Por. Danilo Feliz Medina
En los últimos días han vuelto a cobrar fuerza en las redes sociales diversas denuncias sobre dominicanos que presuntamente habrían perdido la vida a manos de ciudadanos haitianos. Se trata de informaciones que, por su gravedad, no pueden ser ignoradas, pero que también deben ser investigadas y confirmadas por las autoridades competentes antes de ser asumidas como hechos comprobados.
La preocupación de la población dominicana debe ser escuchada. La seguridad de cada ciudadano es una responsabilidad fundamental del Estado y, en consecuencia, cualquier hecho que atente contra la vida, la integridad física o la tranquilidad de los dominicanos debe recibir una respuesta firme, oportuna y dentro del marco de la ley.
La realidad de Haití es particularmente compleja. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, el país ha enfrentado un deterioro sostenido de su seguridad y de sus instituciones, agravado por la expansión de grupos armados y una profunda crisis social y humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, a mayo de 2026, alrededor de 1.47 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en Haití, una dimensión que evidencia la magnitud de la crisis.
Esta situación inevitablemente tiene repercusiones para la República Dominicana, debido a nuestra condición de país vecino y a la existencia de una frontera terrestre de aproximadamente 391 kilómetros. La presión migratoria y los problemas de seguridad asociados a la crisis haitiana exigen una política fronteriza permanente, organizada y efectiva.
Los datos también muestran la magnitud del fenómeno migratorio. Durante 2025, la OIM registró 270,214 retornos forzados hacia Haití, de los cuales el 98 % procedió de la República Dominicana. Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron otros 141,720 retornos forzados, un 11 % más que durante el mismo período de 2025.
Ante esta realidad, la República Dominicana debe mantener una posición clara: somos un país solidario, pero también somos un Estado soberano, libre e independiente, con leyes que deben cumplirse y hacerse cumplir.
La solidaridad con el pueblo haitiano no puede significar renunciar al control territorial, ni permitir que hechos delictivos queden impunes. De la misma manera, la defensa de nuestra soberanía no debe confundirse con el rechazo generalizado hacia una nacionalidad. Cada denuncia debe ser investigada individualmente y cada responsable, independientemente de su nacionalidad, debe responder ante la justicia.
Las autoridades dominicanas han mantenido acciones de vigilancia y control en la zona fronteriza. En mayo de 2026, los ministros de Defensa y de la Presidencia realizaron un recorrido por la carretera Internacional para supervisar las condiciones de seguridad y las operaciones de control territorial.
Sin embargo, frente a la creciente preocupación ciudadana, resulta necesario redoblar los esfuerzos de inteligencia, vigilancia fronteriza, investigación criminal y coordinación entre los organismos de seguridad del Estado. También es indispensable fortalecer los mecanismos de comunicación oficial para que la población pueda conocer rápidamente qué denuncias son ciertas, cuáles están bajo investigación y cuáles corresponden a información falsa o descontextualizada.
La República Dominicana no puede permitir que el miedo, los rumores o la desinformación determinen el rumbo de la sociedad. Pero tampoco puede permitirse que una denuncia seria sea ignorada hasta que una situación pueda convertirse en una crisis mayor.
La respuesta debe ser firme, institucional y dentro de la ley. Control efectivo de la frontera, protección de nuestros ciudadanos, investigación de cada hecho denunciado y aplicación de la justicia deben ser los pilares de una política responsable.
Defender la soberanía nacional y proteger la vida de los dominicanos no es un acto de intolerancia. Es una obligación del Estado. Y hacerlo respetando la dignidad humana, el debido proceso y las leyes de la República es precisamente lo que distingue a una nación democrática y organizada.
