Profesor Valentín Ciriaco Vargas
«Gobernar no es prometer, es cumplir.» (VCV)
I. Introducción: La pérdida de control
El gobierno de Luis Abinader entró en barrena. No por una tormenta externa que nadie pudiera prever, sino por decisiones propias del piloto. La República Dominicana, con sus once millones de pasajeros a bordo, siente la caída en cada apagón que deja a oscuras su casa, en cada factura de luz que sube mientras el servicio empeora, en cada fila de un hospital donde los insumos escasean, en cada madre que llora a una hija asesinada por violencia intrafamiliar que el Estado no supo prevenir.
La metáfora aeronáutica no es retórica. Es descriptiva. Una barrena es una pérdida de control sostenida, donde la aeronave gira sobre sí misma en caída libre, y el piloto, en lugar de corregir, acelera el descenso. Así está el país, girando entre promesas incumplidas, deuda insostenible, servicios públicos en colapso, reformas paralizadas en el Congreso y una corrupción que no distingue colores partidarios. Y lo más grave, no hay señales de que quienes manejan los mandos sepan, o quieran, enderezar el rumbo.
Es difícil resolver en menos de dos años lo que no ha hecho en más de seis. El gobierno de Abinader lleva casi dos mandatos prometiendo cambio y entregando continuidad del desgaste, prometiendo transparencia y entregando escándalos de corrupción por miles de millones de pesos, prometiendo soberanía y entregando la llave de nuestros aeropuertos a potencias extranjeras, prometiendo reducir la pobreza y, según la más reciente encuesta Gallup, Diario Libre de abril, mayo de 2026, viendo cómo el 64.5% de los dominicanos desaprueba su gestión en ese rubro.
La soberanía nacional, además, ha sido vulnerada de manera grave. En noviembre de 2025, el gobierno de Abinader permitió a Estados Unidos utilizar los aeropuertos de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro para operaciones militares. En mayo de 2026 extendió ese permiso. La excusa oficial habla de «operaciones limitadas y temporales», pero la realidad es que el Comando Sur de EEUU, la Fuerza Aérea del Sur, las Fuerzas Especiales y la Cuarta Flota operan desde suelo dominicano. Cuba denunció públicamente que estos aeropuertos podrían usarse en la «operación Lanza del Sur contra Venezuela». El gobierno dominicano no solo no desmintió. Calló. Y en ese silencio está la entrega de la soberanía, nuestro territorio convertido en plataforma de agresión contra un país hermano, sin consulta al pueblo, sin debate en el Congreso, sin respeto al principio de no intervención que la Constitución consagra.
La pregunta no es si el gobierno está en crisis. La pregunta es si existe alternativa real para evitar el impacto. Y ahí entra Fuerza del Pueblo.
II. Los síntomas: tres ejes de deterioro
A. Crisis de la vida cotidiana
El dominicano promedio no lee los informes del Banco Central. Siente la economía en el bolsillo. Y el bolsillo dice que algo no anda bien. Según la encuesta Gallup de mayo 2026, el 62.9% de los encuestados califica como «mala» o «muy mala» la situación económica del país, mientras apenas el 21.6% la considera «buena» o «muy buena». En términos personales, el 43.9% dice que su situación económica es mala. Estos no son números de oposición. Son números de una población que no siente el crecimiento que el gobierno proclama.
Pero la crisis de la vida cotidiana va más allá del bolsillo. Va a los servicios que el Estado debe garantizar y que cada vez garantiza peor.
La energía es el símbolo más visible del fracaso. En febrero de 2026, República Dominicana sufrió su segundo apagón general en menos de cuatro meses. El anterior había sido en noviembre de 2025. Ese apagón de noviembre tuvo origen en la subestación de San Pedro de Macorís, donde un operador manipuló una cuchilla equivocada y dejó al país con menos del 15% de su capacidad eléctrica. La recuperación tomó casi 15 horas. Fue el más reciente de varios apagones generales que registra la historia del país desde los años 80, pero el primero en la era de Abinader que dejaba a oscuras a la mayoría de la población. El de febrero de 2026 dejó a oscuras a la capital, paralizó el Metro de Santo Domingo, apagó semáforos en Santiago, causó caos vehicular y forzó la cancelación de actividades oficiales. El gobierno del presidente Abinader había garantizado en julio de 2025 que para 2026 no habría apagones por alto consumo. La realidad lo desmintió antes de que terminara el primer trimestre. Para junio de 2026, las interrupciones eléctricas habían aumentado hasta 20 veces al mes en algunas zonas. Leonel Fernández no se equivocó cuando calificó el apagón de febrero como «un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación».
