ante las generaciones futuras.
Nuestra generación no puede permanecer indiferente. Tenemos el deber de construir una nación donde la ley se aplique sin privilegios, la justicia prevalezca y las oportunidades lleguen a quienes más las necesitan. Combatir la corrupción es defender la dignidad del pueblo, proteger el patrimonio nacional y honrar el futuro de nuestra patria.
Ha llegado el momento de exigir hechos, no promesas; transparencia, no privilegios; justicia, no impunidad. Que la República Dominicana sea una nación donde gobernar signifique servir y donde los recursos públicos estén verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Esa es nuestra responsabilidad histórica y la lucha que nuestra generación debe asumir por una patria más justa, digna y soberana.
