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viernes, noviembre 20, 2026
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Más notas puntuales sobre los fideicomisos públicos

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Por Raúl A. Veras

El hecho de que el pueblo dominicano, haya derrotado un primer intento del gobierno de Luis Abinader, por privatizar en los hechos, la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), no significa en modo alguno, que los privatizadores se han dado por vencido.

Siguen al acecho, cual buitres hambrientos, por engullirse esa gran inversión del Estado dominicano; y no van a descansar en su intento por desojarlo de esa estratégica y lucrativa inversión, tal como han hecho en los últimos 50 años, con las cuantiosas empresas públicas, heredadas de la dictadura trujillista.

Estamos en una nueva fase de esta lucha por la preservación de ese bien, bajo la administración del Estado dominicano y que juegue su verdadero rol, en beneficio del desarrollo nacional y para el progreso del pueblo, y no para los grupos empresariales.

Por eso, se hace necesario que la ciudadanía en general, haga conciencia de esta problemática, y se integre junto a sus organizaciones representativas (Partidos políticos, gremios, sindicatos, clubes, asociaciones campesinas, grupos barriales, comunales, juntas de vecinos, organizaciones femeninas, de envejecientes, pensionados, etc.), en un GRAN FRENTE NACIONAL en defensa del carácter público de la CTPC.

Estas breves notas puntuales, persiguen colaborar en ese esfuerzo.

1. La relación que se establece en un fideicomiso, involucra a cuatro partes:

a) El fideicomitente (quien aporta los recursos); b) el beneficiario (que puede ser el mismo fideicomitente, o una tercera persona o entidad); c) los bienes fideicomitidos (que son los bienes entregados); y d) el fiduciario o fiducia (institución que va a administrar los bienes).

2. En un fideicomiso, no se produce ninguna venta, ni tampoco se está reglando nada. Es un contrato, y como tal, no tiene personalidad jurídica. Eso significa que no está constituido por un patrimonio propio; eso le da fuerza, ya que lo protege, blindándolo frente a los ataques y persecuciones de cualquier acreedor.

3. Los fideicomisos públicos, no pueden estar sujetos al secreto fiduciario que se establecen en los fideicomisos privados. Eso constituye una violación al principio de transparencia y de libre información que debe existir en el ejercicio de la actividad pública. El ciudadano tiene derecho a saber cómo se están invirtiendo y manejando los recursos públicos, puesto que esa ciudadanía, es al fin y al cabo la dueña de los mismos.

4. Por eso, es necesario e imprescindible, que exista un marco regulatorio, mediante una Ley Pública, que se encargue de establecer todas las normas y marcos jurídicos para el buen funcionamiento de los fideicomisos públicos.

5. La constitución de los llamados Comités Técnicos, compuestos por empresarios y personas que responden a los intereses de los distintos grupos económicos privados, constituye una forma engañosa de esconder la verdadera intención privatizadora de los mismos.

Esa situación, bajo ninguna circunstancia, debe permitirse, en el caso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), ni en ningún otro Fideicomiso público.

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