Por Alberto Quezada
La República Dominicana estrenó un nuevo Código Penal, pero el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿cuántos dominicanos conocen realmente lo que cambió? Promulgar una ley, publicarla y anunciar su entrada en vigor no significa que la ciudadanía la conozca. Y cuando se trata de una legislación que establece delitos, responsabilidades y sanciones, esa brecha de conocimiento puede convertirse en una bomba de tiempo.
El Estado no puede limitarse a repetir que “la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”. Ese principio jurídico existe, pero no puede convertirse en una excusa para sustituir la educación ciudadana.
El nuevo Código Penal no es un simple cambio de números. Introduce nuevas figuras delictivas, modifica disposiciones y establece responsabilidades que pueden afectar a ciudadanos, empresas, funcionarios, periodistas, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿dónde está la gran campaña nacional para explicarle al pueblo qué cambió? ¿Dónde están los programas permanentes en radio y televisión? ¿Dónde están las jornadas en barrios, escuelas, universidades, empresas y comunidades? ¿Dónde están las versiones explicadas en lenguaje sencillo para que cualquier ciudadano pueda entender qué puede hacer, qué no puede hacer y cuáles consecuencias podría enfrentar?
Porque colocar un PDF en una página oficial no es educar. Eso es publicar. Y publicar no es divulgar. Una ciudadanía que desconoce la ley queda expuesta a cometer infracciones, pero también a convertirse en víctima, a no reconocer sus derechos y a ser manipulada por rumores y falsas interpretaciones.
El vacío de información, además, nunca permanece vacío. Si las instituciones no explican, otros lo harán: las redes sociales, los opinadores improvisados, los titulares sensacionalistas y los supuestos expertos que convierten cada artículo en una interpretación conveniente.
La consecuencia puede ser peligrosa: miedo donde debería existir prevención, confusión donde debería existir certeza y desinformación donde debería existir educación.
Por eso, el país necesita una campaña nacional seria, permanente y plural de divulgación del Código Penal. Una campaña que llegue a las escuelas, universidades, barrios, empresas, iglesias, sindicatos, medios de comunicación y comunidades de todo el territorio nacional.
No se trata de enseñar Derecho Penal a toda la población.
Se trata de algo mucho más elemental: enseñarle a la gente las reglas bajo las cuales tendrá que vivir.
El Estado no puede exigir una ciudadanía jurídicamente responsable y, al mismo tiempo, dejarla jurídicamente desinformada. El Código Penal ya está vigente. Ahora falta que el ciudadano lo conozca.
Porque cuando comiencen los primeros grandes conflictos y miles de dominicanos descubran las nuevas reglas después de enfrentarse a sus consecuencias, será demasiado tarde para explicar lo que debió enseñarse desde el principio. Una ley que el pueblo desconoce no previene el delito: prepara el terreno para el próximo problema.
El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada,alberto218@gmail.com