La reforma fiscal que entró en vigor el 3 de julio de 2026, la Ley 30-26, es otro golpe directo al bolsillo del ciudadano. El gobierno prometió alivio fiscal, pero lo que entregó fue más presión. La nueva ley establece una exención de ISR hasta RD40,000 mensuales, pero a partir de 2027. Mientras tanto, la canasta familiar promedio en el país es de RD49,268.36 mensuales. Es decir, la exención que el gobierno anuncia con bombos ni siquiera cubre el costo básico de sobrevivir. Para las grandes empresas, un impuesto transitorio del 30% (2026-2028) que ahoga la inversión. Para todos, una tasa de salida del país que saltó de US20 a US30, un aumento del 50%, y un nuevo impuesto del 0.20% sobre cheques y transferencias electrónicas que grava hasta el movimiento más básico del dinero. Además, una nueva contribución al GLP, el gas que usan los hogares dominicanos para cocinar, y un impuesto del 10% sobre la ganancia de capital inmobiliaria que encarece aún más la vivienda. El gobierno dice que recauda más. El ciudadano siente que le queda menos.
Los combustibles son la punta de lanza. Aunque el gobierno ha destinado subsidios millonarios, RD424.53 millones en una sola semana de julio 2026, para congelar precios, la realidad es que la gasolina Premium se cotiza en RD338.10 el galón, la Regular en RD302.50, y los gasoiles entre RD254.80 y RD290.10. Pero aquí hay un dato que el gobierno oculta, el precio internacional del petróleo ha bajado, y la gasolina premium debería venderse a RD280 el galón. La diferencia no se traduce en alivio para el consumidor. Se traduce en mayor margen para el Estado, en más deuda, en más impuestos disfrazados de subsidio.
Fuerza del Pueblo denunció esta irregularidad en julio de 2026, el gobierno mantiene precios altos a pesar de que el petróleo baja, y el dominicano paga la diferencia. El subsidio no es gratuito, se paga con deuda, con impuestos, con el futuro endeudado de los dominicanos.
La salud pública es otro frente de batalla perdido. La encuesta Gallup muestra que la sanidad es una de las áreas más divisivas, 51.8% de aprobación contra 42.3% de desaprobación. Pero esos números ocultan una realidad más cruda. El escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), donde la Operación Cobra desmanteló una red de corrupción que desfalcó al Estado con RD15,000 millones, no es un caso aislado. Es el caso de corrupción más espectacular de este gobierno. El Ministerio Público lo calificó como «la operación más grave de corrupción» presentada en sus registros. El exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, es el principal acusado. El dinero desviado estaba destinado a enfermos pobres con cáncer y diabetes. Más de RD2,000 millones en sobornos llegaron a máximas autoridades. Es el síntoma de un sistema donde los fondos que deberían ir a medicamentos y atención primaria se evaporan en manos de funcionarios corruptos. Como dijo la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, «Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salud Pública, no van, fondos que deben ir a Educación, no van, fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad».
Y la corrupción no se limita a SeNaSa. Decenas de casos campan en la impunidad, el Caso Calamar, con RD41,185 millones desviados, la Operación Antipulpo, con RD4,796 millones y Alexis Medina condenado a siete años, la Operación Medusa, con RD6,000 millones en sobornos a 41 personas y 22 empresas, el Caso Coral y Coral 5G, la Operación 13. Estos son solo los que llegaron a tribunales. Detrás de cada caso ventilado hay docenas de denuncias archivadas, investigaciones estancadas, funcionarios protegidos. Decenas de casos campan en la impunidad mientras el gobierno presume de transparencia.
La educación, aunque no aparece mal en la referida encuesta, enfrenta un deterioro estructural que las cifras de simpatía no capturan. El abandono escolar, la infraestructura en colapso y la falta de una reforma educativa con rumbo son problemas acumulados que el gobierno no ha sabido abordar con la urgencia que requiere.
