Por Narciso Isa Conde
Esta dictadura constitucional presidida primero por Leonel Fernández y ahora por Danilo Medina – conformada para garantizar la corruptela y la impunidad de mafias políticas, militares y empresariales subordinadas a la empobrecedora estrategia neoliberal de capitalismo imperante- ha evidenciado tanto su ilegitimidad como su progresiva decadencia.
Sus ejecutorias en el plano económico, social e ideológico-cultural han provocado escandalosas desigualdades junto a una degradación dramática de las condiciones de vida, del medio ambiente y de la seguridad y existencia de la sociedad.
Igual han exacerbado la violencia machista y específicamente los feminicidios impunes, el abandono extremo de la juventud y la niñez, el deterioro de los sistemas de educación y salud, el desastre del transporte, la inseguridad ciudadana, la delincuencia en gran escala y la insostenible carga de la deuda externa e interna y déficits fiscales.
Este año nuestro país está expuesto a más inflación, devaluación y corrupción. A electricidad más cara (pacto eléctrico) y a nuevos aumentos de los combustibles; y, para colmo, al impacto desgarrador de la ampliación de un programa minero destructivo de fuentes de agua, fauna y bosques del país, que específicamente procura saquear Loma Miranda y los yacimientos de oro en San Juan de la Maguana, cordillera Central, Sierra de Yamasá y Dajabón.
En el marco de esta dictadura putrefacta ninguna reforma institucional o iniciativa judicial que afecte a sus beneficiarios tiene posibilidad de avanzar, tal y como lo puso de relieve un año de portentosas marchas y consistentes reclamos a autoridades e instituciones vigentes, y lo evidencia la cháchara en que se ha convertido el debate sobre la ley de partidos, la nueva ley electoral y otras iniciativas concernientes a la ya degradada competencia partidista.
El evidente cierre por los que detentan el poder de la vía institucional y electoral frente a los reclamos de justicia y cambios, obliga al pueblo verde a potenciar las movilizaciones masivas y sumarles paros regionales y generales, que asumiendo las demandas populares posibilite desplazar este gobierno y hacer colapsar esta intencionalidad decadente y perversa.
Esta meta política -alcanzable a la luz del descredito del Gobierno y las instituciones establecidas- debe confluir con el impulso de un proceso constituyente, que arranque de la progresiva transformación del pueblo movilizado en poder constituyente con capacidad de abrirle cauce -vía Constituyente Soberana- al propósito de cambiarlo todo: a la reconstrucción del Estado y el establecimiento de una sociedad justa y solidaria.
