Por Samuel Moquete

Samue Moquete

El Código de Trabajo de la República Dominicana, aprobado mediante la Ley No. 16-92, promulgada el 29 del mes de mayo del año 1992, constituye una conquista para la clase trabajadora. Contrario a otros códigos o leyes, éste obedece a las corrientes del pensamiento más avanzadas de nuestra nación y de otros países como, Costa Rica, Uruguay, México y Venezuela.

Esta legislación procesal implementada en la sociedad dominicana, que ha servido de referencia para modificar la ley de casación, no deberíamos castrarla, adecuándola a la fuerza de los intereses de grupos empresariales.

La sociedad debe empoderarse, marchar hacia el desarrollo del país y no al retroceso, como lo pretenden los grupos que promueven la modificación del Código de Trabajo.

Los menores de edad, los envejecientes, embarazadas y los trabajadores en general, necesitan de un Código de Trabajo y una Ley de Seguridad Social que les garantice mejorar sus condiciones de vida, no lo contrario, como pretenden los sectores que promueven la modificación del Código de Trabajo, en detrimento de los trabajadores.

La clase empleadora ha utilizado todos los medios a su alcance para lograr esos propósitos, concentrándose en la espina dorsal que constituyen los beneficios del trabajador, al limitar el auxilio de cesantía, el aumento de la jornada de trabajo y la protección de la maternidad, es decir, dejar sin efecto las formalidades establecidas en el código para el despido y desahucio de las trabajadoras embarazadas, puntos que no deben ser tocados a menos que no sea para favorecer la clase trabajadora, que ya no soporta más presiones debido a la crisis económica que sacude al país, la cual no es su responsabilidad.

El Gobierno de la República Dominicana ha designado una comisión desigual, integrada por los juristas José Darío Suarez, José Vicente, Manuel Jiménez, Marisol Vicens, Jefrey Lizardo y Joaquín Luciano, de los cuales sólo los dos últimos comisionados representan los intereses de los trabajadores, por lo que se encuentran en desventaja frente al sector empresarial, que casi siempre cuenta con el apoyo del sector gubernamental; (en el caso de la especie el Ministro de Industria y Comercio ha expresado su sintonía con los grupos empresariales, pues es uno de ellos). Esta lucha no debe dejársele sólo a los representantes sindicales, Rafael (Pepe) Abreu y Jacobo Ramos, sino que debe integrarse toda la sociedad dominicana, como bien lo dijo Monseñor Pablo Cedano y Cedano, del Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL).-

El señor Presidente de la República Dominicana, debe integrar en los comisionados, a un exponente, con experiencia nacional e internacional, que conozca tanto a la clase trabajadora como a la empleadora y además al Estado Dominicano, nos referimos pues al Dr. Rafael Alburquerque Castro, quien fuese Ministro de Trabajo y Vicepresidente de la República, posiciones estas, que le permitieron dirigir las políticas de seguridad social del Gobierno; tiene además cincuenta años de experiencia en materia laboral. Asimismo, proponemos la inclusión del Dr. Julio Aníbal Suarez, ex Juez de la Suprema Corte de Justicia, el cual cuenta con una vasta experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social.

El autor es doctor en derecho y  profesor de derecho laboral en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).