B. Crisis de la seguridad y el orden
Aquí el gobierno juega con las cifras oficiales, que mejoran en papel mientras la calle empeora. Los datos oficiales muestran una reducción de homicidios, de 12.4 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 9.8 en 2024 y 8.2 en 2025. Los robos también habrían disminuido. Pero la encuesta Gallup revela una verdad que las estadísticas oficiales no pueden ocultar, el 55% de los dominicanos desaprueba la gestión del gobierno en seguridad ciudadana, frente a solo un 39% que la aprueba.
¿Por qué esta brecha? Porque la seguridad no se siente. Porque la delincuencia común, los robos, los asaltos, la extorsión, sigue siendo el pan de cada día en los barrios. Porque la violencia intrafamiliar no aparece en las estadísticas de homicidios generales pero desangra a las mujeres dominicanas, 22 feminicidios en el primer trimestre de 2026, según CEPAL, con una tasa de 1.5 por cada 100,000 mujeres. Porque el 65% de las denuncias que llegan a la Procuraduría son por violencia intrafamiliar, y el 86.5% de los casos atendidos por el Ministerio de la Mujer corresponden a este flagelo.
C. Crisis del pacto democrático
El tercer eje de deterioro es institucional. No se trata solo de violaciones constitucionales puntuales, aunque estas existen. Se trata de un desgaste más profundo, la captura de organismos autónomos, el debilitamiento de los contrapesos, la concentración de poder en el Ejecutivo.
La parálisis legislativa es el símbolo más claro de este desgaste institucional. Dos reformas clave que el gobierno prometió o necesita siguen sin concretarse. La reforma laboral, presentada con bombo como prioridad, sigue estancada en el Congreso Nacional. El plazo para su aprobación venció el 3 de julio de 2026, y el proyecto sigue en punto muerto. Mientras tanto, los trabajadores dominicanos siguen sin las protecciones que necesitan, sin la modernización que el mercado laboral exige, sin la seguridad jurídica que una economía en crecimiento debería garantizar.
Pero la parálisis no se limita a lo laboral. La reforma al Código Penal, otra promesa de campaña convertida en deuda pendiente, tampoco ha entrado en vigencia. El país sigue regido por un código obsoleto, incapaz de responder a los delitos del siglo XXI, la ciberdelincuencia, la corrupción transnacional, la violencia de género sistemática, el narcotráfico sofisticado. El gobierno no ha podido, o no ha querido, articular la mayoría legislativa necesaria para aprobar una reforma que prometió en campaña. La incapacidad no es solo técnica. Es política. Es la demostración de que el Ejecutivo no gobierna, administra, no conduce, se deja llevar.
Y a esta parálisis se suma la entrega de los aeropuertos y los espacios aéreos y marítimos. En noviembre de 2025, el gobierno autorizó operaciones militares de EEUU desde suelo dominicano. En mayo de 2026 extendió esa autorización. La soberanía no se negocia en secreto, no se presta como garaje de potencias extranjeras, no se subordina a intereses ajenos. La Constitución consagra la no intervención y el rechazo a la guerra como instrumento de política nacional. Este gobierno ha violado ambos principios.
En materia de soberanía fronteriza, el gobierno ha optado por la militarización como respuesta a la crisis haitiana. Anunció la construcción de 13.5 kilómetros de verja perimetral inteligente, la adquisición de 322 vehículos militares, drones, sistemas anti-UAV y una inversión de RD3,000 millones en infraestructura aérea. Pero la encuesta Gallup muestra que el 46.6% de los dominicanos desaprueba la gestión del gobierno en defensa de la soberanía nacional, frente a un 47.6% que la aprueba. La frontera sigue siendo un colador, el comercio informal sigue floreciendo, y la crisis haitiana no tiene solución a la vista. La soberanía no se defiende solo con armas. Se defiende con política exterior coherente, con acuerdos migratorios claros, con respeto a los tratados internacionales. Y en eso, el gobierno ha mostrado más voluntad de construir muros que de construir consensos.
III. Las causas: cómo se entró en pérdida de control
El deterioro no es accidental. Tiene causas identificables, y todas apuntan a un mismo núcleo, la distancia entre lo prometido y lo entregado.
