SANTO DOMINGO, RD.- Un conjunto de organizaciones sociales, ambientales y populares anunciaron una serie de movilizaciones en el territorio nacional a partir del 24 de abril, en rechazo a las políticas gubernamentales.
De acuerdo a los convocantes la jornada cívica que coincide con el 61 aniversario de la Revolución de abril de 1965, busca que la crisis global producto de la guerra en Medio Oriente no se les cargue a los sectores más vulnerables de la economía dominicana, como según afirmaron pretende el Gobierno, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera.
La jornada de protesta inicia el viernes 24 de abril a las 10.00 de la mañana con una concentración, marcha desde el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.
En tanto que el lunes 27 de abril fue declarado Día Nacional de la Rebeldía para lo cual se anunciaron una serie de jornada de protesta para ese día:
• Jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
• Convocamos también para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, concentración de trabajadores y movimientos socio ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
• Rechazamos represión desatada por el Gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de SFM José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.
Las organizaciones sociales, comunitarias y ambientales demandaron de las autoridades
1. Cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras.
2. Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.
3. Cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.
4. Detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras).
5. No tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
6. Cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristóbal.
En tal sentido las organizaciones proponen un modelo socioecomico alternativo no depredador, solidario e incluyente
1. Nuestras montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.
2. Proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.
3. Declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.
4. Priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo.
5. Eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.
6. Atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.
7. Enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres.
8. Defender la Soberanía Nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Coordinadora Popular Nacional (CPN).
Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, Unión Anti-Barcazas, Los Negros Azua, Coalición Ambiental de la Región Noroeste(COANOR), Campamento Loma Miranda, Justicia Climática Republica Dominicana, Bloque Popular Jesús Adon, Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao, Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, Movimiento Los Peregrinos de Moca, Articulación Nacional Campesina, Coalición Enriquillo.
También, Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM-, Movimiento Reconocido, Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP), Conjunto Comunitario en Defensa de la Salud Publica, Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (Codonbosco), Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (Cepatode), Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Sto Dgo (Acadisando), y decenas de plataformas y organizaciones comunitarias de la Republica Dominicana.
