SANTO DOMINGO, RD.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) puso a disposición de la sociedad dominicana los informes de gestión correspondientes a las direcciones administrativas del Poder Judicial y sus dependencias, en los cuales se detallan los avances alcanzados en los ejes Cero Mora, Transparencia y Acceso a la Justicia, así como los retos pendientes.
Estos documentos, que servirán de orientación a la nueva gestión de este poder del Estado respecto a las principales acciones ejecutadas durante el período 2019-2026, se encuentran disponibles en el portal institucional (poderjudicial.gob.do), específicamente en la sección de «informes de gestión».
Los reportes fueron aprobados por el CPJ mediante actas números 27-2026, 28-2026 y 29-2026, que abarcan las direcciones General Técnica, de Administración y de Carrera Judicial, Inspectoría, Coordinación General de Comunicación y Asuntos Públicos, Gestión Humana, Planificación, Financiera, Legal, Justicia Inclusiva, Infraestructura Física, Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, así como las dependencias de Registro Inmobiliario y Escuela Nacional de la Judicatura.
Entre los principales resultados presentados, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia destacó su modernización tecnológica mediante el trabajo en la nube, la firma electrónica, el depósito virtual y la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional, lo que permitió reducir los tiempos de tramitación a un promedio de 27 días.
La Coordinación General de Comunicación y Asuntos Públicos resaltó la transformación de la comunicación institucional hacia un modelo estratégico e integrado, fortalecida con la aprobación e implementación de la Política de Comunicación del Poder Judicial, orientada a promover mayor transparencia y acercamiento con la ciudadanía.
Por su parte, la Inspectoría General del Poder Judicial agilizó los procesos disciplinarios mediante la fijación de plazos máximos de investigación, la optimización de la gestión de denuncias y la actualización de su marco normativo para jueces, servidores administrativos y oficiales públicos.
El Registro Inmobiliario reportó una reducción del tiempo promedio nacional de respuesta de 26 a menos de 10 días y una disminución del cúmulo registral de cerca de 28,000 a 11,600 expedientes, apoyado en la modernización tecnológica y la implementación de servicios digitales.
La Dirección General Técnica destacó la organización de las Conferencias del Poder Judicial de 2024 y 2026, espacios que fortalecieron las relaciones institucionales con actores nacionales e internacionales y contribuyeron a la proyección de las prioridades de transformación del sistema judicial.
Asimismo, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación presentó como uno de sus principales logros la implementación nacional del Sistema de Gestión de Casos (SGC), actualmente presente en todos los tribunales del país, consolidando un ecosistema de Justicia Digital más integrado, seguro y orientado a las personas.
En materia de infraestructura, el informe señala que el Poder Judicial administra una red de 239 sedes a nivel nacional, de las cuales 213 son jurisdiccionales y 26 corresponden a instalaciones administrativas, de apoyo o servicios.
De igual forma, Justicia Inclusiva informó avances en la consolidación de los Centros de Entrevistas y de Mediación Judicial, así como en la incorporación de la perspectiva de género y otras iniciativas destinadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el trato digno a las personas usuarias del sistema.
La Escuela Nacional de la Judicatura destacó su evolución hacia una institución de educación superior con una oferta académica diversificada y apoyada en modalidades presenciales, virtuales, híbridas y asincrónicas.
Por otro lado, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial acompañó la ejecución de los planes estratégicos Visión Justicia 20/24 y Justicia del Futuro 20/34, impulsando acciones para fortalecer el talento humano, modernizar la infraestructura y mejorar la prestación de los servicios judiciales.
Los informes también reflejan avances en planificación y políticas públicas, mediante la producción de estudios, indicadores y propuestas técnicas para apoyar la toma de decisiones, el seguimiento de la mora judicial y la evaluación de la experiencia de las personas usuarias.
En el ámbito financiero, se fortalecieron los procesos de formulación y ejecución presupuestaria, tesorería, contabilidad y control de operaciones, procurando una mayor alineación entre los recursos institucionales y las prioridades estratégicas.
Finalmente, la Dirección Legal reportó la emisión de 805 opiniones jurídicas, la revisión de 752 contratos y la gestión de 75 convenios. Asimismo, registró 425 resultados favorables en procesos judiciales, equivalentes a una tasa de éxito de 85.3 %, mientras que 87 casos permanecían en curso al momento de la presentación.