Primera causa, la deuda pública como ancla, y su rostro externo. Entre 2020 y abril de 2026, la deuda consolidada de República Dominicana aumentó en US25,524.4 millones, unos RD1.5 billones, un incremento del 44.6%. La deuda pasó de US57,266.4 millones a US82,790.8 millones. Pero aquí hay un dato que el gobierno no celebra con la misma vehemencia, el 71% de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) es externa.
Es decir, US48,287.9 millones que dependen de la voluntad de acreedores internacionales, de las tasas de interés de la Reserva Federal, de los vaivenes del mercado global. No es deuda soberana. Es deuda sujeta. Y los pagos de intereses de esa deuda representan ya el 26.2% de los ingresos tributarios del país. Cada cuatro pesos que el Estado recauda, uno se va solo a pagar intereses a los acreedores externos. El SPNF, que representa el 80.2% de la deuda, creció un 48.8%. Como porcentaje del PIB, la deuda pasó del 36.9% en 2016 al 47.9% en 2025. En una década, el monto absoluto creció un 130%.
Y aquí está el dato más alarmante, mientras la economía creció en promedio 4.3% anual en la última década, la deuda creció a un ritmo de 9.8% anual. El país se endeuda más del doble de rápido de lo que crece. La Ley de Responsabilidad Fiscal, que debería frenar este gasto, no ha servido. En lugar de acercarse a la meta de un endeudamiento inferior al 40% del PIB en 2035, el país se ha alejado.
Segunda causa, la incapacidad de gestión. El gobierno prometió que en 2026 no habría apagones. Los hubo. Prometió reducir la pobreza. El 64.5% de los dominicanos desaprueba su gestión en ese rubro. Prometió controlar la deuda. El 55.9% desaprueba su manejo de las finanzas públicas. Prometió seguridad. El 55% desaprueba su gestión en esa área. Prometió una reforma laboral. El plazo venció el 3 de julio de 2026 y el proyecto sigue sin aprobación. Prometió una reforma al Código Penal. No ha entrado en vigencia. No se trata de malas intenciones. Se trata de una incapacidad técnica y política para traducir las promesas en resultados.
Tercera causa, la corrupción como estructura, no como excepción.
Los casos que estremecieron la justicia en 2025-2026 no son aberraciones. Son el funcionamiento normal de un sistema donde la impunidad sigue siendo la regla. Que el gobierno haya permitido que la Procuraduría investigue y arreste a corruptos es un avance. Pero que esos corruptos hayan operado durante años bajo su administración, y en algunos casos, que sus redes hayan sido heredadas de gobiernos anteriores sin ser desmanteladas, demuestra que la lucha contra la corrupción ha sido más discursiva que estructural. El Caso Calamar, con RD41,185 millones desviados. La Operación Medusa, con RD6,000 millones en sobornos. El Caso Coral 5G. La Operación 13. Y el más espectacular de todos, la Operación Cobra en SeNaSa, con RD15,000 millones robados a enfermos pobres.
Estos son solo los que llegaron a tribunales. Detrás de cada caso ventilado hay docenas de denuncias archivadas, investigaciones estancadas, funcionarios protegidos. Decenas de casos campan en la impunidad mientras el gobierno presume de transparencia.
IV. Fuerza del Pueblo, la alternativa frente al desastre
En este panorama de barrena generalizada, la pregunta obligada es, ¿hay salida? La respuesta es sí, y tiene nombre, rostro y propuestas concretas, Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo.
No se trata de capitalizar el desgaste ajeno por inercia. Se trata de ofrecer una alternativa con capacidad de gobierno probada, con un programa presentado en las elecciones del 2024 que constituye un banco de referencia para el 2028, y con un liderazgo que conoce la maquinaria del Estado desde adentro.
En energía, donde el gobierno de Abinader ha fracasado estrepitosamente, Fuerza del Pueblo propuso revisar los planes de expansión de generación eléctrica, diversificar la matriz energética con gas natural (proyecto de Manzanillo, 1,200 MW), energías renovables (3,226 MW en solar y eólica), almacenamiento con baterías de ion-litio e hidrógeno, y la implementación de microrredes eléctricas con inteligencia artificial. No era magia. Era planificación técnica que este gobierno no supo hacer.
