Por Julio Disla
Cuando la justicia se convierte en instrumento del poder
La historia de la familia Disla no es solamente un conflicto por la propiedad de unas tierras. Es la historia de cómo el poder económico puede manipular las instituciones, distorsionar la justicia y convertir los tribunales en instrumentos para legitimar el fraude y el despojo.
En 1947, Andrés Avelino Disla Lugo adquirió unos terrenos por un valor de cinco mil pesos. Aquella compra representaba el fruto del trabajo, el esfuerzo familiar y la esperanza de construir un patrimonio para las futuras generaciones.
Sin embargo, catorce años después, comenzó una cadena de acontecimientos que terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos y controvertidos de la historia de la familia Disla.
El señor Arturo Bisonó Toribio presentó una demanda en cobro compulsivo por la suma de trescientos pesos. La Cámara Civil y Comercial del municipio de Mao rechazó la demanda por falta de pruebas.
La justicia había hablado.
Pero la historia no terminó ahí.
La guerra, el caos y una sentencia cuestionable
En medio de la inestabilidad provocada por la guerra civil de 1965, el reclamo fue reintroducido. Un juez, actuando como interino, reconoció la demanda y elevó el supuesto monto adeudado a mil pesos.
Sin embargo, la sentencia establecía una condición fundamental: el demandante debía depositar por Secretaría las pruebas que justificaran el cobro.
Las pruebas nunca fueron depositadas.
A pesar de ello, la sentencia fue utilizada para iniciar un proceso de embargo contra los bienes de Andrés Avelino Disla Lugo.
¿Cómo puede ejecutarse una sentencia cuando el propio tribunal condicionó su validez a la presentación de pruebas que jamás fueron aportadas?
¿Cómo puede embargarse una propiedad sobre la base de una deuda cuya existencia nunca fue demostrada?
Son preguntas que todavía esperan una respuesta.
El papel del Banco Agrícola
El proceso adquirió una dimensión todavía más grave cuando el Banco Agrícola presentó una oposición al embargo, debido a que existía una hipoteca de primer rango sobre los terrenos.
En términos jurídicos, aquel gravamen impedía cualquier acción que afectara la propiedad sin respetar los derechos previamente establecidos.
Sin embargo, la oposición desapareció por una componenda entre el gerente del Banco Agrícola y el señor Arturo Bisono.
El proceso continuó.
La presión del poder económico terminó imponiéndose sobre las garantías legales.
Lo que debía ser un obstáculo insuperable fue eliminado del camino.
Dos mil tareas por una deuda de mil pesos
La desproporción del caso resulta escandalosa.
Unas tierras adquiridas por cinco mil pesos y con una extensión aproximada de dos mil tareas fueron embargadas por una supuesta deuda de mil pesos.
Pero el abuso no terminó ahí.
Según los hechos denunciados por la familia Disla, Andrés Avelino Disla Lugo nunca fue notificado de la sentencia.
Tampoco fue notificado del embargo.
Mucho menos fue informado sobre la venta en pública subasta.
La adjudicación se realizó de manera clandestina.
Cuando se priva a una persona de su derecho a defenderse, a ser notificada y a participar en un proceso judicial que afecta directamente su patrimonio, no estamos ante una simple irregularidad administrativa.
Estamos ante una grave violación del debido proceso.
Los testaferros y la simulación
El fraude adquirió una dimensión aún más escandalosa cuando la familia Bisonó recurrió a terceros en la condición de testáferros para encubrir la operación.
Primero apareció José Gabriel Rodríguez.
Posteriormente, Edgar Federico Columba.
La supuesta transferencia de los terrenos se realizó mediante una venta simulada por cinco mil pesos.
¿Cinco mil pesos?
Una cifra que, por sí sola, plantea serias dudas sobre la legitimidad de la transacción.
Sin embargo, a pesar de las múltiples irregularidades reconocidas durante el proceso, los tribunales terminaron otorgando a los intermediarios la condición de compradores de buena fe.
La pregunta es inevitable:
¿Puede existir buena fe cuando una operación está precedida por una sentencia cuestionada, un embargo irregular, una subasta clandestina y una venta simulada?
La impunidad no puede convertirse en jurisprudencia
Lo más alarmante es que el propio gobierno encabezado por Joaquín Balaguer ordenó congelar la materialización del proceso, reconociendo la gravedad de la situación.
Sin embargo, seis décadas después, la familia Disla continúa esperando justicia.
Más de sesenta años de litigios.
Más de sesenta años de dolor.
Más de sesenta años enfrentando un sistema incapaz de corregir las irregularidades que acompañaron el proceso desde sus inicios.
Ninguna jurisprudencia puede justificar el fraude.
Ningún tribunal puede convertir una ilegalidad en un precedente legítimo.
Ninguna sentencia puede borrar el derecho de una familia a reclamar justicia.
La memoria como forma de resistencia
La lucha de la familia Disla trasciende el ámbito jurídico.
Es una lucha contra el abuso del poder.
Es una lucha contra la manipulación de las instituciones.
Es una lucha contra la impunidad.
Cuando el dinero tiene más peso que la ley, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
La historia demuestra que los pueblos y las familias que renuncian a la memoria terminan aceptando la injusticia como algo normal.
La familia Disla ha decidido hacer exactamente lo contrario.
Ha decidido mantener viva la verdad.
Porque los expedientes pueden desaparecer.
Las pruebas pueden ocultarse.
Los poderosos pueden influir sobre las instituciones.
Pero la memoria tiene una fuerza que ningún tribunal puede destruir.
Después de más de sesenta años, la pregunta sigue siendo la misma:
¿Quién responderá por el despojo sufrido por la familia Disla?
Hasta que esa pregunta no encuentre una respuesta, la herida permanecerá abierta y la lucha continuará.
