Por Carlos Fernández*
Lo que pasó en San Juan de la Maguana no fue un accidente. Fue una señal de alerta que el gobierno de Luis Abinader no debería tomarse a la ligera. Lo que comenzó como una demanda ambiental con años de historia se convirtió, en cuestión de días, en un enfrentamiento directo entre el Estado y su propia gente. Los gases lacrimógenos cerca de la presa de Sabaneta, lanzados contra manifestantes que defienden su agua, dicen mucho más de lo que cualquier comunicado oficial podría desmentir. Para un gobierno que ha construido su imagen sobre la base del diálogo y la cercanía ciudadana, esas imágenes duelen, y duelen políticamente.
Cuando un Estado responde con fuerza a agricultores y líderes religiosos que salen a la calle por algo tan elemental como el agua, el mensaje que llega a la gente no es el de orden público, sino el de imposición. En política, la percepción tiene un peso brutal, y permitir que San Juan se convierta en el símbolo de una represión innecesaria sería un error que costaría caro. No solo en términos de imagen, sino de gobernabilidad.
La empresa GoldQuest, por su parte, creyó que salir a explicar su proyecto en medio de la crisis era una buena idea. Hablar de minería subterránea y sin cianuro cuando la gente está en la calle con miedo al futuro de su río suena, en el mejor de los casos, a mal momento. En el peor, a presión corporativa disfrazada de transparencia. Los sanjuaneros no rechazaron los argumentos técnicos porque no los entiendan, los rechazaron porque desconfían, y esa desconfianza tiene raíces profundas que ningún folleto va a borrar.
La pregunta que alguien en el Palacio Nacional debería estar haciéndose hoy, es simple: ¿vale la pena? Un proyecto que no tiene aceptación social no es solo un problema ambiental, es una carga política permanente. San Juan no se opone a Romero por capricho. Se opone porque esa provincia vive de la tierra, del agua y de la agricultura y sabe perfectamente lo que significa perder cualquiera de las tres. Seguir empujando estudios técnicos cuando el tejido social ya está fracturado no va a convencer a nadie; solo va a profundizar la herida.
A veces, en política, saber cuándo dar un paso atrás, es la decisión más inteligente. Pausar o dejar sin efecto el proyecto minero en Romero no sería una derrota. Sería una señal de que este gobierno escucha, y eso, en el contexto actual, vale mucho más que cualquier concesión minera.
Insistir en Romero, tiene un costo claro: distrae, desgasta y opaca otros logros que el gobierno podría estar comunicando. Si la apuesta real es el desarrollo del sur del país, el camino pasa por fortalecer la agricultura, invertir en infraestructura hídrica y proteger los recursos que esa región ya tiene. No por abrir una mina que la propia comunidad ha rechazado.
Y mientras el gobierno navega esta tormenta, hay alguien que la está aprovechando muy bien. El senador Félix Bautista ha encontrado en esta crisis exactamente lo que necesitaba: un escenario donde pararse al frente, con micrófono en mano, y presentarse como el defensor del pueblo. Al encabezar las marchas y oponerse al proyecto minero, Bautista logra algo valioso para él: cambiar la conversación. Sus cuestionamientos del pasado quedan en segundo plano mientras él aparece como el escudo de San Juan. Es política pura, y hay que reconocer que la está jugando bien.
Al final, lo que está en juego aquí no es solo una mina. Es el legado ambiental de este gobierno y la clase de señales que quiere mandar sobre quién manda realmente en la República Dominicana: si las comunidades o las empresas extranjeras. El presidente tiene todavía la oportunidad de desarmar esta tensión, de devolver la calma a San Juan y de dejar claro que ninguna inversión vale más que el bienestar de su gente. El agua de Sabaneta no tiene precio. Y los sanjuaneros, con su determinación en las calles, ya se lo dijeron sin rodeos.
*Periodista y abogado
