Por Néstor Estévez

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Es una de esas frases famosas que solemos escuchar o leer muy frecuentemente.

Es una de las muchas que atribuyen a Albert Einstein. Aunque, como ya se ha podido comprobar, la inmensa mayoría de esas frases nunca fueron expresadas por el científico.

Pero más que hurgar en la autoría de la frase inicial, el propósito es reparar en si realmente se está operando de manera diferente a la luz de una normativa concebida y puesta en ejecución, al menos en la letra, con el propósito de impulsar “desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza”.

Desde el 22 de febrero de 2021 existe la Ley 12-21. La misma tiene como objeto “crear una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, y establecer un marco normativo que disponga las reglas para el otorgamiento de un componente de incentivos a las empresas que se instalen dentro del territorio que comprende la zona especial y la fijación del plazo de vigencia”.

La referida ley surge a partir de que perimiera la 28-01, con fines muy similares y con vigencia desde el 1 de febrero del año 2001, durante 20 años.

Aunque la propia Constitución, en más de un artículo, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y hasta la Agenda 2030 de Naciones Unidas sirven de soporte para planes y acciones que generen oportunidades para los territorios menos favorecidos, la Ley 12-21 surge como “norma que garantice su eficacia en la aplicación, y la dotación de certeza y seguridad jurídica a las empresas e inversiones que se acojan al nuevo régimen, como herramientas que contribuyan a propiciar un desarrollo real y tangible de la zona fronteriza”.

Pero la inquietud surge a raíz de las revelaciones que ofrece un estudio encargado por ProCompetencia y realizado por la firma consultora GC Pareto, que pasa revista a 17 años, de los 20, de vigencia de aquella Ley.

Según los resultados del referido estudio, para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), existen 118 empresas acogidas al régimen especial de desarrollo fronterizo, de las cuales 107 tuvieron operaciones en 2019, pero las publicaciones del Consejo Coordinador de Desarrollo Fronterizo (CCDF) solo dan cuenta de 79 empresas.

Eso, como es entendible, despierta sospechas. Se cree que “existen varias empresas que podrían estar recibiendo ayudas estatales, sin estar formalmente registradas ante el organismo coordinador de la ley de incentivos regionales”, con todo lo que eso puede implicar.

Otro dato que arroja el estudio está referido a las consecuencias de las abundantes trabas con que se suele encontrar toda iniciativa de ese tipo. Se indica que, aunque han aprobado cerca de 500 proyectos, solo un poco más del 20 % se encuentra en operación.

En lo referido a generación de empleos, GC Pareto destaca que las empresas acogidas al régimen especial generaban, para 2019, 7924 puestos de trabajo, apenas un 26.9% de todos los empleos formales en la zona.

En suma, el balance a 17 años con vigencia de la Ley 28-01 arroja que la región quedó muy lejos de lo que se aspiraba a lograr económica y socialmente.

Todavía no han pasado dos años de la entrada en vigencia de la Ley 12- 21. Pero tampoco se trata de algo que partiera de la nada. Visto eso, quizás sea el momento más apropiado para hacer algunas preguntas.

¿Siguen algunos sectores haciendo de las suyas, poniendo trabas para que la Ley no logre su cometido? ¿O todo marcha “viento en popa”? ¿Existe homogeneidad en las cifras manejadas por las diferentes entidades estatales que inciden en la zona? ¿O aparece por ahí quien “juega cabeza”?

¿Cuáles experiencias de la 28-01 son rescatables para esta nueva etapa? ¿Qué debe ser evitado a toda costa de aquella vieja experiencia? ¿Cómo se está procediendo con lo uno y lo otro? ¿Solo se trata de una Ley distinta o estamos haciendo lo que nos permitirá obtener resultados diferentes?

Prefiero creer que, de verdad, se está avanzando en dinamismo económico, construcción de capital social y desarrollo sostenible en la región fronteriza.