La decisión del gobierno dominicano de aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante la construcción de dos plantas a carbón con capacidad para producir 1,200 megavatios, ha puesto nerviosos a los “suplidores” de energía, por cuanto, de acuerdo al cronograma para su construcción,estas nuevas plantas entraranen funcionamiento,en fecha cercana al vencimiento de los actuales contratos.
Los beneficiarios de los contratos de generación eléctrica vigente saben que, al entrar en funcionamiento las plantas en construcción, ya no será necesario renovar sus contratos, por lo menos en la condiciones actuales que resultan onerosas para el gobierno y la población, por cuanto les aseguran a ellos, cobrar por la capacidad instalada de sus plantas, aunque no le sirvan a la población ni un solo segundo de energía.
Estos, claro esta, harán de todo para presionar al gobierno y hacer que desista de la construcción de dichas plantas. La mejor manera de tratar de lograr sus aviesos propósitos, es la de recurrir a los tenebrosos, molestosos y caros apagones, por lo que la población debe prepararse para recibir kilométricos apagones en lo que resta del presente año 2014 y para el próximo 2015.
Estos nuevos apagones tendrán como pretexto público la falta de pago por parte de la CDEEE, a las generadoras eléctricas; pero el fondo es evitar que el gobierno haga las plantas y así ellos renegociar los actuales contratos de generación eléctrica en las mismas condiciones perjudiciales para la población. Nunca ningún gobierno había sido tan buen pagador como este; pero nunca ningún gobierno se atrevió a plantearse regular el mercado eléctrico a partir de su propia producción energética y esto tiene muy nervioso al grupo de empresarios que han sido incapaces de invertir lo necesario para mantener estable el vital servicio eléctrico.
La población también debe saber que cuando el país les adeuda a los dueños del negocio eléctrico, a ellos se les paga intereses en dólares por el tiempo del atraso y créanme, el interés resulta tan oneroso que califica para usura.
La patraña es más que evidente y la respuesta tiene que ser un amplio movimiento de la población para exigir la derogación o revisión de los contratos de generación eléctrica a fin de ajustarlo a una realidad en la cual, la población y el gobierno sólo tengan la obligación de pagar por la cantidad de energía que reciban.
Eso es lo justo, pues no podemos seguir atados a unos contratos que hacen al país y a sus gobiernos prisioneros de la avaricia irresponsable, de quienes amparados en una legalidad a moral, exigen que se les pague por un servicio que no brindan.
Las autoridades del gobiernos deben mantener la posición de propiciar la firma de un pacto eléctrico donde las reglas se pongan claritas y donde el sector privado se comprometa a servir energía a precios justos y a realizar las inversiones necesarias para hacer sostenible y estable el servicio, sin renunciar el gobierno a continuar acrecentando su inversión en nuevas plantas y dejando abierta la posibilidad de que nuevos actores se integren a la producción y venta de energía, pues en un mundo de libre mercado, no podemos continuar siendo prisiones de filibusteros, pero tampoco de bucaneros.
El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.