Por Alberto Quezada
La Junta Central Electoral (JCE) enfrenta desde abril su prueba de fuego más visible desde las elecciones de 2024: renovar la cédula de identidad y electoral de 9.4 millones de dominicanos.
No se trata solo de cambiar un plástico vulnerable por una tarjeta de policarbonato con chip y firma electrónica.
Se trata de demostrar que el Estado puede ejecutar un proceso masivo sin colapsar, sin perder datos y sin romper la confianza ciudadana.
El arranque numérico es alentador, pero en este tipo de operaciones la estadística inicial rara vez cuenta toda la historia.
En solo 14 días, del 12 al 25 de abril, la JCE recibió 236,358 solicitudes. Ya entregó 182,006 cédulas, tiene 32,205 listas para retiro y 22,147 en personalización.
El 54.4% de los solicitantes tiene entre 31 y 60 años, el núcleo laboral y electoral del país. Para cumplir la meta antes de diciembre de 2026, la institución habilitó 347 centros* a nivel nacional y en el exterior, con un costo estimado de RD$6,000 millones.
La depuración del padrón explica la urgencia. Entre 2024 y 2025 se cancelaron 103,271 cédulas: 96,157 por fallecimiento, 5,039 por falsedad de datos y 1,010 por suplantación. Solo en 2025 las cancelaciones subieron a 57,016, frente a 46,255 en 2024.
El mensaje es claro: el documento nuevo viene con filtro y con consecuencia penal para quien intente falsificarlo.
Aquí entra el factor que no aparece en los cuadros estadísticos, pero define el resultado: la gente. La profesionalidad del personal en los centros de cedulación y la dirección de comunicación de la JCE serán tan decisivas como el chip del documento.
Un funcionario mal capacitado genera errores que cuestan tiempo y confianza. Una comunicación deficiente convierte un avance técnico en desinformación y filas innecesarias.
Hasta ahora, las reuniones técnicas con partidos y la publicación de datos por centro muestran un manejo más ordenado que en procesos anteriores.
Sostener esa claridad cuando la demanda se multiplique será la verdadera prueba.
La nueva cédula cumple con cuatro normas ISO en calidad, seguridad y continuidad de negocio. Técnicamente es un salto. Pero hasta diciembre de 2026 convivirán dos documentos, duplicando logística y riesgos de error.
Si la JCE mantiene la precisión técnica y la comunicación transparente del arranque, convertirá este proceso en un caso de gestión pública eficiente.
Si falla, 9.4 millones de personas recordarán que la identidad de un país no se cambia solo con plástico nuevo, sino con gente y mensajes a la altura del reto.
El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo. Quezada.alberto218@gmail.com
