Por Pedro Ventura Santana
Deben sentir vergüenza y muy mal frente a la sociedad los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que liberaron a 4 delincuentes de responsabilidad en el atentado en que perdió su visión la ingeniera Francina Hungría y que ahora uno de ellos hirió de bala a un canadiense al asaltarlo en el parqueo de una entidad financiera.
Esos magistrados argumentaron insuficiencia de pruebas a favor de los aludidos imputados cuando todos ellos eran parte de una banda de atracadores que operaban junto a José Vidal, alias Memin, al único que condenaron a 30 años de prisión.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Sarah Veras, Ingrid Fernández y Yissel Soto, evacuaron esa sentencia mala, absurda y mostrenca ya que si los 5 formaban una banda de asaltantes todos merecían condenas de prisión en los grados diferentes de culpabilidad.
El Ministerio Público había pedido 30 años de cárcel para Vidal, quien disparo la bala que cegó a la ingeniera Hungría, y 20 años para los demás, pero estos fueron descargados cuando resulta que todos atacaron a la profesional para quitarle su vehículo y escapar del escenario tras atracar a la señora Josefina Bogaert.
Ahora nos encontramos que Melvin Pérez, alias Bululo, uno de los liberados entonces por dicho tribunal colegiado, ha sido identificado por testigos y la Policía como el hombre que hirió de bala al canadiense atracado en el parqueo de un banco capitalino.
Es decir, el hombre ha seguido cometiendo actos delincuenciales, violando la ley y agrediendo a la sociedad. Si lo hubiesen condenado estaría preso, simplemente preso.
Por fortuna la mostrenca sentencia fue apelada y la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la anulo y ordeno un nuevo juicio al grupo encabezado por Vida, pero entre tanto Melvin Pérez y los demás han seguido su ruta delincuencial.
La lectura de estos hechos deja claro que el Código Procesal Penal tiene que ser reformado para restringir las facilidades que tienen los delincuentes para evitar ser condenados o salir de la cárcel bajo tecnicismos judiciales.
También dice que los jueces tienen que ser más objetivos, responsables y juiciosos a la hora de evacuar sus sentencias.