SANTO DOMINGO, RD.- El Poder Judicial dominicano aseguró este lunes que la libertad de prensa queda garantizada en la Política de Protección de Datos del Poder Judicial y en nada afecta el libre ejercicio de la comunicación.
La información la ofreció el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Bernabel Moricete Fabián, integrante de la Comisión de Redacción y Análisis de la Política de Protección de Datos.
Indicó que la misma es el resultado de un proceso bastante discutido y analizado, además sometido a vistas públicas por parte del Poder Judicial dominicano.
Asimismo, explicó que el ejercicio periodístico está garantizado en el sentido de acceso a los tribunales, cobertura de los procesos y recepción de información a través de los mecanismos de acceso a la información pública y de la Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial.
El juez explicó que, con la Política de Protección de Datos, lo que se pretende es establecer un marco de manejo de la información en los documentos que publica el Poder Judicial, ya sea porque la ley ordena publicarlo a través del boletín judicial, o porque la relevancia del caso obliga a su publicación.
“La identidad de la persona sigue allí para el original de la sentencia, y es a lo que se podría acceder a través de los medios de acceso a la información pública. Para los fines de garantizar su privacidad, sobre todo cuando hay datos especialmente protegidos como datos de salud, financieros, de menores de edad, de personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres maltratadas y trata de personas, ese tipo de información se puede aplicar el principio de minimización y que no aparezca en el producto final que es la sentencia”, explicó.
Para la realización de la Política, el Poder Judicial de República Dominicana se nutrió de la experiencia de otros países y organismos internacionales como Unión Europea, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, México.
También, la Cumbre Judicial Iberoamericana que en el año 2017 estableció estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos.
Entre los beneficios de la Política de Protección de Datos están: Protege la dignidad de las personas, fortalece la transparencia y promueve un periodismo responsable.
La Política de Protección de Datos es una herramienta diseñada para proteger la dignidad y privacidad de las personas, asegura que el sistema judicial siga siendo transparente y en nada constituye obstáculo para la libertad de prensa ni el acceso a la información.
A través del contenido de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial establece directrices para el manejo, tratamiento y publicación de información personal en los procesos judiciales, con la finalidad de proteger la privacidad de las personas involucradas en casos judiciales, tales como las partes procesales, testigos, peritos, abogados, entre otros.
También establece criterios uniformes para la disociación o anonimización de datos en decisiones judiciales publicadas.
Las audiencias son públicas y el acceso a los expedientes judiciales no está restringido por la Política de Protección de Datos, salvo las excepciones que manda la ley.
Esta política de protección de datos solo procura que al final del proceso, la sentencia sea la expresión de las garantías constitucionales de publicidad y transparencia, con la mínima afectación de los derechos individuales y del interés general.
Poder Judicial garantiza derecho a la intimidad y protección de información con la aplicación Política Protección de Datos
El Poder Judicial dominicano dio un paso fundamental en la protección del derecho de información y la transparencia, y del derecho fundamental a la intimidad, con la puesta en marcha de su Política de Protección de Datos. Esta iniciativa, aplicable a la publicación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales de la República, protege informaciones de carácter personal, prescindibles en las decisiones jurisdiccionales.
Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, sostuvo que la implementación de la política es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el Estado de Derecho.
“La publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos de los tribunales de la República, se ajustarán a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública. Esto implica no solo adherirse a normativas nacionales e internacionales, sino también asegurar que el acceso a la información no se convierta en una puerta abierta a la invasión de la privacidad”, aseguró.
Agregó que la política de Protección de Datos beneficia a todas las personas involucradas en procesos judiciales.
“La puesta en marcha de esta política nos insta a todos, jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica, la sociedad en su diverso conjunto, a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial”, manifestó el juez presidente.
Subrayó que la norma refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo
Sobre la política
El primer objeto de la Política de Protección de Datos es establecer las reglas para proceder a mantener en el anonimato los datos considerados personales en el ámbito judicial.
En segundo lugar, establecer la posibilidad de aplicar esta política con carácter previo a dictar la decisión judicial correspondiente, añadiendo, en este caso, la tutela judicial efectiva que debe garantizarse en todo momento a las partes, correspondiendo al órgano judicial decidir sobre qué datos personales podrían no aparecer en el acto jurisdiccional.
Un punto de interés es que, los criterios que se utilizarán para proceder a la disociación o anonimización de los datos personales son flexibles. De esta forma podrán ser modificados a discreción del juez, quien valorará qué categorías de datos son sensibles en cada caso particular, para proceder así a protegerlos.
La aplicación de esta Política de Protección de Datos tiene como destinatarios a todos los órganos jurisdiccionales de la República Dominicana, lo que incluye los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