En economía, en su programa de gobierno presentado en el 2024, Fuerza del Pueblo propuso un crecimiento sostenido del 5% anual, la reducción del desempleo abierto, la formalización del empleo para superar el 55%, y un pacto fiscal que aumente las recaudaciones en un 2% del PIB sin aumentar impuestos, combatiendo la evasión y el gasto tributario. Mientras el gobierno de Abinader endeudó al país a ritmo de 9.8% anual, Fuerza del Pueblo propuso crecer con responsabilidad fiscal.
En seguridad ciudadana, el programa de gobierno de Fuerza del Pueblo incluyó un plan integral que va más allá de las estadísticas de homicidios. Aborda la prevención, la inteligencia policial, la coordinación interinstitucional y, crucialmente, la atención a las causas estructurales de la violencia.
En soberanía, Fuerza del Pueblo propuso fortalecer la institucionalidad de la Cancillería, modernizar la diplomacia con indicadores de evaluación, y construir una política exterior que no dependa solo de muros militares sino de acuerdos, de integración regional (Caricom, CELAC), y de relaciones sólidas con actores globales como China. Una política que no entregue nuestros aeropuertos para operaciones contra países hermanos.
En educación, el partido apostó por el paradigma de la sociedad del conocimiento, STEM desde los niveles más tempranos, formación en TIC en todos los niveles educativos, becas para docentes, e incubadoras de emprendimiento digital. No era continuar con un sistema que forma obreros para el siglo XX. Era preparar dominicanos para el siglo XXI.
Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política del país. La encuesta Gallup de mayo 2026 lo confirma, Leonel Fernández mantiene un 64.9% de apoyo dentro de su partido y una imagen favorable del 52.8% entre el electorado general. Pero más allá de los números, lo que ofrece Fuerza del Pueblo es algo que el PRM ha perdido, credibilidad técnica, experiencia de gobierno, y un proyecto de país que no se reduce a la gestión del día a día.
El contraste es directo. Mientras Abinader construye verjas, Fernández propone construir soberanía diplomática. Mientras Abinader endeuda, Fernández propone crecer sin aumentar impuestos. Mientras Abinader promete y no cumple, Fuerza del Pueblo tiene un programa de gobierno presentado en el 2024 que constituye un banco de referencia para el 2028. No es idealismo. Es la diferencia entre pilotear a ciegas y pilotear con instrumentos.
¿Qué le hace falta a Fuerza del Pueblo para seguir consolidando su simpatía en el electorado?
Le hace falta lo que ya tiene y que el PRM no puede recuperar, credibilidad construida con hechos, no con promesas. Le hace falta seguir demostrando que sus propuestas no son eslóganes de campaña sino políticas públicas diseñadas con rigor técnico. Le hace falta mantener la unidad que el PLD perdió, la cohesión alrededor de un líder con trayectoria y de un proyecto con sustancia. Le hace falta seguir conectando con el 23.5% de dominicanos que no simpatiza con ningún partido, ese electorado joven e independiente que no se deja seducir con discursos vacíos. Le hace falta, en suma, seguir siendo lo que el PRM dejó de ser, una alternativa seria en un país harto de promesas incumplidas.
V. Crónica de un momento (Ficción)
Son las 10:50 de la mañana del 23 de febrero de 2026. María Elena está en la estación del Metro de Santo Domingo, camino a su trabajo en una zona franca. De repente, las luces se apagan. Los trenes se detienen. Los andenes quedan en penumbra. La gente forcejea, grita, busca salida. María Elena sale a la calle y encuentra un caos de tránsito, semáforos apagados, buses atestados, motoconchos cobrando el triple. Llega a su trabajo dos horas tarde, sudada, asustada, con el sustento del día comprometido.
Esa noche, en su casa del sector Los Mameyes, la luz no vuelve. Los vecinos queman neumáticos en protesta. María Elena enciende una vela y piensa en su hija de 14 años, que ese día no pudo ir a la escuela porque no había transporte. Piensa en la factura de luz que pagó la semana pasada, más alta que nunca. Piensa en la reforma fiscal que acaba de entrar en vigor, que le gravará sus transferencias bancarias y encarecerá el gas de su cocina. Piensa en las promesas del presidente, que en julio del año pasado juró que para 2026 no habría apagones.
Mientras tanto, en el Palacio Nacional, se cancela la rueda de prensa donde el presidente iba a anunciar la construcción de un puerto espacial en Pedernales. El comunicado habla de «falla mayor» y «protocolos de emergencia». No hay disculpa. No hay responsable. Solo otro día en la barrena.
María Elena no lee encuestas. Pero si leyera la Gallup de mayo 2026, encontraría su reflejo en el 62.9% de dominicanos que califican la economía como mala, en el 43.9% que dice que su situación personal es mala, en el 55% que desaprueba la seguridad. Ella es el pasajero sin cinturón. Y el piloto sigue sin corregir.
VI. El botón de salida, escenarios 2026-2028
Volver a la metáfora. En una barrena, hay tres posibles finales, el piloto recupera el control, el avión se estrella, o alguien más toma los mandos.
Escenario 1, continuidad del modelo PRM. Si el oficialismo mantiene el rumbo actual, el aterrizaje será forzoso. La deuda seguirá creciendo por encima del PIB, los apagones se multiplicarán, la corrupción seguirá desangrando el Estado, la reforma laboral seguirá sin aprobarse, la reforma al Código Penal seguirá sin vigencia, y la percepción ciudadana, ya mayoritariamente negativa, se convertirá en voto de castigo. El 23.5% de dominicanos que no simpatiza con ningún partido es un electorado flotante enorme, y en su mayoría joven, que no tiene fidelidad al PRM ni a nadie.
Escenario 2, alternancia con Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, con un respaldo interno del 64.9% para su líder natural y una imagen favorable del 52.8% entre el electorado general, representa la única alternativa con capacidad técnica, experiencia de gobierno y un proyecto de país articulado. El programa de gobierno presentado en el 2024, con sus propuestas concretas, constituye un banco de referencia para el 2028, energía diversificada, crecimiento fiscal responsable, educación del conocimiento, seguridad integral, soberanía diplomática. No es garantía de éxito, pero es la única propuesta que ofrece rumbo distinto al descenso.
Escenario 3, fragmentación prolongada. Si ninguna fuerza logra consolidar mayoría y el PRM mantiene el poder por división de la oposición, la crisis se cronifica. Pero esto es improbable. El electorado dominicano ha demostrado en el pasado que castiga la incompetencia. Y la incompetencia de este gobierno ya está documentada en las encuestas, en la deuda, en los apagones, en la corrupción, en la reforma fiscal que agrava en lugar de aliviar, en la reforma laboral que no llega, en la reforma al Código Penal que no entra en vigencia.
El paracaídas existe. No es perfecto, pero es real. Se llama Fuerza del Pueblo.
VII. Conclusión: Corregir el rumbo o estrellarse
La barrena no se corrige con discursos de rendición de cuentas. No se corrige con anuncios de puertos espaciales mientras el Metro se apaga. No se corrige con verjas fronterizas mientras la soberanía diplomática se debilita. Se corrige con rumbo, con capacidad, con voluntad política, tres cosas que este gobierno ha demostrado no tener.
Luis Abinader no es un mal presidente porque la oposición lo dice. Es un mal presidente porque el 64.5% desaprueba su gestión contra la pobreza, porque el 55% desaprueba su seguridad, porque el 55.9% desaprueba su manejo de la deuda, porque la deuda creció 44.6% en cinco años con el 71% atada a acreedores externos, porque los apagones se multiplican pese a las promesas, porque la corrupción desvía miles de millones que deberían ir a salud y educación, porque entregó nuestros aeropuertos para operaciones militares contra un país hermano, porque la reforma laboral sigue sin aprobarse, porque la reforma al Código Penal no ha entrado en vigencia, porque la reforma fiscal del 3 de julio de 2026 le pesa al bolsillo del que menos tiene.
La alternativa no es un sueño. Es un proyecto concreto, con un programa de gobierno presentado en el 2024 que constituye un banco de referencia para el 2028, con un líder que ha gobernado antes y que sabe que gobernar no es prometer, es cumplir. Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo representan la única salida visible de esta barrena.
O se corrige el rumbo en 2028, o el impacto será tan duro que no habrá cinturón de seguridad que salve a los pasajeros.
El tiempo se acaba.
Y el piloto sigue sin reaccionar.
Nota:
Todos los datos pueden ser verificables.
